(Washington, DC) – El departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detiene arbitraria e indefinidamente a refugiados por no cumplir con requisitos administrativos, afirmó Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las personas que ya han sido aceptadas como refugiadas enfrentan a menudo un requisito confuso, el de solicitar una tarjeta verde para la residencia legal permanente después de un año en Estados Unidos.
El informe de 40 páginas "Jailing Refugees: Arbitrary Detention of Refugees in the US Who Fail to Adjust to Permanent Resident Status” (Encarcelando a refugiados: Detención arbitraria de refugiados en Estados Unidos que no tramitaron el ajuste a residencia permanente), examina la detención de refugiados por no tramitar la residencia legal permanente, a pesar de que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos ya los sometieron a un proceso de investigación a fondo en el momento en que fueron reconocidos como refugiados. Aunque sólo un pequeño número de refugiados son encarcelados por este motivo, y el número parece haber disminuido bajo el gobierno de Obama, las detenciones siguen siendo selectivas y arbitrarias, y por lo tanto representan una violación del derecho internacional de derechos humanos. El informe recomienda modificar las leyes de Estados Unidos para cerrar el vacío legal que permite la detención de refugiados y darles la residencia legal permanente en Estados Unidos cuando se les concede el asilo o admite en el país en virtud de su programa de reasentamiento de refugiados extranjeros.
"El hecho de que el Gobierno de Estados Unidos traiga a refugiados perseguidos a este país y luego los encarcele un año más tarde porque no han realizado trámites de inmigración es irónico, hasta el punto de lo absurdo", dijo Bill Frelick, director de política de refugiados de Human Rights Watch . "Esta política burocrática sin sentido traumatiza innecesariamente a los refugiados y sus familias, y ni qué se diga del derroche de recursos gubernamentales que causa".
El informe se basa en entrevistas con 17 refugiados en detención inmigratoria en Arizona y Pensilvania, y con proveedores de asistencia jurídica en Arizona, Pennsylvania, Maryland, Nueva York y Washington, DC, todos los cuales trabajaron con refugiados detenidos por no cambiar su estado legal. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional informó a Human Rights Watch que la política se encuentra bajo revisión, se negó a comentar sobre las conclusiones del informe porque el tema se encuentra bajo litigio activo.
Cada año, el Gobierno de Estados Unidos envía a funcionarios al extranjero para entrevistar a miles de personas desplazadas por la persecución y el conflicto, clasifica a un selecto número como refugiados que necesitan reasentamiento, y los lleva a Estados Unidos. Después de un año en Estados Unidos, todos los refugiados reasentados deben solicitar la residencia legal permanente (RLP), más conocida como la "tarjeta verde" (green card), en un procedimiento conocido como "ajuste".
El Gobierno no les envía una notificación formal cuando la fecha se avecina, y debido al inglés limitado de los refugiados, la ignorancia acerca de este requisito, la confusión sobre el proceso legal y la falta de recursos, a menudo no tramitan esta solicitud a tiempo.
Sebastián Nyembo (un seudónimo) tenía sólo 8 años de edad cuando se trasladó de la República Democrática del Congo. No conocía este requisito. "Yo tenía ocho años", Sebastián dijo a Human Rights Watch. "Mi padre falleció. Cuando crecí me di cuenta que necesitaba [solicitar una tarjeta verde], pero yo no sabía que era obligatorio".
Cuando Human Rights Watch lo visitó en agosto de 2009, en el remoto centro de detención Eloy en el desierto de Arizona, él no había hablado con sus dos hijos, de 7 y 4 años de edad, desde su llegada al centro cuatro meses atrás. Su hijo tiene anemia de células falciformes, que requiere de atención médica costosa, pero Sebastián había podido mantener a sus hijos desde su detención. "Mi esposa, ella está pasando por una gran cantidad de cosas", dijo. "[La] casa fue embargada”.
Aunque la ley no se aplica de manera uniforme, el ICE interpreta la sección 209 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad como ordenando la detención de todos los refugiados que han estado en Estados Unidos durante 12 meses y que no hayan presentado la solicitud para ajustar su estado, hasta que hayan hecho este trámite y sus aplicaciones hayan sido adjudicadas. En Arizona, donde Human Rights Watch llevó a cabo la mayoría de sus entrevistas, los refugiados fueron detenidos a veces durante varios meses en ubicaciones remotas, en el desierto, y en algunos casos por más de un año, sin ser acusados formalmente de ningún delito legal.
La mayoría de los refugiados reasentados entrevistados por Human Rights Watch dijo que antes de su detención no sabían que estaban obligados a tramitar el ajuste de su estado legal. La mayoría creía que solicitar ajuste de estado era opcional, y no eran conscientes de las repercusiones potenciales legales de no efectuar este trámite después de un año.
"Estas personas no representan ningún peligro para sus comunidades, ni tampoco intentarían escapar", dijo Frelick. "Pero el detenerlos los separa de sus cónyuges e hijos, interrumpe su educación y les cuesta su empleo - por no mencionar el trauma nuevo para las personas con trastorno de estrés postraumático".
Estados Unidos es un Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias (artículo 9). Esta prohibición significa que una persona puede ser privada de su libertad, incluso si así lo establece la legislación nacional, sólo para cumplir un objetivo legítimo, y sólo en los casos en que sea necesario y proporcionado, como cuando las alternativas a la detención no son posibles. Un arresto o detención son arbitrarios si no se llevan a cabo de conformidad con la legislación interna, o si la ley es en sí misma arbitraria o redactada en términos extremadamente generales.
No presentar el ajuste de estado de inmigración no es un delito penal o civil. Así que a diferencia de las sentencia de una longitud específica impuestas por condenas penales, la duración de la detención de los refugiados reasentados es indefinida. Cuando las personas están detenidas por este motivo, se les mantiene así hasta que completen su aplicación y la aplicación haya sido totalmente adjudicada. Esto puede tomar de 4 a 6 meses y, en algunos casos, más de un año.
"Encarcelando a refugiados" insta al Congreso de Estados Unidos a cambiar la ley que permite en la actualidad al ICE detener a estos refugiados, y pide al Congreso conceder la residencia legal permanente a todos los refugiados reconocidos en Estados Unidos, dado que sus casos ya han sido examinadas a profundidad, como parte del proceso de asilo o reasentamiento de refugiados. Mientras tanto, también pide a ICE dejar de detener a estos refugiados y permitirles tramitar el ajuste de estado desde sus propios hogares y comunidades.
La experiencia de ser detenido, a menudo sin entender por qué o cómo salir de la detención, puede causar una gran ansiedad y depresión. Sebastián Nyembo dijo a Human Rights Watch "Soy una buena persona, una persona de buen corazón, pero voy a rendirme. Ya no tengo fuerzas".
Algunos podrían argumentar que la ley actual debe permanecer sin cambios, ya que brinda a las autoridades de inmigración estadounidenses la oportunidad de examinar a los refugiados después de un año para ver si deberían ser expulsados a causa de una conducta criminal. La recomendación fundamental "Encarcelando a refugiados" de que los refugiados sean admitidos con estado de residentes permanentes seguiría permitiendo a las autoridades de inmigración estadounidenses poner a criminales en el camino a la deportación. "Según la legislación vigente, las autoridades de inmigración de Estados Unidos tienen razones más que suficientes para iniciar procedimientos de deportación en contra de residentes permanentes legales convictos de delitos y para detenerlos durante los procedimientos", dijo Frelick.
