Ciudadanos uruguayos votan durante las elecciones nacionales en Montevideo el 25 de octubre de 2009.

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(Washington, DC) - El rechazo de los votantes uruguayos de una iniciativa para anular la ley de caducidad del país podría frustrar los esfuerzos para promover justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar de Uruguay (1973-1985), a pesar de las recientes e importantes sentencias que permiten establecer responsabilidades por ese período, señaló hoy Human Rights Watch.

"Aplaudimos las recientes sentencias judiciales, que constituyen enormes avances para la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante ese oscuro período de la historia uruguaya, e instamos al poder judicial a que continúe por este camino", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

El 19 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay decretó la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986, que permite excluir al personal policial y militar de los procesos penales por crímenes cometidos durante la dictadura. No obstante, la decisión de la Suprema Corte sólo es aplicable al caso bajo estudio, que trata sobre la muerte de una mujer en instalaciones militares en 1974. 

Dado que la ley de caducidad faculta al poder ejecutivo a decidir en qué casos debe aplicarse, los tribunales están actualmente investigando y enjuiciando a autoridades a quienes el gobierno de Tabaré Vázquez, presidente durante los últimos cinco años, decidió que no se les aplicaría la ley. El 22 de octubre, un tribunal condenó al ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez a 25 años de prisión por la muerte de 37 personas "desaparecidas" durante la dictadura, y condenó a un marino a 20 años de prisión por el asesinato de 29 personas en circunstancias similares.

En la votación del 25 de octubre, que incluyó una elección presidencial, casi el 53 por ciento de los uruguayos rechazó la propuesta de reforma de la Constitución para revisar la legislación sobre amnistía. Esta reforma habría permitido declarar la nulidad e inexistencia de esta ley para el orden jurídico uruguayo, dejando actuar libremente al poder judicial y reabrir todos los casos de supuestos abusos cometidos durante la dictadura.

Sin esta reforma, los tribunales tendrán que decidir caso por caso y no podrían reabrir varios casos en los cuales la Suprema Corte ya ha dictaminado la constitucionalidad de la ley de caducidad.

"Los resultados del plebiscito son decepcionantes, pero no nos olvidemos que la rendición de cuentas no está sujeta a un concurso de popularidad que depende de la decisión de una mayoría", señaló Vivanco. "Uruguay tiene la obligación legal internacional de investigar, perseguir y juzgar a los responsables de crímenes atroces, y los tribunales deben continuar enjuiciando los casos pertinentes", agregó.

De acuerdo con el derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de proveer un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo cual incluye justicia, verdad y reparaciones adecuadas. Organismos internacionales de derechos humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que la ley de caducidad uruguaya es incompatible con dicha obligación.