(Washington, DC) - El informe del Departamento de Estado sobre los requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida no demuestra que México haya cumplido con los estándares que justificarían la entrega de fondos condicionados, señaló Human Rights Watch hoy en un memorando dirigido al Senador Patrick Leahy. Como Presidente de la Subcomisión de Estado y Operaciones Extranjeras del Senado estadounidense, Leahy ha expresado su preocupación por la impunidad militar en México.
El Congreso estadounidense ha aprobado la entrega de US$1.120 mil millones a México en el marco de la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia regional de varios años que busca hacer frente a la creciente violencia y corrupción de poderosos carteles de narcotraficantes. El paquete, negociado y aceptado por el Gobierno de México, dispone que el 15 por ciento de la mayoría de estos fondos debe ser retenido hasta que el Departamento de Estado informe que México ha cumplido con cuatro requisitos en materia de derechos humanos. Uno de esos requisitos es que los abusos militares sean investigados y juzgados por autoridades civiles, y no por las militares.
"[E]l informe del Departamento de Estado no demuestra que México esté cumpliendo con el requisito de asegurar que ‘las autoridades civiles están investigando y juzgando los abusos militares, de conformidad con el derecho mexicano e internacional'", expresó en el memorando José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "[N]o existe justificación suficiente para entregar los fondos de la Iniciativa Mérida sujetos a requisitos de derechos humanos".
El memorando señala que el informe del Departamento de Estado:
- Describe algunas medidas del Gobierno de Felipe Calderón que pretenden cumplir con el requisito de investigar y juzgar los abusos del Ejército, pero en la práctica no sirven para asegurar que se haga justicia cuando se cometen abusos militares;
- Reconoce graves fallas estructurales en el sistema de justicia militar, como su falta de transparencia, que impiden argumentar que este sistema de justicia pueda procesar y juzgar de manera efectiva los abusos cometidos por el Ejército; y
- No incluye información clave que resulta esencial para determinar si México cumple efectivamente con los requisitos. Por ejemplo, el informe hace referencia a 12 condenas dictadas por los tribunales militares, pero omite mencionar que cuatro soldados fueron acusados de cometer delitos que no constituirían violaciones de derechos humanos y que, de acuerdo con los números de los expedientes, ocho de los casos serían de los ‘90.
No obstante, sobre la base del informe del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense ha aprobado la entrega de los primeros fondos sujetos a los requisitos de derechos humanos. El Departamento de Estado debe presentar antes de fin de año un nuevo informe sobre México para que puedan entregarse los restantes fondos que están sujetos a estos requisitos.
