Residentes civiles de El Wak que resultaron heridos durante una operación brutal de la policía y fuerzas militares en octubre de 2008 se congregan en el hospital local en busca de tratamiento. Durante esa operación las fuerzas de seguridad agruparon y golpearon o torturaron a cientos de civiles en El Wak y otras comunidades locales.

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(Nairobi) – Las fuerzas de seguridad de Kenia golpearon y torturaron a cientos de civiles en varias comunidades en octubre de 2008 durante una operación de desarme en los distritos de Mandera, al noreste de Kenia, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Human Rights Watch pidió a los dirigentes de Kenia establecer sin demora una investigación independiente para investigar y enjuiciar a los responsables.

El informe de 51 páginas “‘Bring the Gun or You'll Die’: Torture, Rape, and Other Serious Human Rights Violations by Kenyan Security Forces in the Mandera Triangle" (Entrega el arma o morirás: Tortura, violación, y otras graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Kenia en el Triángulo de Mandera), documenta los abusos salvajes cometidos durante la operación y proporciona una descripción detallada de los eventos en cuatro de las diez comunidades en que ocurrieron. Las pruebas recogidas por Human Rights Watch a lo largo de las 10 comunidades indican que las fuerzas de seguridad torturaron a decenas de hombres, hirieron al menos 1,200 personas, entre ellas un hombre que murió a causa de sus heridas, y violaron al menos una docena de mujeres en el transcurso de los tres días que duró la operación. Human Rights Watch dijo que esto es parte de un patrón más amplio de abusos similares llevados a cabo por las fuerzas de seguridad.

"En lugar de proteger a los residentes de Mandera, el Ejército y la Policía los golpearon y torturaron sistemáticamente", señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "A menos que el comportamiento de las fuerzas de seguridad cambie, y los autores rindan cuentas, sobre todo los comandantes, todo discurso del Gobierno sobre reforma policial carecerá de sentido".

La operación de seguridad creada por una fuerza conjunta de personal militar y policial, supuestamente para desarmar a las milicias locales, se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre de 2008, en las ciudades y aldeas del los distritos oriental y central de Mandera. La operación siguió a los enfrentamientos sangrientos entre los clanes locales de Garre y Murulle, que habían matado a 21 personas durante los meses de julio y agosto.

En febrero de 2009, los investigadores de Human Rights Watch visitaron cinco de las ciudades, documentaron testimonios coherentes de más de 90 víctimas acerca de cómo las fuerzas de seguridad entraron temprano en la mañana, rodearon a todos los hombres que pudieron encontrar, y los golpearon durante horas para tratar de extraer información sobre el paradero de las armas de fuego y las milicias.

Otros agentes de seguridad fueron casa por casa en busca de armas de fuego. En varias comunidades estas búsquedas se convirtieron en saqueos generalizados, y las mujeres de dos localidades dijeron a Human Rights Watch que los miembros de las fuerzas de seguridad las violaron después de encontrarlas en su hogar mientras sus maridos eran golpeados.

En muchos casos, las golpizas fueron tan severas y prolongadas que llegaron al nivel de tortura. Cientos de hombres fueron obligados a acostarse en el suelo durante horas y fueron golpeados con culatas de rifles, palos, bastones y barras de hierro. Miembros de las fuerzas de seguridad torturaron a algunos hombres retorciendo, aplastando, o desgarrando sus testículos, en varios casos causándoles daño duradero.

En algunas comunidades, la operación terminó cuando los ancianos locales suplicaron a los comandantes del Ejército y la Policía que se detuvieran a cambio de promesas que encontrar y entregar las armas. Algunas de estas armas fueron recuperadas entre los miembros de la comunidad o milicias locales, pero otras fueron compradas a traficantes de armas en Somalia con dinero recaudado entre la comunidad e inmediatamente entregadas a las fuerzas de seguridad de Kenia.

En la semana siguiente a la operación, la Cruz Roja de Kenia trató a más de 1,200 civiles que dijeron haber sido heridos por las fuerzas de seguridad. Cientos de hombres buscaron tratamiento médico en el hospital de El Wak, una gran ciudad que fue de las más afectadas por la operación. Clínicas locales en Wargadud, Lafey, y otras ciudades trataron a decenas de otras víctimas de lesiones, incluyendo extremidades rotas, genitales mutilados, y dificultad para respirar u orinar. La mayoría de las víctimas de violación entrevistadas por Human Rights Watch huyeron del área y no buscaron tratamiento inmediato, aunque la Cruz Roja de Kenia trasladó en avión a Nairobi a una víctima de violación en estado crítico.

En tres comunidades, testigos dijeron que los altos funcionarios civiles, así como los comandantes militares y policiales estuvieron presentes durante las palizas y la tortura, supervisando la operación y dando órdenes.

"Esto no es una cuestión de unas pocas manzanas desobedeciendo órdenes", dijo Roth. "Esta operación fue el resultado de una estrategia diseñada por los altos funcionarios para utilizar la fuerza brutal en contra los ciudadanos de Kenia."

La operación Mandera no es el primer operativo policíaco, u operativo conjunto policíaco-militar dirigido violentamente hacia los civiles. Durante una operación de contrainsurgencia en el Monte Elgon en marzo de 2008, la Policía y el personal militar detuvieron arbitrariamente a más de 4,000 personas y torturaron sistemáticamente a cientos - 100 hombres siguen desaparecidos. Hubo acusaciones de abusos similares en febrero de 2009 durante las operaciones contra los abigeos en Kuria y en marzo en Samburu que requieren investigación adicional.

Durante las últimas décadas, la policía de Kenia ha acumulado un triste récord de tortura, ejecuciones extrajudiciales, y otras violaciones de los derechos humanos. La Comisión Waki, formada para investigar la violencia que siguió a las polémicas elecciones de diciembre 2007, concluyó que la Policía fue responsable de la muerte de 405 personas - entre ellos 50 manifestantes en Kisumu, la mayoría de quienes fueron disparados desde atrás - cuando utilizó municiones de guerra para sofocar las protestas y disturbios en la calle.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, visitó Kenia en febrero y encontró que la Policía “mata a menudo y con impunidad". Ambos informes formularon amplias recomendaciones para la reforma de la Policía y la rendición de cuentas, incluyendo la sustitución del Comisario de Policía y el Fiscal General. El Relator Especial también pidió la destitución del Comisionado de Policía y el Fiscal General sobre la base de que ambos funcionarios son directamente responsables del clima de impunidad que rodea a estos graves abusos.

En mayo, el presidente Mwai Kibaki anunció un grupo de trabajo nacional para avanzar rápidamente con las reformas de la Policía, y el Gobierno convino con la necesidad de esas reformas en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Human Rights Watch pidió a Kibaki hacer una prioridad urgente el llevar a cabo las recomendaciones de la Comisión Waki y del Relator Especial de Naciones Unidas, y enjuiciar a los comandantes policiales y militares responsables de graves crímenes en Mandera, Monte Elgon y otros lugares.

"Kenia tiene que dejar absolutamente claro a las fuerzas de seguridad que serán hechas responsables de graves abusos", dijo Roth. "La forma correcta de comenzar es realizando investigaciones independientes sobre estas operaciones brutales en Mandera y otros lugares, y destituir al Comisario de Policía y al Fiscal General."