Estructuras temporales construidas por las personas internamente desplazadas de reciente arribo en el área de Goz Beida del este de Chad en 2007.

© 2007 Paolo Pellegrin/Magnum

(Nueva York) - Miembros de grupos armados paramilitares representan una grave amenaza para los civiles que huyeron de la violencia y la inseguridad y ahora regresan a sus aldeas, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las personas que han regresado a sus regiones de origen han sido asesinadas, reclutadas por la fuerza en los grupos paramilitares, y amenazadas de muerte por hombres armados que, en muchos casos, han incautado de sus tierras.

El informe de 47 páginas, "The Risk of Return: Repatriating the Displaced in the Context of Conflict in Eastern Chad"(El riesgo de retornar: La repatriación de los desplazados en el contexto de los conflictos en el Chad oriental) documenta los abusos contra las personas que han estado regresando a sus aldeas de los campamentos para personas desplazadas en el sudeste de Chad. El Gobierno chadiano debe trabajar para mejorar la seguridad en las zonas rurales, donde muchos de los desplazados están regresando. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas deben asegurarse de que continúe la ayuda alimentaria para las personas desplazadas que viven en campamentos a fin de que no estén obligadas a cultivar cosechas en zonas inseguras, dice el informe.

"Las personas desplazadas que regresan a sus aldeas de origen se enfrentan a amenazas, intimidación y violencia física a manos de los grupos armados", dijo Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. "El Gobierno chadiano, la ONU y las organizaciones humanitarias deberían garantizar la asistencia para apoyar el regreso de los desplazados en condiciones de seguridad y dignidad".

La operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el Chad oriental, conocida como MINURCAT, ha seleccionado el regreso de una "masa crítica" de personas desplazadas internas a sus aldeas de origen como un criterio para medir el éxito de la misión. Sin embargo, el ejército del Gobierno, la policía y los gendarmes son raramente encontrados en cualquier lugar del este, excepto en las ciudades grandes y bien defendidas. Eso deja a los repatriados con poca protección contra los grupos armados que abarcan desde facciones rebeldes chadianas hasta las bandas criminales poco organizadas. Muchos de los que trataron de regresar dijeron a Human Rights Watch que hombres armados se habían apoderado de sus bienes y amenazaron con matarlos si no regresaban a los campamentos.

La fuerza de mantenimiento de la paz - por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a los civiles en el Chad oriental, en particular los que regresan y los que aún siguen desplazados - puede haber disuadido la reanudación de la violencia organizada contra los civiles, pero ha sido incapaz de llenar el vacío de seguridad dejado por la falta de funcionamiento de un aparato de seguridad del Estado. "El riesgo de retorno" describe pasos que el Gobierno chadiano, las Naciones Unidas y los gobiernos donantes pueden adoptar para garantizar que las personas que deciden volver a sus pueblos puedan regresar voluntariamente en condiciones de seguridad y con dignidad, y que la asistencia humanitaria continúe para los que siguen en los campamentos u otros lugares a donde han huido.

Muchas de las personas entrevistadas dijeron a Human Rights Watch que la falta de raciones de alimentos y la incapacidad de encontrar tierras de cultivo cerca de los campamentos los obligaron a aventurarse de nuevo en las zonas agrícolas remotas, donde la inseguridad y el bandidaje hacen imposible el funcionamiento de la mayoría de los organismos humanitarios. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) canceló su ayuda alimentaria para las personas internamente desplazadas en 2008, pero comenzó a facilitar una cantidad limitada de raciones de nuevo en abril de 2009 a raíz de una evaluación de emergencia de la seguridad alimentaria. Pero los que permanecen en los campamentos afirman que la renovación de la asistencia no es suficiente para alimentar a sus familias, por lo que se ven obligados a encontrar otras fuentes de alimentos.

Human Rights Watch pidió tomar medidas, escalonadas y deliberadas, para regresar a los desplazados a los pueblos que pueden apoyar los retornos espontáneos, y garantizar ayuda para las personas que permanecen en sus sitios de desplazamiento o que se trasladan a zonas más seguras del país. También han surgido tensiones entre las personas que regresan y las comunidades que no fueron desplazadas sobre diferencias en el acceso a la ayuda humanitaria, que en general favorece a aquellas que fueron desplazadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asistencia Humanitaria (OCHA) debería revisar los programas de asistencia humanitaria para garantizar que beneficien a los civiles más necesitados de la ayuda alimentaria y atención de la salud.

"El riesgo de retorno" reconoce que la protección y asistencia de los desplazados internos es la responsabilidad primordial del Gobierno. Human Rights Watch pidió al Gobierno chadiano a que haga rendir cuentas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil - incluidos los repatriados-.

"El gobierno del Chad, con el apoyo de las Naciones Unidas, necesita fortalecer la débil presencia de la policía en el este del Chad, especialmente en las zonas donde las personas están regresando", dijo Gagnon. "Los desplazados internos chadianos tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y eso incluye protegerlos de los bandidos y los grupos paramilitares que controlan las zonas rurales en el este del Chad".

Antecedentes

Los ataques generalizados de las milicias en el este del Chad, que comenzaron a finales de 2005 dejaron cientos de civiles muertos y empujó a al menos 180,000 a los campamentos de desplazados internos, principalmente en el sureste de la frontera de Dar Sila. Se estima que 27,000 de estas personas regresaron a sus aldeas en el este del Chad en 2008, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asistencia Humanitaria (OCHA).

En respuesta a la violencia de las milicias contra la población civil en el este del Chad, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) en septiembre de 2007. Una fuerza de la Unión Europea conocida como la EUFOR, desplegó 3,300 soldados a la región oriental del Chad por un período de un año que termina en marzo de 2009. En enero de 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU sustituyó a la EUFOR con las tropas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, y estableció una serie de medidas para evaluar el éxito de la misión, que incluye el regreso de personas desplazadas internamente a sus áreas de origen.