(Nueva York) - Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben ejercer presión para la entrega y el juicio del presidente de Sudán Omar al-Bashir y otras personas sobre las que pesan órdenes de arresto por los graves crímenes cometidos en Darfur, señaló hoy Human Rights Watch. El 5 de junio de 2009, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) comparecerá ante el Consejo de Seguridad, que ordenó a la CPI que investigara los crímenes cometidos en Darfur, para informar sobre su investigación y la falta de cooperación del Gobierno sudanés.
El 4 de marzo, los magistrados de la CPI dictaron una orden de arresto contra el presidente al-Bashir por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra relacionados con la abusiva campaña contrainsurgente sudanesa en Darfur. Aunque Sudán no forma parte de la CPI, tiene la obligación de colaborar con la Corte, de acuerdo con la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad, por la que se remitió el caso de Darfur a la CPI.
"El presidente al-Bashir está acusado de orquestar crímenes terribles en Darfur, que incluyen los asesinatos y las violaciones generalizadas", señaló Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. "Después de pedirle a la CPI que investigue los crímenes cometidos en Darfur, los miembros del Consejo de Seguridad tienen la obligación frente a las víctimas de presionar para la entrega de las personas buscadas para su arresto, entre ellas el presidente Omar al-Bashir", agregó.
En su informe de junio, el Fiscal concluye que Sudán no ha cooperado con la Corte. El Gobierno sudanés reaccionó a la orden de arresto contra al-Bashir con la expulsión de 13 agencias de asistencia internacional y el cierre de tres organizaciones nacionales de ayuda que prestaban asistencia vital a más de un millón de personas en todo el país.
Algunos funcionarios africanos han afirmado que la CPI persigue injustamente a los africanos, señalando que las primeras situaciones investigadas por la Corte han ocurrido en África. Sin embargo, tres de estas cuatro situaciones fueron remitidas voluntariamente a la Corte por los países en los que se cometieron los crímenes: Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana. El cuarto caso, Darfur, fue remitido a la Corte por el Consejo de Seguridad de la ONU.
En las declaraciones firmadas el mes pasado en las conferencias de Banjul y Ciudad del Cabo, grupos de la sociedad civil y líderes africanos expresaron su firme respaldo para que la CPI imparta justicia cuando los tribunales nacionales no puedan o no quieran procesar los casos.
"A pesar de la hostilidad con la CPI de algunos líderes africanos, quienes parecen temer el rendimiento de cuentas, la Corte tiene un amplio respaldo en África", señaló Dicker. "Las voces que intentan desacreditar a la CPI no van a socavar el apoyo a la Corte de los defensores de los derechos humanos y las víctimas de toda África", agregó.
Algunos funcionarios africanos también han criticado a la Corte por no investigar situaciones fuera de África. Las decisiones sobre las investigaciones de la Corte están basadas en diversos factores, que incluyen considerar si tiene jurisdicción sobre el caso. Algunos de los crímenes más terribles ocurridos desde 2002 en todo el mundo se han cometido en países que no son miembros de la Corte y, por lo tanto, están fuera de su competencia.
El hecho de que todavía no se pueda garantizar la justicia para todos no debe negar la justicia internacional a las víctimas africanas, siempre que pueda impartirse y a pesar de sus limitaciones, señaló Human Rights Watch. Por el contrario, se debe extender el alcance del rendimiento de cuentas a todos los países en los que se cometan crímenes internacionales graves. Esto se puede lograr en parte mediante iniciativas para expandir la participación en la CPI.
Antecedentes
El 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación en Darfur al Fiscal de la CPI. La resolución exige al Gobierno de Sudán y a todas las partes en conflicto que cooperen plenamente con la Corte y el Fiscal. Además del presidente Omar al-Bashir, la Corte ha dictado órdenes de arresto contra Ahmed Haroun, entonces ministro para Asuntos Humanitarios (que se ha convertido en gobernador de Kordofán del Sur), y Ali Kosheib, líder de la milicia "Janjawid." Sudán se niega a entregar a cualquiera de los sospechosos.
El 17 de mayo de 2009, la CPI acusó al líder rebelde, Bahar Idriss Abu Garda, de crímenes de guerra por un ataque contra una base de la Unión Africana en Haskanita, Sur de Darfur, que el 30 de septiembre de 2007 acabó con la vida de 12 miembros de las tropas de pacificación y de la policía civil de la Misión de la Unión Africana en Sudán. En noviembre de 2008, el Fiscal de la CPI solicitó a los magistrados que dictaran órdenes de arresto contra tres líderes rebeldes, entre ellos Abu Garda, implicados en el ataque de Haskanita. Los magistrados están examinando todavía los alegatos sobre los otros dos rebeldes, cuyos nombres aún no se han hecho públicos. El 18 de mayo, Abu Garda compareció voluntariamente por primera vez ante la Corte.
