Cuando William Lee Thompson cometió el asesinato que lo llevó al pabellón de la muerte en Florida, Gerald Ford era el presidente de Estados Unidos. Thompson ha estado encarcelado ya por casi 33 años, la mayor parte del tiempo bajo la sentencia de pena de muerte. Él ha pasado gran parte de ese tiempo en aislamiento durante 23 horas al día, en una celda de 6 x 9 pies. Las órdenes de su pena de muerte fueron firmadas dos veces y solamente permanecieron por poco tiempo antes de que fuera ejecutado.
Esta semana, la Suprema Corte se negó a escuchar la denuncia de Thompson de que su ejecución después de haber permanecido por más de 30 años en el pabellón de la muerte violaría la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda. Normalmente, cuando la Corte se niega a escuchar un caso, lo hace sin comentarios, pero este caso provocó un animado debate.
El juez Clarence Thomas ridiculizó la idea de que un prisionero que cuestiona su sentencia de muerte pueda quejarse de la cantidad de tiempo que ha pasado en el pabellón de la muerte. Sin embargo, los jueces Stephen Breyer y John Paul Stevens, tomaron la denuncia de Thompson mucho más en serio. Breyer señaló que la demora no fue del todo culpa de Thompson. En su juicio, el juez había excluido determinadas pruebas atenuantes, lo cual la Corte Suprema dictaminó posteriormente inconstitucional, resultando en una nueva audiencia de sentencia 13 años después del crimen. Stevens señaló los "efectos deshumanizantes" de las condiciones en las que Thompson ha estado confinado por más de la mitad de su vida y sostuvo que esa demora prolongada disminuye cualquier posible beneficio que la sociedad pueda recibir de la ejecución de una sentencia de muerte.
Mientras que los Jueces Breyer y Stevens son minoría en la Suprema Corte de Estados Unidos, otras cortes han reconocido que los largos períodos de detención bajo pena de muerte pueden ser inaceptablemente crueles. En 1989, Estados Unidos pidió al Reino Unido la extradición de Jens Soering, un alemán occidental que enfrentaba cargos de homicidio y una posible pena de muerte en el estado de Virginia. El Reino Unido aprobó la extradición, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos bloqueo la extradición.
Tomando en cuenta que el prisionero condenado promedio en Virginia pasa de seis a ocho años en el pabellón de la muerte en "situaciones extremas", la Corte dictaminó que la extradición de Soering a Virginia violaría la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos o castigos inhumanos o degradantes. (Después de que las autoridades de Virginia acordaron no buscar la pena de muerte, Soering fue extraditado y condenado por asesinato, y recibió dos sentencias de cadena perpetua).
De manera similar, en 1993, el Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido - en ese entonces la última instancia de apelación para algunas naciones del Caribe - consideró el caso de Earl Pratt e Iván Morgan, que habían estado bajo sentencia de muerte en Jamaica por 14 años. El Comité llegó a la conclusión de que el confinamiento en el pabellón de la muerte por más de cinco años constituía presuntamente "castigos inhumanos o degradantes u otros tratos" prohibidos por la Constitución de Jamaica.
Estas decisiones son coherentes con la psicología y con el sentido común. Como dijo el Comité Judicial en el caso Pratt y Morgan, "La declaración de estos hechos es suficiente para llamar la atención de cualquier persona de sensibilidad y compasión normal sobre la agonía mental que estos hombres han sufrido, ya que han alternado entre esperanza y desesperación en los 14 años que han estado en la cárcel esperando la horca".
Incluso sin la amenaza de la inminente ejecución, es bien sabido que el confinamiento solitario prolongado puede infligir un gran sufrimiento y, de hecho, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la ha identificado como una de las técnicas de "tortura física y mental" que han sido utilizadas por los gobiernos para forzar confesiones.
El sufrimiento puede ser particularmente insoportable para muchos de los prisioneros que sufren de algún daño, enfermedad o retraso mental. Un juez federal escribió que, el poner a tales prisioneros en confinamiento solitario “es el equivalente mental de poner a un asmático en un lugar con poco aire para respirar”. “Thompson muestra señales de daño cerebral, y durante su niñez obtuvo constantemente calificaciones entre los 70 puntos en las pruebas de CI.
Hoy, en Estados Unidos, el prisionero condenado promedio espera su ejecución por casi 13 años – mucho más que las demoras en los casos de Soering y Pratt y Morgan, que fueron consideradas intolerablemente crueles. Algunos podrían argumentar que la solución es reducir la revisión de apelación de las condenas a muerte, pero ese remedio podría ser peor que la enfermedad. Más del 30 por ciento de las sentencias de muerte impuestas entre 1973 y 2000 han sido revocadas, y 130 personas han sido liberadas del pabellón de la muerte después de que se comprobó que eran inocentes de los delitos por los que habían sido condenados a morir. El recorte en la revisión judicial incrementaría el riesgo de ejecutar a una persona inocente - un riesgo que ninguna sociedad civilizada debería tolerar.
El juez Stevens ha servido en la Corte Suprema desde 1975 – es decir, durante la totalidad de la era moderna de la pena de muerte en los Estados Unidos, durante la cual más de 1,150 personas han sido condenadas a muerte y ejecutadas. Desde ese punto de vista obtiene su perspectiva, como escribió esta semana, "la inhumanidad e inviabilidad fundamental de la pena de muerte tal como es gestionada en los Estados Unidos”. El caso de Thompson, como muchos otros casos, muestra cuánta razón tiene al respecto.
