(Nueva York) Las autoridades del estado de Guanajuato, México, deben poner fin a la práctica ilegal de impedir que las víctimas de violación interrumpan embarazos indeseados, así como abstenerse de detener y procesar a las mujeres que solicitan atención médica, señalaron hoy Human Rights Watch y el Centro Las Libres en cartas dirigidas al gobierno estatal.

Ambos grupos hacen notar que en el fallo publicado en línea el 2 de marzo de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México ratificó la constitucionalidad de la Ley de Salud del Distrito Federal que permite el aborto, señalando que dicha ley refrenda los derechos de la mujer. Guanajuato debe seguir el ejemplo y flexibilizar sus propias leyes de aborto, agregan ambas entidades. Las cartas fueron dirigidas a las autoridades de los ámbitos ejecutivo, legal, judicial y de salud del Estado y a la Procuraduría de Derechos Humanos.

"El Gobierno de Guanajuato ha demostrado reiteradamente una cruel indiferencia ante las necesidades de las víctimas de violación, quienes sin embargo tienen la ley de su lado" expresó Angela Heimburger, investigadora para las Américas de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. "Y por si ello fuera poco, se arresta y trata como a delincuentes a decenas de otras mujeres que intentan obtener atención médica legal y segura para resolver una grave crisis personal."

Aunque en Guanajuato se permite el aborto legal únicamente en casos de violación, durante los últimos ocho años el estado ha denegado todas y cada una de las solicitudes de aborto efectuadas por mujeres violadas. Más aún, durante el mismo período se ha condenado a 130 personas bajo cargos de aborto y se ha hecho común que los hospitales denuncien a la policía a las mujeres sospechosas de haberse realizado un aborto, en lugar de dedicar sus esfuerzos a atender en condiciones de reserva y seguridad a las mujeres que presentan complicaciones post-aborto.

Los legisladores estatales de Guanajuato han debatido por años la posibilidad de endurecer aún más la ley, a pesar de la abrumadora evidencia que demuestra que la penalización del aborto no sólo no reduce su incidencia, sino que aumenta los riesgos del procedimiento médico.

Las restrictivas leyes del estado de Guanajuato contrastan con los avances producidos en otros puntos del país. En Ciudad de México, a seis horas en camión de la capital de Guanajuato, las jóvenes y mujeres gozan del derecho legal a recibir un aborto seguro y gratuito durante el primer trimestre de embarazo, cualesquiera que sean las circunstancias. Las autoridades de salud del Distrito Federal señalan que cada mes cerca de 1,000 jóvenes y mujeres recurren a estos servicios médicos.

"La Secretaría de Salud de Guanajuato debe garantizar que el personal médico bajo su responsabilidad se capacite en el respeto por los derechos humanos de las mujeres y que se impidan abusos que atenten contra su bienestar, tales como denunciarlas a la policía," expresó Verónica Cruz, cofundadora del Centro Las Libres de Guanajuato. "Asimismo, los legisladores estatales deben reformar el Código de Procedimiento Penal a fin de garantizar que las víctimas de violación accedan a servicios de aborto seguros y legales."

En las conclusiones a su sentencia del 2 de marzo sobre la Ley de Salud del Distrito Federal, la Suprema Corte expresó que dicha ley resulta "idónea para salvaguardar los derechos de la mujer, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su vida ."

En honor a los argumentos de la Suprema Corte y de las obligaciones del país hacia la mujer en el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados de la Unión deberían compatibilizar sus respectivas leyes de aborto con las normas internacionales de derechos humanos, señalan ambas organizaciones en sus cartas.

"Guanajuato haría bien en seguir el ejemplo del Distrito Federal, mejorando la información y atención que se brinda en el sistema público y despenalizando el aborto en general," señaló Heimburger. "La penalización del aborto atenta contra la dignidad, intimidad y salud de la mujer y constituye una flagrante violación del derecho a la no discriminación."