(Johannesburgo) - La Unión Africana debe ejercer una presión política concertada sobre Robert Mugabe para poner fin a la larga crisis política de Zimbabue, que ha llevado al interminable deterioro de la situación humanitaria y regional, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La Unión Africana va a celebrara una cumbre en Addis Ababa del 26 de enero al 3 de febrero de 2009.

En el informe de 33 páginas, "Crisis without Limits: Human Rights and Humanitarian Consequences of Political Repression in Zimbabwe" (Crisis sin límites: Consecuencias de derechos humanos y humanitarias de la represión política en Zimbabue) se explica la responsabilidad del gobierno zimbabuense por la crisis humanitaria en el país. Una epidemia de cólera ha acabado con la vida de 2,000 ciudadanos y ha enfermado a 39,000 personas. Más de cinco millones de zimbabuenses se enfrentan a graves carencias de alimentos y dependen de la ayuda internacional. Las reiteradas injerencias políticas del partido gobernante, Unión - Frente Patriótico Nacional Africano de Zimbabue (Zimbabwe African National Union - Patriotic Front, ZANU-PF) en la labor de las agencias humanitarias ha obstaculizado seriamente las iniciativas internacionales para frenar las múltiples crisis que azotan al país.

"Robert Mugabe y su partido ZANU-PF han demostrado un escaso respeto por el bienestar de los zimbabuenses", señaló Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. "Hace mucho tiempo que la Unión Africana debía haber actuado para ayudar a poner fin a este sufrimiento masivo", agregó.

El Acuerdo Político Global firmado entre ZANU-PF y el Movimiento para el Cambio Democrático (Movement for Democratic Change, MDC), el partido de la oposición que ganó las elecciones parlamentarias del país, se ha colapsado sin producir un gobierno creíble de unidad nacional ni poner fin a los abusos generalizados del ZANU-PF. Este último partido ha incumplido repetidamente las condiciones del acuerdo que comprometía a ambas partes a demostrar respeto por los valores democráticos y los derechos humanos. Las violaciones del ZANU-PF de los derechos humanos fundamentales y de varias políticas oficiales han empeorado la crisis humanitaria del país.

El informe está basado en la investigación realizada por Human Rights Watch en seis de las diez provincias de Zimbabue, del 16 al 30 de noviembre de 2008. Se entrevistó en profundidad a víctimas de violaciones de los derechos humanos, además de representantes de organizaciones no gubernamentales y agencias humanitarias locales e internacionales, funcionarios de las Naciones Unidas, miembros del MDC, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Grano y la Junta Comercial, abogados, expertos en salud, economistas y diplomáticos.

En la investigación de Human Rights Watch se identifican las causas de la carencia de alimentos, la epidemia de cólera y el colapso del sistema de salud de Zimbabue. La represión del gobierno y la corrupción generalizada han conducido directamente a una situación en la que están interconectados el colapso económico, la crisis humanitaria y la creciente desesperación popular.

En el informe también se analiza cómo el ZANU-PF continúa sirviéndose de las instituciones del Estado, como la policía y el sistema de justicia, para violar los derechos civiles y políticos de miembros y simpatizantes del MDC, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos. La policía continúa usando la violencia para disolver protestas pacíficas y persigue habitualmente a los activistas del MDC.

Human Rights Watch expresó su preocupación por la falta de avance en los esfuerzos de mediación por parte de la Comunidad de Desarrollo del Sur de África (Southern African Development Community, SADC). Las violaciones actuales de los derechos humanos no han cesado y no se han exigido cuentas a los responsables.

Human Rights Watch instó a la Unión Africana a que intervenga oficialmente en el proceso de mediación y establezca principios básicos, objetivos específicos de derechos humanos y una calendario para la resolución de la crisis. Entre las medidas que debe adoptar están condenar y pedir el cese de los abusos en curso cometidos por las autoridades del ZANU-PF; lo que incluye poner fin a la violencia por motivos políticos, las desapariciones forzadas, la tortura, y poner en libertad a los miembros del MDC y los activistas de derechos humanos detenidos arbitrariamente. Human Rights Watch instó a la UA a que expulse a Zimbabue de la organización si no cumple objetivos específicos de derechos humanos y de buen gobierno, en un plazo concreto.

Carencias de alimentos

En la investigación de Human Rights Watch se comprobó que el gobierno zimbabuense es el principal responsable de las graves carencias de alimentos en el país. La violencia política autorizada por el gobierno ha provocado la destrucción de graneros, de los que dependen los miles de zimbabuenses desplazados forzosamente por los simpatizantes del ZANU-PF, "veteranos de guerra" y soldados; y que dependen ahora de la ayuda alimentaria. La injerencia oficial en las operaciones de las agencias humanitarias que distribuyen esta ayuda ha agravado la crisis.

La corrupción endémica dentro de organismos agrícolas oficiales como la Junta de Grano y Comercio y entre la elite política del ZANU-PF también ha provocado graves carencias de semillas y otros productos agrícolas como los fertilizantes. Muchos de las políticas agrícolas del gobierno han beneficiado a la elite partidaria del ZANU-PF. Las autoridades zimbabuenses han desviado el maíz, las semillas, el combustible y tractores baratos, subsidiados oficialmente y destinados a los agricultores locales, a los funcionarios y gobernadores locales del ZANU-PF, quienes los han revendido en el mercado negro a precios inalcanzables para la mayoría de los zimbabuenses. Y el gobierno ha hecho muy poco por atajar las prácticas corruptas que afectan al suministro de alimentos.


Crisis sanitaria: Cólera

Hace casi un año que las autoridades zimbabuenses están conscientes de la amenaza de una gran epidemia de cólera. En diciembre de 2007, se registraron 459 casos de cólera en dos suburbios densamente poblados de la capital, Harare, y 11 personas murieron a consecuencia de esta enfermedad y más de 300 fueron hospitalizadas en Bulawayo. El gobierno no respondió adecuadamente a los reiterados llamamientos para  abordar la epidemia y garantizar que el abastecimiento de agua municipal estuviera debidamente tratado.

Aunque es posible que la capacidad de respuesta a la epidemia de cólera se haya visto mermada por la falta de recursos sanitarios y financieros, los funcionarios de la salud informaron a Human Rights Watch de que el gobierno zimbabuense se negó inicialmente a reconocer el alcance de la crisis del cólera y la necesidad urgente de reaccionar. A pesar del aumento alarmante de las muertes y las infecciones por cólera, el gobierno no pidió inmediatamente ayuda internacional y se negó inicialmente a declarar la situación como una emergencia.

Las deficiencias del sistema de salud de Zimbabue, en el que los ciudadanos ordinarios ya no pueden obtener atención primaria, ha agravado la epidemia de cólera. Muchos hospitales distritales y clínicas municipales de Zimbabue están cerrados o funcionan al mínimo de capacidad. El deterioro de las infraestructuras, los fallos del equipo, las carencias de medicinas y la carencia de profesionales de la medicina han contribuido al colapso del sistema de salud.

"El gobierno zimbabuense es responsable de la crisis humanitaria y la desprotección de los ciudadanos frente a sus consecuencias", señaló Gagnon. "El gobierno ha violado los derechos fundamentales de los zimbabuenses a la alimentación, la salud y el agua limpia", agregó.

Desde finales de octubre, el ZANU-PF ha empleado a la policía y otros organismos del Estado para detener arbitrariamente y "desaparecer" a más de 40 miembros del MDC y a activistas de derechos humanos. Las autoridades zimbabuenses han detenido a 32 miembros del MDC y activistas de derechos humanos acusados de intento de derrocar al gobierno, cargos que, según Human Rights Watch, fueron formulados por motivos políticos. La mayoría de los activistas acusados dijeron que los agentes de seguridad del Estado los habían torturado durante la detención. Las autoridades se niegan a desvelar el paradero de otros 11 miembros del MDC.

Los líderes regionales han ignorado una y otra vez las violaciones de los derechos humanos contra los zimbabuenses por parte del gobierno de Mugabe y no han adoptado medidas serias para aliviar su sufrimiento, señaló Human Rights Watch. Los líderes de la SADC tampoco han adoptado ninguna medida para promover una verdadera transición democrática. Al mismo tiempo, la combinación de inestabilidad política, la epidemia de cólera y las graves carencias de alimentos han forzado a miles de zimbabuenses a huir a países vecinos. Esta migración también ha hecho que el cólera cruce la frontera de Zimbabue y se introduzca en países vecinos como Botsuana, Mozambique y Zambia.


"Las urgentes necesidades humanitarias de los zimbabuenses son una consecuencia directa del régimen abusivo del ZANU-PF", señaló Gagnon. "La UA sólo puede restaurar la seguridad y el bienestar de la población de la región reconociendo abiertamente la dimensión de la crisis, dando prioridad a los derechos humanos y exigiendo cuentas a los responsables de los abusos", agregó.