(Nueva York, 28 de octubre de 2008) – Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben abandonar su oposición a los esfuerzos de las Naciones Unidas por acabar con las ejecuciones de menores delincuentes, declaró hoy Human Rights Watch. Diplomáticos ante la ONU en Nueva York están debatiendo en torno a la pena de muerte para estos menores como parte de las negociaciones de una resolución de la Asamblea General sobre los derechos de niñas y niños.
La semana pasada, el grupo de Estados latinoamericanos y caribeños rechazó una propuesta de la Unión Europea de llamar a la suspensión inmediata de todas las ejecuciones de delincuentes juveniles, a la espera de la abolición por medio de reforma legal, aunque ninguno de los países de la región ha llevado a cabo tales ejecuciones desde por lo menos 1990. El grupo también rechazó la propuesta de solicitarle al secretario general de la ONU que presente un informe sobre el cumplimiento de la prohibición absoluta de la pena de muerte juvenil, de conformidad con la legislación internacional.
“Es simplemente inexplicable que los Estados latinoamericanos y caribeños obstaculicen los esfuerzos por erradicar la ejecución de niños y niñas”, dijo Jo Becker, defensora de los derechos del niño de Human Rights Watch. “Ninguno de estos países ha ejecutado a menores delincuentes desde hace años. ¿Por qué, entonces, defenderían dicha práctica?”
Todas las naciones de América Latina y el Caribe son parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe cualquier ejecución de personas por delitos que hayan cometido antes de cumplir los 18 años de edad.
Actualmente, sólo cinco países del mundo aplican ejecuciones por tales crímenes. Sin embargo, la cantidad de éstas casi se ha triplicado en los últimos cuatro años. Desde enero de 2005, Irán, Arabia Saudita, Sudán, Pakistán y Yemen han llevado a cabo 32 de esas ejecuciones y tienen a muchos más de 100 menores delincuentes en sus corredores de la muerte. Se sabe que entre 2001 y 2004 fueron ejecutados 12 delincuentes juveniles a nivel mundial.
“Aunque sólo cinco países continúan ejecutando a menores delincuentes, el reciente aumento de estas ejecuciones es sumamente preocupante”, dijo Becker. “Los Estados latinoamericanos y caribeños deberían unirse a otros para llamar a un fin inmediato de esta práctica barbárica”.
Desde enero de 2005, Irán es responsable de 26 de las 32 ejecuciones de menores delincuentes que se sabe tuvieron lugar a nivel mundial. Arabia Saudita y Sudán han ejecutado a dos delincuentes juveniles, mientras que Pakistán y Yemen ejecutaron a uno.
El 14 de octubre, fecha en que la Asamblea General de la ONU inició su debate anual sobre los derechos de niñas y niños, más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 82 países instaron a la Asamblea General a actuar urgentemente para poner fin a las ejecuciones fundamentadas en delitos cometidos por niños y niñas. Entre las ONG que firmaron la declaración había grupos de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú y la República Dominicana.
Las negociaciones en torno a la resolución sobre los derechos de niñas y niños continuarán esta semana en Nueva York. Se espera que la resolución sea adoptada en noviembre.
