La propuesta de reforma de la constitución de Colombia presentada por el presidente Álvaro Uribe atentaría contra la rendición de cuentas de los políticos que colaboraron con escuadrones de la muerte paramilitares, señaló hoy Human Rights Watch.
Una de las reformas propuestas por el gobierno retiraría la función de investigar a congresistas de la competencia de la Corte Suprema, que, en la actualidad, tiene competencia exclusiva para juzgar a congresistas en ejercicio. Según la propuesta, los procesos penales serían llevados por un tribunal local, el Tribunal Superior de Bogotá, y la Corte Suprema solo conocería de las apelaciones. El texto de la reforma no es claro en cuanto a quién estará a cargo de las investigaciones: si los fiscales de la Fiscalía General de la Nación o los jueces del tribunal de Bogotá.
La propuesta afectaría a una serie de investigaciones sin precedentes que está adelantando la sala penal de la Corte Suprema acerca de la infiltración de paramilitares en el Congreso colombiano, situación conocida como “la parapolítica”. Más de 60 congresistas de la coalición de Uribe son objeto de investigación, y más de 30 de ellos están detenidos por colaboración con los paramilitares.
“Es evidente que la intención de Uribe es retirarle a la institución que más ha hecho por descubrir y confrontar la influencia paramilitar en el Congreso la facultad de investigar a congresistas”, manifestó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Esta propuesta no tiene un propósito distinto al de ayudar a los miembros de la coalición de Uribe a librarse de la justicia”.
Entre los políticos encarcelados como consecuencia de las investigaciones iniciadas por la Corte Suprema se encuentra el senador Mario Uribe, primo del presidente y uno de sus aliados políticos más cercanos durante muchos años. También se encuentra el senador Carlos García, presidente del partido de Uribe, “la U”, cuya captura la corte ordenó el 25 de julio de este año. Como resultado de las investigaciones, Uribe y varios miembros de su gabinete han atacado reiteradamente a la Corte Suprema, haciendo acusaciones cuestionables e incluso llamando a los magistrados por teléfono para indagar acerca de investigaciones en curso.
El gobierno ha justificado las reformas que propone invocando dos derechos básicos del debido proceso: el derecho del demandado a ser juzgado por un tribunal imparcial, independiente de la entidad que lo investiga, y su derecho a apelar. En la actualidad, la sala penal de la Corte Suprema está a cargo tanto de las investigaciones como del juzgamiento de los congresistas. No existe ningún recurso para apelar sus decisiones.
Human Rights Watch reconoce estos problemas, que deben ser abordados. Sin embargo, existen otras soluciones que asegurarían el debido proceso sin perjudicar las investigaciones de la parapolítica y para las cuales no sería necesario retirarle a la Corte Suprema la competencia sobre las investigaciones a congresistas.
“Ciertamente, los congresistas tienen derecho al debido proceso, pero esta propuesta no es necesaria para garantizar esos derechos”, señaló Vivanco. “Esta invocación orwelliana del debido proceso que hace el gobierno pareciera apuntar, principalmente, a encubrir su intención de darles un golpe fatal a las investigaciones de la parapolítica”.
De hecho, en una sentencia reciente la Corte Constitucional instó al Congreso colombiano a dictar leyes —sin reformar la Constitución— para “separar, dentro de la misma Corte Suprema, las funciones de investigación y juzgamiento” de los congresistas. Lo mismo podría hacerse con respecto a las apelaciones, ya que la Constitución colombiana establece que la Corte Suprema podrá estar dividida en el número de salas que determine la ley, y que se podrán asignar diversas funciones a salas o magistrados. Por lo tanto, en lugar de modificar la Constitución y retirar las investigaciones del ámbito de la Corte Suprema, no le resultaría difícil al Congreso aprobar una ley en la que asignara funciones de investigación, juzgamiento y apelación a distintas salas de la corte.
El gobierno de Uribe también ha manifestado que el objeto de su propuesta es aumentar la independencia del sistema judicial, señalando que una de las reformas establece que todos los jueces de la Corte Constitucional serán elegidos por el Poder Judicial. Por ende, a partir de mediados de 2009, el Presidente ya no tendría la capacidad de proponer candidatos para magistrado de la Corte Constitucional.
Human Rights Watch señaló que este aspecto de la propuesta es poco más que una cortina de humo, ya que el presidente Uribe propondrá varios candidatos a la Corte Constitucional en los próximos meses, antes de que las modificaciones entren en vigor.
“Esto no tiene que ver con la independencia, sino con la impunidad”, añadió Vivanco. “La realidad es que la Corte Suprema, que ya tiene un notable record en este tipo de casos, tiene mejores posibilidades de impulsar investigaciones de congresistas que un fiscal o magistrado de un tribunal local, que cuenta con menos protección, experiencia y reconocimiento”.
La aprobación de las reformas propuestas depende del Congreso colombiano. Dado que el 20% de los miembros del Congreso está siendo investigado o ha sido detenido como consecuencia de las investigaciones de la Corte Suprema, y dado que la administración de Uribe mantiene una amplia mayoría en el Congreso, es poco probable que las reformas enfrenten gran resistencia.
Si las reformas fueran aprobadas, probablemente afectarían no solo casos futuros, sino también investigaciones ya iniciadas por la Corte Suprema. Muchos de los procesados se apoyarían en tales reformas para presentar recursos de tutela, en los que exigirían que se les otorgara el tratamiento más favorable establecido en ellas.
La propuesta tiene otros problemas, además de las disposiciones acerca de la competencia sobre investigaciones contra congresistas. A Human Rights Watch le preocupa en especial que además, en virtud de la propuesta, el Presidente tendría la facultad exclusiva de nombrar a los candidatos al cargo de Procurador General de la Nación, sujeto a la aprobación del Congreso. Este cambio podría atentar contra la independencia de la Procuraduría, que tiene a su cargo las investigaciones disciplinarias de los funcionarios de gobierno y la fuerza pública. En la actualidad, no sólo el Presidente, sino también las cortes, presentan candidatos para el cargo de Procurador.
