El gobierno venezolano debe aclarar de manera detallada en qué consiste su relación con guerrillas colombianas responsables de numerosos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, señaló hoy Human Rights Watch.
El año pasado, el presidente venezolano Hugo Chávez actuó como mediador, con la autorización del gobierno colombiano, en iniciativas para conseguir la liberación de personas secuestradas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, se ha informado que mensajes de correo electrónico encontrados en las computadoras portátiles supuestamente rescatadas por las fuerzas de seguridad colombianas en marzo de un campamento de las FARC hacen referencia a reuniones en las cuales algunos funcionarios venezolanos habrían ofrecido ayuda a las guerrillas colombianas, lo cual incluiría refugio, armas e, incluso, posible asistencia financiera.
El 15 de mayo, Interpol anunció que sus peritos habían constatado que los archivos informáticos eran auténticos y no habían sido modificados en modo alguno mientras se encontraron bajo la custodia de las autoridades colombianas. Sin embargo, no establecieron la veracidad ni el origen de sus contenidos. Chávez desestimó los hallazgos de Interpol como un “show de payasos que no merece ni un comentario serio”.
“Los mensajes de correo electrónico plantean graves interrogantes sobre la relación entre el gobierno de Venezuela y las FARC que merecen respuestas serias”, señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Por lo menos, parecen indicar que jefes guerrilleros que estaban cometiendo abusos terribles creían que contaban con el respaldo del gobierno venezolano”.
Human Rights Watch no ha tenido acceso directo a los archivos informáticos. Sin embargo, porciones de dichos archivos difundidas por el gobierno de Colombia y revisadas por Human Rights Watch indican que éstos contienen mensajes de correo electrónico en los que jefes de las FARC relatan múltiples encuentros con autoridades venezolanas. Estos encuentros incluyen una reunión en donde el presidente Chávez supuestamente habría ofrecido proporcionar refugio a las FARC dentro del territorio venezolano. También se mencionan reuniones en las que dos generales venezolanos, Hugo Carvajal Barrios y Clíver Alcalá, presuntamente ofrecieron ayuda a las guerrillas para conseguir armas, y otra reunión en la que el Ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín habría prometido facilitar el envío de armas. Asimismo, hay varios mensajes que parecen hacer referencia a un ofrecimiento de apoyo financiero a las FARC, lo que incluiría la asignación de una porción de petróleo a las guerrillas, que éstas podrían vender para obtener fondos.
Chávez ha negado categóricamente que Venezuela haya ofrecido refugio o ayuda financiera a las FARC, o que haya mantenido contacto alguno con jefes de las FARC, más allá de los destinados a conseguir la liberación de los rehenes.
No obstante, a su vez, Chávez ha expresado en reiteradas oportunidades su simpatía con las FARC. En un intento por persuadir a la comunidad internacional de no continuar clasificando a las FARC como grupo terrorista, Chávez manifestó en enero que las FARC tenían “un proyecto político bolivariano que aquí [en Venezuela] es respetado”. Chávez también pidió que el país rindiera un minuto de silencio a Raúl Reyes, uno de los máximos líderes de las FARC, a quien calificó como un “buen revolucionario” luego de que fuera asesinado en febrero de este año.
“Es absolutamente inaceptable que un gobierno apoye a un grupo guerrillero como las FARC, que comete habitualmente atrocidades contra la población civil”, sostuvo Vivanco. “Si el contenido de estos mensajes de correo electrónico es efectivamente cierto, demuestra que las FARC estaban listas para recibir mucho más que apoyo retórico del gobierno de Chávez”.
Las FARC tienen un record gravísimo de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cometen secuestros de civiles de manera sistemática a cambio de rescate, así como con fines políticos, y en algunos casos mantienen secuestradas a sus víctimas durante años en condiciones deplorables, lo cual representa graves riesgos para la vida y la salud de los rehenes. Las FARC participan además en homicidios, desapariciones forzadas, hechos de tortura y masacres de civiles. También reclutan frecuentemente a niños como combatientes, incluyendo a muchos menores de 15 años, la edad mínima permitida para reclutar por los Convenios de Ginebra. Los niños que intentan desertar de las FARC a menudo son fusilados, y es sabido que las FARC ordenan a los niños torturar y ejecutar a otros niños o a los enemigos que son capturados.
Human Rights Watch instó al gobierno venezolano a que aclare si algún funcionario venezolano ha brindado, o ha ofrecido brindar, algún tipo de asistencia a las guerrillas colombianas. Venezuela debería explicar exactamente qué se discutió en las reuniones entre las FARC y el presidente Chávez, el Ministro del Interior Rodríguez Chacín y otros funcionarios venezolanos. También debería aclarar si jefes de las FARC se reunieron con los generales Carvajal y Alcalá, o con otros militares, y en ese caso, qué se conversó durante esas reuniones.
Human Rights Watch también instó al presidente Chávez a que emita órdenes claras para que ningún funcionario del gobierno o miembro de las fuerzas militares venezolanas brinde asistencia alguna a las FARC, y a que garantice que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes no cumplan con estas órdenes.
El 2 de junio, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseguró que la OEA llevaría a cabo una investigación de los archivos electrónicos para determinar la veracidad de sus contenidos, luego de que Ecuador formalmente la solicitara.
“Sería un error que la OEA restringiera su investigación sólo al Ecuador y no abordara también la relación entre las FARC y el gobierno venezolano. Se necesita de manera urgente una investigación rigurosa e imparcial para llegar al fondo de este asunto,” dijo Vivanco.
