(Dublín, 30 de mayo de 2008) – El nuevo tratado sobre las bombas de racimo, adoptado el 30 de mayo de 2008 en Dublín, salvará miles de vidas durante las décadas venideras, con unas disposiciones fundamentales más fuertes de lo que habían esperado incluso sus más firmes defensores, señaló hoy Human Rights Watch.

El tratado prohíbe inmediatamente todos los tipos de municiones de racimo, rechazando los intentos iniciales de algunos países de negociar excepciones para sus propios arsenales, además de las peticiones de un período de transición que retrasaría esta prohibición por una década o más.

Además de las prohibiciones del uso, producción, almacenamiento y comercio, el tratado también incluye fuertes disposiciones que exigen a los estados prestar asistencia a las víctimas y limpiar las zonas afectadas por las municiones de racimo.

“Este tratado va a crear un mundo más seguro para millones de personas”, señaló Steve Goose, director de la División de Armas para Human Rights Watch. “Las municiones de racimo se han arrojado a las cenizas de la historia. Ninguna nación podrá usarlas de nuevo sin provocar la repugnancia inmediata y la desaprobación de la mayoría de los países del mundo”, agregó.

Las municiones de racimo explotan habitualmente en el aire y arrojan docenas, incluso centenares de pequeñas bombas sobre un área del tamaño de un campo de fútbol. Cuando se utilizan en zonas urbanas provocan invariablemente muertes y heridos entre la población civil. Pueden provocar daños incluso décadas después de finalizar un conflicto, ya que las submuniciones en el terreno actúan como minas terrestres que explotan al contacto.

Tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales que se unieron en campaña a favor del tratado se basaron conscientemente en el precedente sentado por el Tratado para la Prohibición de las Minas Antipersonales de 1997. Pero, en muchos sentidos, la Convención sobre las Municiones de Racimo va más allá, señaló Human Rights Watch.

“Este tratado no prohíbe solamente algunas municiones de racimo, sino todas las municiones de racimo”, señaló Goose ante los delegados reunidos en su calidad de copresidente de la Coalición sobre Municiones de Racimo, un grupo de cientos de ONG que promueven la prohibición. “No intenta distinguir entre municiones de racimo buenas y malas, las prohíbe todas. Se trata de una convención sin excepciones y sin dilaciones. Sólo se puede describir como una convención extraordinaria”, agregó.

Human Rights Watch instó a los gobiernos que apoyan el tratado a que hagan todos los preparativos necesarios para firmar el tratado en Oslo en diciembre de 2008. El tratado entrará en vigor cuando 30 países lo hayan firmado y ratificado.

Varios de los países que más usan o almacenan arsenales de municiones de racimo no estuvieron presentes en las conversaciones de Dublín, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil, Pakistán e Israel. Pero la experiencia con el Tratado para la Prohibición de las Minas sugiere que hasta los países no signatarios se sentirán finalmente obligados a respetar la prohibición de las municiones de racimo. Por ejemplo, aunque Estados Unidos aún no ha firmado el Tratado para la Prohibición de las Minas, no ha usado, exportado ni producido ninguna mina antipersonal desde que se negoció el tratado hace 11 años.

“Lo más importante de este tratado es que estigmatiza las municiones de racimo”, señaló Goose. “El estigma irá creciendo y profundizándose con el tiempo, y finalmente hará impensable el uso de municiones de racimo”, agregó.

La única decepción del nuevo tratado se encuentra en el artículo 21, destinado a ofrecer protección legal a las fuerzas armadas de un país signatario si otro país usa municiones de racimo durante operaciones militares conjuntas. Human Rights Watch instó a los gobiernos a que dejaran claro en sus declaraciones oficiales el “entendimiento común” de que el tratado no permite la asistencia deliberada para el uso de municiones de racimo durante operaciones conjuntas, ni tampoco permite que países no signatarios almacenen municiones de racimo en el territorio de países signatarios.

El gobierno británico ya ha indicado que pedirá a Estados Unidos que retire sus municiones de racimo de su territorio dentro del plazo de ocho años para la destrucción de arsenales.

Estados Unidos no ha asistido a las negociaciones, pero ejerció una presión intensa, detrás de bastidores, sobre los países que estaban negociando para evitar que se le impidiera el uso futuro de este armamento prohibido.

El artículo 21 también incluye el requisito de que los países signatarios desalienten activamente el uso por parte de otros estados.