Tenemos el honor de dirigirnos a S.E. con el propósito de transmitirle nuestra profunda preocupación por la reciente ola de amenazas, ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos y sindicalistas con motivo de las manifestaciones del 6 de marzo por abusos del estado y grupos paramilitares. Le instamos a que adopte en forma pública e inmediata medidas efectivas tendientes a poner fin a estos hechos de violencia.
En el lapso de una semana, entre el 4 y el 11 de marzo, fueron asesinados cuatro sindicalistas, algunos de los cuales habrían participado en la manifestación del 6 de marzo.1 Diversos integrantes de organizaciones de derechos humanos han sido también víctimas de una gran cantidad de agresiones físicas y hostigamiento. Sus oficinas han sido asaltadas, con robo de equipos y archivos.
En las últimas semanas, un gran número de organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Asociación MINGA, la Comisión Colombiana de Juristas, Reiniciar, CODHES, el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE) y Ruta Pacífica de Mujeres, han recibido amenazas de las autodenominadas Águilas Negras. Una de las amenazas enviadas por correo electrónico el 11 de marzo identificaba con precisión a 28 defensores de los derechos humanos. La amenaza, firmada por el grupo paramilitar “Bloque Metropolitano de las Águilas Negras de Bogotá”, acusaba a estas personas de formar parte de guerrillas, hacía referencia explícita a las manifestaciones del 6 de marzo e indicaba que serían asesinadas o desaparecidas a la brevedad. Al día siguiente, mediante otra amenaza de origen paramilitar enviada por correo electrónico a diversos grupos, se anunciaba el “total rearme de las fuerzas paramilitares”. Además de los grupos de derechos humanos del país, las amenazas han estado dirigidas a la organización internacional Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia, la revista de noticias Semana, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organizaciones indígenas y dirigentes políticos de la oposición. En las últimas semanas también se ha producido un gran número de actos de hostigamiento, agresiones y amenazas, que están siendo documentados por diversos grupos de derechos humanos del país.
Esta serie de amenazas y agresiones pone directamente en duda la efectividad del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. En efecto, la Organización de los Estados Americanos ha informado que existen actualmente en el país 22 grupos armados vinculados a los paramilitares permanecen activos, y ha expresado que existen “serias dudas en cuanto a la eficacia de la desmovilización y el desarme”.
Nos preocupa particularmente el hecho de que las amenazas y las agresiones se hayan producido poco tiempo después de que su asesor presidencial, José Obdulio Gaviria Escobar, formulara diversas acusaciones públicas contra los organizadores de la marcha del 6 de marzo. El 10 y el 11 de febrero, Gaviria Escobar señaló en un mensaje transmitido a través de la radio nacional que los organizadores de la marcha, entre los cuales incluyó específicamente a Iván Cepeda (vocero de MOVICE), mantenían vínculos con las brutales guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su gobierno, mediante los comunicados emitidos el 15 de febrero y el 14 de marzo, se comprometió a garantizar los derechos de quienes participaran en la marcha del 6 de marzo. No obstante, ninguno de estos comunicados impidió que Gaviria Escobar continuara lanzando acusaciones el 17 de febrero y el 20 de marzo. Su última declaración, en la que sugirió que Iván Cepeda era básicamente un miembro de las FARC, es particularmente inaceptable, porque se produjo después de la reciente ola de agresiones y amenazas.
Comentarios sin fundamento como estos dañan profundamente a la democracia y a los derechos humanos en Colombia, y ponen a todos aquellos contra quienes están dirigidos en peligro directo de ser víctimas de actos de violencia. Estas declaraciones estigmatizan el trabajo legítimo de miles de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y víctimas, y pueden tener un efecto paralizante sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación. En un país como Colombia, con tantos antecedentes de violencia política, esta clase de declaraciones contribuye a un clima de intolerancia política que fomenta la violencia. Efectivamente, el 11 de febrero, un día después de las primeras declaraciones de Gaviria Escobar, las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) divulgaron un comunicado a través de su sitio web en el que hacían eco a las imputaciones de Gaviria Escobar contra Iván Cepeda y el movimiento de víctimas.
La actual vigencia tanto de la Directiva Presidencial 7 de 1999 como de la Directiva Presidencial 7 de 2001 se debe precisamente a que gobiernos anteriores reconocieron la importancia de respetar la labor de defensores de derechos humanos y otras personas. Ambas directivas ordenan a los servidores públicos “abstenerse de cuestionar la legitimidad de las organizaciones no gubernamentales y sus miembros... y abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan [su] seguridad, así como [su] honra y buen nombre”. Por su parte, la Directiva 7 de 1999 aclara en este sentido que los servidores públicos no deben “realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento a las mismas organizaciones... [ni] emitir declaraciones... que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones”.
A fin de contrarrestar esta ola de violencia, le solicitamos que adopte las siguientes medidas:
1. Repudiar en público y ante los medios nacionales las declaraciones formuladas por José Obdulio Gaviria Escobar y otras personas que vinculaban a los organizadores de la marcha del 6 de marzo con las guerrillas; rechazar la reciente ola de amenazas y agresiones; reafirmar el respaldo ofrecido por su gobierno a la labor legítima de los defensores de los derechos humanos y sindicalistas, así como su intención de proteger dicha labor; y asegurar que los funcionarios de su gobierno se abstengan de formular nuevos comentarios descalificadores como aquellos hechos por Gaviria Escobar;
2. Asegurar una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de cada uno de los asesinatos, agresiones y amenazas de muerte recientes. Es de fundamental importancia que los responsables de los ataques sean juzgados por estos hechos. Cualquier persona que haya sido supuestamente desmovilizada y que haya participado en estos delitos o los haya ordenado debe ser privada de los beneficios que se le concedieron por la desmovilización. Es fundamental que S.E. adopte medidas contundentes a fin de desarticular los grupos paramilitares y romper sus vínculos con funcionarios del estado, de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas;
3. Disponer medidas de protección para las personas identificadas en las amenazas de muerte vertidas el 11 de marzo, así como para otras personas que han sido objeto de agresiones o amenazas, y reunirse personalmente con las víctimas, los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos que han sufrido las agresiones recientes para escuchar sus inquietudes.
Confiamos en que este asunto urgente recibirá su inmediata atención.
Atentamente,
Andrew Hudson
Programa de Defensores de Derechos Humanos
Human Rights First
José Miguel Vivanco
Director para las Américas
Human Rights Watch
Renata Rendón
Directora de Defensa para las Américas
Amnistía Internacional USA
Kenneth H. Bacon
Presidente
Refugees International
John Arthur Nunes
Presidente y Director Ejecutivo
Lutheran World Relief
Joy Olson
Directora Ejecutiva
Gimena Sánchez-Garzoli
Asociada Principal para Colombia y Haití
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
James R. Stormes, S.J.
Secretario, Ministerios Sociales e Internacionales
Jesuit Conference
Lisa Haugaard
Directora Ejecutiva
Latin America Working Group
Adam Isacson
Director de Programas
Center for International Policy
Robert Guitteau Jr.
Director Interino
US Office on Colombia
Heather Hanson
Directora de Asuntos Públicos
Mercy Corps
Mark Harrison
Director del programa Paz con Justicia
United Methodist Church, General Board of Church and Society
Monika Kalra Varma
Directora
Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights
Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Joe Volk
Secretario Ejecutivo
Friends Committee on National Legislation
Melinda St. Louis
Directora Ejecutiva
Witness for Peace
Bert Lobe
Director Ejecutivo
Comité Central Menonita
Rick Ufford-Chase
Director Ejecutivo
Presbyterian Peace Fellowship
Charo Mina-Rojas
AFRODES USA
T. Michael McNulty, SJ
Director de Justicia y Paz
Conference of Major Superiors of Men
Cristina Espinel
Directora
Colombia Human Rights Committee, Washington DC
Phil Jones
Director
Church of the Brethren Witness/Oficina de Washington
c.c.
Vicepresidente Francisco Santos
Vicepresidente de la República de Colombia
Cra. 8 No. 7-57
Bogotá
Colombia
Sr. Carlos Franco
Programa Presidencial de Derechos Humanos
Calle 7 No 6 – 54
Bogotá D.C
Colombia
Sr. Thomas A. Shannon
Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520
Sr. David J. Kramer
Secretario Adjunto de Estado para la Democracia, los Derechos y Asuntos Laborales
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520
Embajador William R. Brownfield
Embajador de Estados Unidos en Colombia
Embajada de Estados Unidos en Colombia
Calle 24 Bis No. 48-50
Bogotá, D.C.
Colombia
Embajadora Carolina Barco
Embajadora de Colombia en Estados Unidos
Embajada de Colombia en Estados Unidos
2118 Leroy Place, NW
Washington, DC 20008
[1] Carmen Cecilia Carvajal, miembro de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (ASINORT), fue asesinada el 4 de marzo. Leonidas Gómez, miembro de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fue asesinado el 5 de marzo. Gildardo Antonio Gómez Alzate, delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID), fue asesinado el 7 de marzo. El 11 de marzo, fue hallado el cadáver de Carlos Burbano, miembro de la organización ANTHOC. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó también que el 28 de febrero se efectuaron disparos contra la vivienda de Luz Adriana González, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y una de las promotoras del evento que tuvo lugar el 6 de marzo en Pereira.
