Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo una investigación exhaustiva, rápida e imparcial de todos los actos de violencia en los que han sido víctimas manifestantes que están a favor, y otros en contra, de las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno, dijo hoy Human Rights Watch.
Decenas de miles de venezolanos han participado en manifestaciones públicas a favor o en contra de las reformas constitucionales propuestas, en vísperas del referéndum nacional que se llevará a cabo el 2 de diciembre. Las manifestaciones continuarán el resto de la semana y tanto opositores como simpatizantes de las reformas planean llevar a cabo masivos actos públicos.
A pesar de las tensiones políticas existentes, la mayor parte de las actividades han sido pacíficas. Sin embargo, algunos incidentes han terminado en violencia, con versiones contradictorias sobre quiénes son responsables. También existe una versión confiable que indica que dos estudiantes habrían sido secuestrados y torturados, debido a su participación en protestas antigubernamentales.
“El gobierno venezolano tiene la obligación de investigar esta violencia contra los manifestantes y de asegurar que las investigaciones sean exahustivas e imparciales,” dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Quien sea culpable de estos crímenes debe responder por ello.”
Dos estudiantes, Werner Geisse y Rafael Parra, fueron supuestamente torturados el 23 de noviembre después de participar en una protesta contra las reformas. Ellos han declarado a los medios de comunicación que fueron secuestrados por dos personas encapuchadas y armadas en un centro comercial del estado de Lara, y luego fueron obligados a ingresar a un vehículo sin placas, en el cual los condujeron por los alrededores durante dos horas, antes de ser liberados.
Los estudiantes sostienen que, durante el secuestro, fueron interrogados durante dos horas sobre los nombres de los estudiantes que encabezaban las protestas, y que fueron golpeados y quemados con cigarrillos cuando no proporcionaron esta información. Imágenes televisivas de una conferencia de prensa realizada por los estudiantes el sábado mostraban a Parra aún sangrando como consecuencia de una herida en la nariz, y a ambos estudiantes con quemaduras en sus antebrazos.
En otro incidente, ocurrido el 26 de noviembre, un trabajador de construcción de 19 años, José Ángel Yépez, murió como consecuencia de un disparo de bala y muchos otros resultaron heridos durante protestas contra las reformas constitucionales en el estado de Carabobo. Los funcionarios del gobierno han señalado que Yépez se dirigía pacíficamente a su trabajo cuando los manifestantes opositores abrieron fuego.
Sin embargo, según el periódico venezolano Últimas Noticias, un grupo de activistas simpatizantes del gobierno arrojó piedras contra los manifestantes opositores e incendió un vehículo en las inmediaciones, lo cual llevó a disparos de fuego por ambos bandos, que resultaron en la muerte de Yépez, uno de los simpatizantes del gobierno. La policía arrestó de inmediato al presidente de una asociación vecinal local en conexión con el asesinato, y por lo menos 15 manifestantes de la oposición fueron detenidos en vinculación con la violencia desatada.
El 7 de noviembre, hombres armados y encapuchados entraron en motocicletas a la Universidad Central de Venezuela y dispararon contra un grupo de estudiantes que regresaban después de realizar una protesta contra las reformas. De acuerdo a la versión proporcionada por funcionarios gubernamentales, por lo menos ocho estudiantes resultaron heridos, dos con heridas de bala. Las autoridades universitarias han acusado al gobierno de orquestar a los grupos que abrieron fuego, y los ministros del gobierno han acusado de los mismos actos de violencia a los estudiantes que retornaban de las protestas, así como a las autoridades universitarias y a los líderes de la oposición política.
