Las leyes relacionadas a individuos sentenciados por delitos sexuales podrían no proteger a los menores de estos crímenes, pero sí conducir a acoso, aislamiento e incluso violencia contra ex delincuentes, declaró Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Human Rights Watch exhorta a que se reformen las leyes estatales y federales sobre el registro y la notificación a la comunidad, como también a que se eliminen las restricciones al lugar de residencia, ya que tales disposiciones violan los derechos básicos de ex delincuentes.
El informe de 146 páginas, “No Easy Answers: Sex Offender Laws in the United States” (“No hay respuestas fáciles: Leyes sobre delincuentes sexuales en los Estados Unidos”), es el primer estudio exhaustivo de las políticas estadounidenses relativas a agresores sexuales, su impacto en la seguridad pública, así como su efecto en los ex delincuentes y sus familias. Durante los dos años de investigación para este informe, investigadores de Human Rights Watch realizaron más de 200 entrevistas a víctimas de violencia sexual y a sus familiares, ex delincuentes, funcionarios de procuración de justicia y gobierno, proveedores de tratamiento, investigadores y defensores de la seguridad infantil.
“Human Rights Watch comparte el objetivo del público de proteger a niñas y niños contra el abuso sexual”, dijo Jamie Fellner, directora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Sin embargo, las leyes actuales fueron mal concebidas y pobremente diseñadas. Proteger a la niñez requiere de un enfoque más minucioso e integral del que los políticos han estado dispuestos a apoyar”.
En muchos estados, el registro incluye a cualquier persona convicta por un delito sexual, lo que puede abarcar desde la violación infantil hasta las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre adolescentes, independientemente de la amenaza potencial que puedan representar para menores en el futuro. El acceso ilimitado al público, por medio de Internet, a registros de delincuentes sexuales sin las restricciones pertinentes expone a previos ofensores al riesgo de que otras personas actúen con base en esta información de manera irresponsable e incluso ilegal. Existen pocas evidencias de que esta forma de notificación a la comunidad prevenga la violencia sexual. Las restricciones al lugar de residencia hacen que ex delincuentes desaparezcan de pueblos y ciudades, obligándolos a vivir lejos de sus hogares, familias, empleos y tratamiento, e impidiendo que las autoridades de procuración de justicia los supervisen. Tales restricciones resultan contraproducentes para la seguridad pública y dañinas para ex agresores.
Las leyes sobre delincuentes sexuales reflejan la preocupación pública de que menores de edad se encuentren en grave riesgo de sufrir abuso sexual por parte de extraños que son ofensores reincidentes. No obstante, tal como el informe lo documenta, los riesgos reales que los menores enfrentan son muy diferentes: las estadísticas gubernamentales indican que la mayor parte del abuso sexual infantil es cometido por miembros de la familia o figuras de autoridad que gozan de confianza, y por una persona que previamente no había sido condenada por un delito sexual.
Asimismo, las leyes reflejan la común pero errónea creencia de que “un delincuente sexual siempre será delincuente sexual”. Estudios confiables indican que tres de cada cuatro ofensores adultos no reinciden. Adicionalmente, el tratamiento puede ser efectivo incluso para aquéllos que han cometido crímenes sexuales graves.
“Los políticos no hicieron bien su tarea antes de promulgar estas leyes sobre delincuentes sexuales”, dijo Sarah Tofte, investigadora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Por el contrario, han perpetuado mitos acerca de los ofensores sexuales y no han encarado las complejas realidades de la violencia sexual contra menores”.
Políticas de registro
Actualmente, la ley federal y las leyes de los 50 estados exigen que adultos, y algunos jóvenes convictos por una amplia gama de delitos relacionados con la conducta sexual, registren sus direcciones y otros datos en las agencias de procuración de justicia. Dado que los requisitos para registro son excesivamente amplios en su alcance y de larga duración, hay más de 600,000 ofensores sexuales registrados en Estados Unidos, incluyendo a individuos sentenciados por crímenes no violentos tales como relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre adolescentes, prostitución y orinar en la vía pública, así como sujetos que cometieron sus únicas ofensas décadas atrás.
“El público cree que todas las personas que figuran en el registro de delincuentes sexuales son peligrosas”, dijo Fellner. “Pero ¿cuál es el sentido de exigir que se registre un adolescente que expuso sus partes privadas durante una broma en el bachillerato o incluso alguien que abusó sexualmente de un menor hace 30 años?”
La mayoría de los estados no realizan evaluaciones de riesgo individualizadas antes de exigir el registro. Tampoco ofrecen a ex delincuentes una manera de dejar el registro al demostrar su rehabilitación o años de conducta legal.
Human Rights Watch determinó que existe poca justificación para registrar a delincuentes juveniles, incluso a aquéllos que han cometido delitos graves. Es probable que la mayoría supere dicha conducta, en particular, si se le brinda tratamiento. Las tasas de reincidencia entre delincuentes juveniles son sumamente bajas y pocos agresores adultos cometieron crímenes sexuales en su juventud.
En el informe “No hay respuestas fáciles”, Human Rights Watch recomienda que los requisitos para registro se limiten a personas que se considere que presentan un riesgo real de cometer otro delito sexual grave.
Registros en línea
Debido a las leyes sobre notificación a la comunidad, actualmente todos los estados cuentan con registros de delincuentes sexuales accesibles al público a través de Internet. Estos registros proporcionan los antecedentes penales, fotografía y dirección actual de ex delincuentes, y a menudo otros datos tales como el número de placas de sus vehículos.
Las leyes no limitan la información de los registros en línea: toda persona que tenga acceso a Internet puede averiguar quién está registrado en cualquier parte del país. La consecuencia para quienes figuran en los registros son devastadoras. Su privacidad es destrozada. Muchos de ellos no pueden obtener o mantener sus empleos ni encontrar una vivienda asequible. Sus hijos e hijas han sufrido hostigamiento en la escuela; e incluso sus cónyuges han sido obligados a dejar sus trabajos. Ex delincuentes que aparecen en los registros en línea han sido acosados hasta abandonar sus hogares; se les ha lanzado piedras por las ventanas y se les ha dejado excremento en las puertas de sus casas. Se les ha golpeado, quemado y apuñalado y sus hogares han sido incendiados. Por lo menos cuatro de los registrados fueron asesinados por extraños que encontraron sus nombres y direcciones a través de los registros en línea. Otros han sido orillados al suicidio.
Human Rights Watch reconoce el deseo de madres y padres de saber si al lado de su casa viven delincuentes peligrosos. Sin embargo, una notificación a la comunidad que fuera cuidadosamente diseñada y proporcionada en forma directa por agentes de procuración de justicia les brindaría la información necesaria mientras se minimizan los daños ex delincuentes.
Restricciones al lugar de residencia
Un creciente número de estados y municipios también ha prohibido a los delincuentes registrados vivir dentro de límites determinados (típicamente entre 152 y 762 metros) de los lugares donde se reúnen menores; tales como escuelas, zonas de recreo y guarderías. Muchas de estas restricciones se aplican incluso a ofensores que no fueron declarados culpables de abuso infantil. En lo que concierne a delincuentes que sí victimizaron a niñas o niños, los datos disponibles sugieren que prohibirles vivir cerca de cualquier lugar donde existan menores no reduce la probabilidad de que vuelvan a cometer abusos. Muchos agentes de procuración de justicia y proveedores de tratamiento a delincuentes sexuales subrayan la importancia de estabilidad y apoyo para reducir la reincidencia. Asimismo, critican las restricciones al lugar de residencia por considerarlas contraproducentes, ya que aíslan y empujan a la clandestinidad a individuos que podrían necesitar de contacto con su familia, tratamiento y supervisión. Las actuales leyes sobre libertad condicional y libertad vigilada permiten que se apliquen restricciones y condiciones individualizadas a ex delincuentes cuando ello sea pertinente.
Human Rights Watch concluye que las restricciones al lugar de residencia deben ser eliminadas.
“Las restricciones al lugar de residencia no resuelven nada”, dijo Tofte. “Simplemente hacen casi imposible que los ex delincuentes puedan restaurar sus vidas”.
El informe de Human Rights Watch incluye varios casos de personas cuyas vidas sufrieron un daño significativo debido a las restricciones. Una mujer, quien mientras era estudiante de bachillerato tuvo sexo oral con otro adolescente, se vio obligada a dejar su hogar porque éste se encontraba cerca de una guardería. Un entrenador de softbol, quien hace seis años tocó los glúteos de un jugador de 12 años, no puede vivir con su esposa y su familia porque su hogar se ubica dentro de una zona restringida.
La Ley Adam Walsh
La Ley Federal de Protección y Seguridad de Menores Adam Walsh, aprobada en 2006, agravará los problemas con las leyes estatales sobre delincuentes sexuales. Esta ley obliga a los estados ya sea a incrementar sustancialmente el alcance y la duración del registro y las restricciones a la notificación a la comunidad – incluso exigiéndoles a los estados registrar a jóvenes que apenas tienen 14 años – o perder una parte de los fondos federales para procuración de justicia. El cumplimiento de la Ley Adam Walsh impedirá que los estados adopten políticas de registro y notificación a la comunidad calibradas con mayor cuidado y más eficientes en materia de costos. Por lo menos algunos estados están debatiendo respecto a si los costos incurridos en cumplir dicha ley superan los beneficios. Human Rights Watch hace un llamado a reformar la Ley Adam Wash.
Recomendaciones
En el informe “No hay respuestas fáciles”, Human Rights Watch plantea una serie de recomendaciones para los gobiernos estatales:
- Rechazar cambiar las leyes sobre registro y notificación a la comunidad para cumplir los requisitos de la Ley Adam Walsh;
- Eliminar las leyes sobre restricciones al lugar de residencia;
- Limitar los requisitos para registro a aquellas personas que fueron sentenciadas por crímenes graves, y quienes tras ser evaluadas individualmente se ha determinado que presentan un riesgo significativo de reincidir en los abusos; y,
- Prevenir la difusión ilimitada de información eliminando los registros públicos en línea. La notificación a la comunidad debe ser emprendida sólo por agentes de procuración de justicia y únicamente en los casos de personas registradas que representen un riesgo sustancial de reincidencia.
“Toda persona tiene el derecho a una vida libre de violencia sexual”, dijo Tofte. “Los estados deben diseñar leyes que protejan este derecho en forma justa y sensata”.
