Las autoridades tunecinas infligieron maltratos a dos individuos antes detenidos en Guantánamo que el pasado junio fueron enviados de regreso a su país, esto a pesar que Túnez se comprometió con el gobierno de Estados Unidos a tratarlos de manera humanitaria, declaró Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

Al momento el gobierno tunecino tiene en prisión a ambos hombres, Abdullah al-Hajji Ben Amor y Lotfi Lagha, quienes han relatado a los visitantes que la situación es tan mala que preferirían estar en Guantánamo, dijo Human Rights Watch.

“El cierre del centro de detención en Guantánamo ofrecería a Estados Unidos una de las mejores oportunidades para ayudar a reconstruir su autoridad moral y buena voluntad internacional”, dijo Jennifer Daskal, asesora principal de Human Rights Watch sobre contraterrorismo. “Washington no debería desaprovechar esa oportunidad repatriando forzosamente a los detenidos a países con conocida trayectoria de tortura y abusos”.

El informe de 41 páginas, denominado “Ill-fated Homecomings: A Tunisian Case Study of Guantanamo Repatriations” (“Retornos desafortunados: Un estudio de caso de repatriaciones desde Guantánamo hasta Túnez”), describe las experiencias de los dos ciudadanos tunecinos repatriados hace 11 semanas. Asimismo, exhorta al gobierno de Estados Unidos a establecer un proceso mediante el cual se les notificaría anticipadamente a los detenidos acerca de su transferencia y se les daría la oportunidad de disputarla ante una corte federal si temen ser sometidos a tortura o malos tratos al regresar a sus países de origen.

Diez detenidos tunecinos permanecen en Guantánamo y por lo menos ocho de ellos recibieron en Túnez sentencias por crímenes que fueron dictadas en su ausencia.

El 18 de junio, las autoridades estadounidenses repatriaron por vía aérea, desde Guantánamo hasta Túnez, a al-Hajji, de 51 años de edad con ocho hijos e hijas, y a Lagha, de 38 años y originario de una remota aldea del sur de Túnez, y los entregaron a las fuerzas de seguridad tunecinas. Estados Unidos los mantuvo detenidos en Guantánamo por aproximadamente cinco años sin haberlos nunca acusado de algún crimen.

Durante la última semana de julio, dos investigadores de Human Rights Watch viajaron a Túnez para indagar sobre el destino de estos dos hombres. Si bien las autoridades le denegaron a Human Rights Watch la solicitud para reunirse con los detenidos, los investigadores conversaron con su abogado y con parientes que los han visitado.

Al-Hajji le dijo a su abogado que al volver a Túnez pasó sus primeros dos días en el Ministerio del Interior, donde agentes de seguridad tunecinos lo abofeteaban, amenazaron con que violarían a su esposa e hijas, lo sacudían para despertarlo cada vez que empezaba a quedarse dormido y lo coaccionaron a firmar un papel que él no pudo leer porque necesita nuevos anteojos. Después de que al-Hajji firmó la declaración, las autoridades tunecinas lo llevaron ante el tribunal militar que en 1995 lo sentenció en su ausencia por el cargo de haber participado en una organización terrorista extranjera fuera de Túnez.

Él permaneció las siguientes seis semanas en confinamiento solitario, en un cuarto que calificó como su “tumba”. A principios de agosto se le trasladó a una celda compartida con otros prisioneros comunes, donde ahora espera un nuevo juicio que se celebrará el 26 de septiembre. Al-Hajji le dijo a su abogado que los estadounidenses en Guantánamo nunca le informaron que había sido sentenciado en su ausencia y que si él hubiera sabido esto se habría negado a que se le repatriara.

Lagha, quien nunca fue representado por un defensor en Guantánamo, no se reunió con un abogado en Túnez sino hasta el 9 de agosto, más de siete semanas después de haber sido repatriado. Al igual que lo hicieron con al-Hajji, inicialmente las autoridades condujeron a Lagha al Ministerio del Interior. Lagha le dijo luego a su abogado que la policía lo había amenazado con torturarlo pero que no le infligió abusos físicos.

Posteriormente, un juez interrogó a Lagha sin presencia de un abogado y recomendó que se le imputaran cargos. Lagha fue enviado a detención previa al juicio y se le mantuvo en confinamiento solitario por más de seis semanas. Las autoridades lo transfirieron el 7 de agosto a una celda junto a prisioneros comunes.

“En sus informes sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos es enfático en cuanto a la persistencia de torturas y juicios injustos en Túnez”, dijo Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch para el Medio Oriente y Norte de África. ¿Cree realmente el gobierno estadounidense que las ‘garantías diplomáticas’ serán suficientes contra estas arraigadas prácticas?”

Estados Unidos dice que a través de negociaciones puede mitigar el riesgo de torturas obteniendo lo que se conoce como “garantías diplomáticas” – o promesas de trato humanitario – por parte del país receptor. Robert F. Godec, embajador estadounidense en Túnez, dijo a Human Rights Watch que las garantías de Túnez son “específicas y creíbles, y daremos seguimiento a esas garantías”. Sin embargo, el embajador Godec no quiso o no pudo decir específicamente qué había prometido Túnez respecto a al-Hajji y Lagha, si este país había honrado sus promesas o qué haría Estados Unidos para darles seguimiento.

“La experiencia de los tunecinos retornados muestra, una vez más, que Estados Unidos no puede confiar en las ‘garantías diplomáticas’ para descartar un temor legítimo de tortura o abusos”, dijo Daskal.

Antecedentes

Estados Unidos dice ahora que 150 de los 355 detenidos en la Bahía de Guantánamo son elegibles para ser puestos en libertad o transferidos. Human Rights Watch exhorta al gobierno estadounidense a que notifique anticipadamente a los detenidos acerca de toda transferencia pendiente y les brinde la oportunidad de disputar la transferencia, inclusive la confiabilidad de cualquier “garantía diplomática”, ante una corte federal. Esa notificación debería incluir la información relevante que sea necesaria para que los detenidos puedan tomar decisiones informadas, incluyendo todos los antecedentes de sentencias previas dictadas en ausencia.

Si bien Human Rights Watch contempla que la gran mayoría de detenidos no querrá disputar que se le transfiera de vuelta a su país de origen, el proceso antes mencionado establecerá una protección necesaria para aquéllos que, de llegar a ser repatriados, podrían sufrir torturas y otros abusos.

De los 355 detenidos que Estados Unidos aún retiene en Guantánamo, aproximadamente 50 provienen de naciones como Argelia, China, Libia, Túnez y Uzbekistán, todos los cuales tienen una conocida trayectoria de tortura. Ellos les han dicho a sus abogados que sienten tanto temor de ser torturados o sufrir otros tipos de abuso que no desean regresar a sus países de origen. Otros nueve que no tienen un defensor que los represente o nunca se han reunido con su abogado son ciudadanos de países “en riesgo” y también podrían tener preocupaciones válidas respecto a ser repatriados, al igual que otros debido a circunstancias personales. La Convención contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es signatario, prohíbe la devolución de cualquier persona a otro Estado cuando “haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

En algunos casos, el gobierno ha reconocido que son legítimas las preocupaciones de los detenidos, como ocurre con los uighures chinos, y está procurando activamente enviarlos a un tercer país. Aun así, también se admite que no es fácil el proceso de encontrar una nación dispuesta a reasentar a estos detenidos, mucho menos un país apropiado.

Como resultado de ello, el gobierno estadounidense parece estar recurriendo cada vez más al uso de las “garantías diplomáticas” por parte del país de origen del detenido, como un medio para mitigar los riesgos de que sufra abusos. La investigación de Human Rights Watch acerca de dichas garantías indica fuertemente que éstas no proveen una efectiva protección contra la tortura ni los malos tratos. Antiguos detenidos en Guantánamo que fueron repatriados a Rusia en 2004 sufrieron torturas y otros abusos a pesar de que Moscú se había comprometido con el gobierno de Estados Unidos a tratarlos de manera humanitaria, según el informe de Human Rights Watch denominado “The Stamp of Guantanamo” (“El sello de Guantánamo”), publicado en marzo de 2007.

Además de negociar tales garantías con Túnez, se cree que Estados Unidos está intentando obtenerlas de Argelia y Libia, países de los cuales aún hay respectivamente 26 y nueve detenidos en Guantánamo. Ambas naciones tienen una conocida trayectoria de tortura.