Un informe del gobierno sobre cientos de asesinatos políticos y “desapariciones” perpetrados durante el régimen militar de Brasil, es un importante paso adelante para enfrentar años de impunidad oficial, dijo hoy Human Rights Watch. El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó el informe el miércoles en una ceremonia en Brasilia en la que también participaron los familiares de las víctimas.
El informe gubernamental de 500 páginas, titulado “El Derecho a la Memoria y a la Verdad,” es el resultado de 11 años de investigación efectuada por la Comisión Especial sobre Asesinatos Políticos y Desapariciones, que fue establecida en 1995, durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, con el propósito de determinar el destino de los opositores políticos que fueron asesinados o “desaparecidos” por las fuerzas de seguridad estatales entre 1961 y 1988.
“Brasil finalmente ha divulgado una detallada relación de los métodos brutales que su régimen militar usó para deshacerse de sus oponentes políticos,” dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero aún necesitan ser esclarecidos aspectos significativos de esta historia oscura.”
De acuerdo al informe, las fuerzas armadas brasileñas nunca abrieron los archivos confidenciales pertinentes al período de dominación militar (1964-1985). En consecuencia, la comisión fue incapaz de esclarecer aspectos importantes de estos crímenes, incluyendo el destino de la mayoría de las víctimas “desaparecidas.”
La comisión analizó los reclamos de reparación de los familiares de las víctimas, así como investigó también las circunstancias de cada una de las supuestas muertes y desapariciones. Las reparaciones fueron otorgadas en 356 casos.
A diferencia de otros países que también padecieron regímenes militares despiadados, como Argentina y Chile, Brasil nunca ha procesado a los responsables de las atrocidades cometidas en el pasado. Una ley de amnistía aprobada en 1979 perdonó tanto a los agentes gubernamentales como a los integrantes de los grupos políticos armados que hayan cometido abusos.
“El gobierno brasileño ha hecho un progreso real en establecer la verdad y en proporcionar reparaciones a los familiares de las víctimas,” dijo Vivanco. “Lo que todavía falta es administrar justicia, llevando a juicio a los responsables de esos horrendos crímenes.”
