La nueva prohibición general del aborto promulgada por Nicaragua – inclusive en casos de violación, incesto o embarazos que amenazan la vida – viola los estándares internacionales en materia de derechos humanos y representa un grave riesgo para las mujeres, declaró hoy Human Rights Watch en una carta abierta enviada a la Corte Suprema de Justicia del país.

Se espera que la Corte emita en las próximas dos semanas un dictamen acerca de la constitucionalidad de la prohibición, que fue impuesta el pasado noviembre.

“El derecho internacional proscribe las prohibiciones del aborto porque tales restricciones niegan a las mujeres sus derechos fundamentales a la vida y a la salud”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La prohibición del aborto en Nicaragua constituye una afrenta a los estándares internacionales – y a las mujeres nicaragüenses."

La penalización del aborto en Nicaragua es incompatible con las obligaciones del Estado nicaragüense bajo el derecho internacional porque amenaza los derechos de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la igualdad, la privacidad, la integridad física y la libertad de culto y de conciencia. La carta abierta de Human Rights Watch a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua incluye un análisis exhaustivo de estos principios.

La Asamblea Nacional de Nicaragua promulgó una prohibición general del aborto durante la fuertemente disputada campaña presidencial de 2006 en el país. Al hacerlo eliminó la posibilidad de que las mujeres y las niñas obtengan un aborto con fines terapéuticos – es decir, para proteger su salud o su vida – a pesar de que estas disposiciones habían existido en el Código Penal de Nicaragua por más de cien años. La actual prohibición del aborto pone en riesgo las vidas de las mujeres nicaragüenses y las amenaza a ellas y a los profesionales de la salud con persecución penal y hasta 14 años en prisión.

Ya es evidente el dañino impacto que la prohibición está teniendo en las mujeres. Durante una misión de investigación a Nicaragua en agosto, Human Rights Watch documentó retrasos en la prestación de servicios obstétricos de emergencia en el sector de la salud pública cuyos resultados fueron fatalidades prevenibles. Mujeres embarazadas que padecían problemas de salud, en particular las mujeres pobres que dependen de los servicios del sector público, mostraron con frecuencia un marcado temor a procurar tratamiento. Tanto los médicos como las mujeres atribuyeron a la prohibición los retrasos en el tratamiento y la búsqueda de éste, debido a aprensiones respecto a violar la ley. La prohibición hace que las mujeres y niñas que carecen de recursos económicos sean especialmente vulnerables a prácticas de aborto inseguras.

“Hay familias que han perdido a sus hijas, hermanas y esposas a causa de los retrasos en el tratamiento de hemorragias post-aborto y otras complicaciones”, dijo Vivanco. “Todos los médicos a quienes entrevistamos dijeron que la prohibición ha generado un clima de temor en el sector de la salud pública y esto ha llevado a retrasos fatales en la atención de emergencias obstétricas”.

Funcionarios del gobierno nicaragüense reconocieron ante Human Rights Watch que la prohibición ha tenido un efecto adverso en el acceso a tratamiento que tiene el potencial de salvar la vida. También dijeron que después de haber sido impuesta la prohibición, el Ministerio de Salud había recibido más quejas respecto a los retrasos en el tratamiento.

Human Rights Watch conversó con varios funcionarios gubernamentales, incluso del Ministerio de Salud, quienes expresaron una profunda preocupación acerca del impacto de la prohibición en la salud de las mujeres, pero dijeron que los principales partidos políticos de Nicaragua aprobaron la prohibición para obtener el apoyo político de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica durante las elecciones presidenciales de 2006.

El partido Sandinista, hoy día en el poder, controla el 40 por ciento de los escaños en la Asamblea Nacional y se piensa ampliamente que de él depende la reconsideración legislativa de la prohibición general.

“Inclusive en el Ministerio de Salud los médicos reconocen que esta prohibición constituye una amenaza para la salud y las vidas de las mujeres”, dijo Vivanco. “Las autoridades nicaragüenses deberían priorizar las vidas de las mujeres por sobre la retórica política y poner fin a esta dañina prohibición”.

Testimonios seleccionados:

“Ella estaba sangrando ... Por eso la llevé de emergencia al hospital ... pero le dijeron los médicos que no tiene nada. ... Volvió a sentirse mal [con fiebre y hemorragias] y el martes la ingresaron. ... Le pusieron suero con la presión baja. ... ‘Mami’, me dice, ‘no me están dando trato’. ... No le pusieron nada, nada. ... Cuando llegó el marido para llevarle la comida escuchó unos gritos. ... La llevaron [a otro hospital en Managua], pero era muy tarde. Murió de un paro cardíaco. ... Me la llevaron toda morada, irreconocible. Para mí que ni era mi hija”.
-- Ángela Morales [nombre ficticio], madre de una mujer de 22 años de edad que murió a causa de hemorragia relacionada con el embarazo en un hospital público de Managua en noviembre de 2006, apenas días después de que fuera implementada la prohibición general del aborto. Basándose en comentarios hechos por los médicos en ese momento, Morales cree que a su hija no se le dio tratamiento pues ellos estaban renuentes a tratar una emergencia relacionada con el embarazo por temor a que se les acusara de proveer abortos terapéuticos.

“Aquí [en el hospital] hemos tenido mujeres que han fallecido. ... Por ejemplo, [nombre retenido] fue a un centro y se hizo un ultrasonido. Era claro que necesitaba un aborto terapéutico. Nadie quiso hacer un aborto porque el feto se quedaba vivo. La señora se quedó dos días sin hacerle nada hasta que se expulsó el feto solo. En ese entonces ya estaba en situación de choque séptico y murió cinco días después. Esto fue en marzo 2007”.
-- Dr. Francisco del Palacio, Subdirector de Educación del Hospital Alemán Nicaragüense, Managua.

“El efecto [de la prohibición] lo hemos visto en el personal médico. ... Hemos tenido situaciones que deben atenderse, [pero] por miedo no atienden rápido. ... Porque en un hospital tenían una paciente con un embarazo ectópico, roto, no había nada qué hacer [para salvar al feto], pero no se trató. ... Es como una excusa. ... Los médicos no quieren ‘comprometerse’ entre comillas. ... Hemos recibido quejas.”
-- Dr. Jorge Orochena, Director de Control de Calidad, Ministerio de Salud.

Para leer la carta abierta de Human Rights Watch enviada a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, por favor ver:

  • https://www.hrw.org/pub/amicusbriefs/nicaragua0807web.pdf (en inglés)
  • https://www.hrw.org/pub/amicusbriefs/nicaragua0807spweb.pdf (en español)