(Nueva York) – En su esfuerzo por establecer un estado independiente en las provincias fronterizas del sur de Tailandia, los grupos separatistas están matando y mutilando a civiles, y atacando escuelas, clínicas comunitarias y templos budistas, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.
El informe de 104 páginas, "No One is Safe: Insurgent Attacks on Civilians in
Thailand's Southern Border Provinces" (Nadie está a salvo: Ataques insurgentes
en las provincias fronterizas del sur de Tailandia), detalla los abusos a los
derechos humanos y la violencia cometidos contra civiles por parte de militantes
separatistas, entre enero de 2004 y julio de 2007, en las provincias de Pattani,
Yala, Narathiwat y Songkhla, donde predomina la etnia musulmana malaya. El
informe está basado en entrevistas a testigos presenciales, familiares de las
víctimas, académicos, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos
y funcionarios del gobierno.
Además, el informe incluye testimonios
directos de miembros y militantes de los grupos separatistas en los que hablan
de sus motivaciones e intentan justificar los ataques.
"Después de
décadas de una insurgencia de baja intensidad, la región meridional de Tailandia
se está convirtiendo en escenario de un brutal conflicto armado", señaló Brad
Adams, director para Asia de Human Rights Watch. "Los militantes separatistas
están atacando intencionalmente a civiles tanto budistas como musulmanes con
disparos, bombas y machetes", agregó.
Los militantes basados en las
aldeas, denominados Pejuang Kemerdekaan Patani (Luchadores por la Liberación de
Patani) dentro de la red informal de BRN-Coordinate (Frente Revolucionario
Nacional-Coordinado) se han convertido en el eje central de una nueva generación
de militantes separatistas. Con mayor frecuencia, afirman que las provincias
fronterizas del sur no son tierra de los tailandeses budistas, sino una "zona de
conflicto" religioso que tiene que dividirse entre los miembros de la etnia
musulmana malaya y los "infieles". Los separatistas intentan liberar por la
fuerza el Patani Darulsalam (Territorio Islámico de Patani), de lo que califican
una ocupación de los tailandeses budistas.
Human Rights Watch
documentó que los separatistas han llevado a cabo más de 3.000 ataques contra
civiles, entre enero de 2004 y julio de 2007. Al mismo tiempo, se produjeron
alrededor de 500 ataques contra varias unidades militares y su personal, y una
cantidad similar de ataques contra unidades policiales y su personal.
De las 2.463 personas asesinadas en ataques durante los últimos tres
años y medio, 2.196 (el 85 por ciento) eran civiles. Tailandeses budistas y
musulmanes malayos fueron asesinados por atentados con bomba, disparos,
emboscadas, y machetazos. Al menos 29 de las víctimas habían sido decapitadas y
mutiladas. Hubo cientos de ataques de militantes contra maestros, escuelas,
trabajadores de la salud, personal de hospitales y centros de salud
comunitarios. Por primera en la historia de las insurgencias separatistas en la
región, se pueden contar a monjes y novicios budistas entre las víctimas fatales
y los heridos por los militantes separatistas.
"Los militantes
separatistas están empleando la violencia contra los civiles para ahuyentar de
estas provincias a los tailandeses budistas, mantener controlados a los malayos
musulmanes y desacreditar a las autoridades tailandesas", señaló Adams. "Pero
los ataques deliberados contra civiles son ilegales y moralmente indefendibles
en cualquier circunstancia", agregó.
Nit Jombadin, tailandesa budista,
recordó que, el 28 de mayo, estaba llevando a su hija de dos años, Napaswan, a
una puesto de comida cuando estalló una bomba en un mercado concurrido del
distrito de Songkhla's Saba Yoi, que mató a cuatro personas e hirió a otras 26:
"Llevaba a mi hija en brazos, mientras le hablaba y jugaba con
ella. Cuando le estaba preguntando qué caramelo quería comprar, explotó una
bomba detrás de nosotras. Ví como la metralla le desgarró el cuerpo. Mi hija
murió al instante. Ví a otra niña pequeña con uniforme escolar en el suelo no
lejos de mi hija. También estaba muerta... El cuerpo de mi hija se quedó tendido
en la carretera durante muchas horas. No podía parar de llorar. Sentí que se me
paraba el corazón. ¿Cómo podían hacer esto?... El lugar estaba lleno de padres y
niños que salían de la escuela..."
Los militantes separatistas
están llevando a cabo ejecuciones sumarios de civiles por motivos de su
pertenencia étnica. El 14 de marzo, una camioneta de pasajeros que hacía el
recorrido entre Yala y Songkhla fue emboscada en el distrito Yaha de Yala.
Supawan Sae Lu, que sobrevivió el ataque que mató a su hija de 18 años y otros
ocho pasajeros, recordó:
"El chofer vio que la carretera estaba bloqueada. Intentó dar
marcha atrás. Pero entonces aparecieron los hombres armados con rifles de asalto
y vestidos de verde, salieron del lado de la carretera. Anunciaron que iban a
matar a todos los budistas y empezaron a dispararnos uno por uno. Mi hija estaba
intentando echarse sobre mi cuando le dispararon en la
cabeza".
Human Rights Watch también documentó ataques separatistas
contra miembros de la etnia malaya musulmana que colaboraban con las autoridades
tailandesas, o se oponían a las operaciones de los militantes. A estos malayos
musulmanes se les acusa de munafig (hipócritas) o traidores, que han cometido
haram (terribles pecados) al traicionar la combinación radical de nacionalismo
malayo e ideología islamista. Las víctimas suelen ser líderes religiosos o
padres que han obstaculizado el reclutamiento o la formación de nuevos miembros
por parte de los militantes separatistas en sus aldeas, o cuyas críticas a la
insurgencia eran conocidas.
Usman Jaema, miembro de la etnia malaya
musulmana, contó a Human Rights Watch que, en enero de 2004, su hijo de 15 años
había sido asesinado con machetes y hachas por los militantes separatistas que
querían enviarle un mensaje, como jefe de comunidad en el distrito de
Narathiwat's Muang, para que no se opusiera a sus operaciones:
"Hay una decena de jóvenes musulmanes en esta aldea que se han
unido a los militantes. Han sido entrenados para convertirse en combatientes
guerrilleros. A ellos no les gusto... Nunca defenderé estos asesinatos sin
sentido. No está bien hacer daño a personas inocentes, sin importar quién sean...
Después del ataque, mis vecinos me miran con desprecio. Dijeron que si no podía
proteger a mi propio hijo, ¿cómo iba a poder protegerles a ellos? Algunos de
ellos han dicho que podría ser práctico apoyar a los militantes para asegurar su
seguridad".
Un principio fundamental de las leyes de la guerra es
la distinción entre objetivos civiles y militares. El argumento de los
militantes que propone que los civiles atacados formaban parte de un grupo más
grande (los tailandeses budistas) con miembros involucrados en las hostilidades
no sirve ni para defender ni para justificar una violación tan grave de dichas
leyes. Otros argumentos de los militantes, como las interpretaciones radicales
de la ley islámica, carecen igualmente de todo fundamento de acuerdo con las
leyes de la guerra. El derecho internacional humanitario prohíbe explícitamente
muchas de las tácticas empleadas por los militantes, entre ellas: los ataques de
represalia contra civiles y combatientes capturados, la ejecución sumaria de
civiles o combatientes capturados, la mutilación u otras formas de maltrato a
los muertos, y los ataques dirigidos contra instalaciones civiles como casas,
escuelas, templos y clínicas comunitarias.
"El miedo es rampante en el
sur de Tailandia y la violencia ha alterado casi todos los aspectos de la vida
de los ciudadanos ordinarios", señaló Adams.
En respuesta a los
ataques militantes, el gobierno tailandés ha impuesto una legislación especial
de seguridad - que incluye el Decreto Ejecutivo sobre la Administración del
Gobierno en Situaciones de Emergencia o la ley marcial - y ha aumentado el
número de tropas regulares y paramilitares a casi 30.000 efectivos en las
provincias fronterizas del sur del país. En este contexto, las fuerzas de
seguridad y la policía tailandesas han llevado a cabo ejecuciones
extrajudiciales, "desapariciones" y detenciones arbitrarias de personas cuya
participación en los grupos separatistas se conocía o sospechaba. Human Rights
Watch ha documentado muchos de estos abusos en un informe publicado en marzo de
2007. (El informe, "‘It Was Like Suddenly My Son No Longer Existed': Enforced
Disappearances in Thailand's Southern Border Provinces" (Era como si mi hijo
hubiera dejado de existir: Desapariciones forzadas en las provincias fronterizas
del sur de Tailandia) está disponible en: https://www.hrw.org/reports/2007/thailand0307/.)
El gobierno provisional del General Surayud Chulanont, instaurado
después del golpe militar de septiembre de 2006, ha señalado una nueva
estrategia para la crisis en la región. El 2 de noviembre, el Primer Ministro
Surayud se disculpó públicamente ante los residentes de la región y admitió que
sus quejas contra el gobierno eran serias y legítimas. Al mismo tiempo, anunció
el restablecimiento del Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del
Sur para ayudar a investigar las denuncias de la población musulmana en relación
con funcionarios del gobierno corruptos, abusivos e ineptos. Pero sigue sin
estar claro qué medidas concretas va a tomar el gobierno provisional para poner
fin a los abusos tolerados por el estado y la cultura de impunidad en el sur del
país.
Human Rights Watch instó a los grupos separatistas y al gobierno
tailandés a que instituyan medidas concretas para proteger a los civiles y cesen
inmediatamente todos los ataques que no discriminen entre combatientes y
civiles. Además, los grupos separatistas y las autoridades tailandesas deben
permitir investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre las
alegaciones de abusos contra los derechos humanos, y garantizar que se pedirá
cuentas a las personas halladas responsables.
"Las violaciones de los
derechos humanos y la constante impunidad han aumentado el nivel de hostilidad y
ampliado la separación comunitaria entre tailandeses budistas y malayos
musulmanes, lo que hace imposible lograr una solución pacífica y duradera para
este brutal conflicto", señaló Adams.
