La Cámara para Crímenes de Guerra de Serbia ha realizado avances considerables en materia de procesamientos a nivel nacional desde su creación en 2003, pero el gobierno serbio debe aumentar su respaldo a la cámara si desea poner fin a la impunidad de los crímenes de guerra ocurridos en el país, señaló Human Rights Watch en un comunicado publicado hoy.
Más tarde en el día de hoy se espera que la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo sancione una resolución sobre el procesamiento de crímenes de guerra en los Balcanes y se pronuncie sobre la necesidad de que los Estados continúen la labor realizada por el Tribunal de la Haya relacionado a personas sospechadas de haber cometido crímenes de guerra.
El comunicado de 32 páginas evalúa los avances realizados por la Cámara para Crímenes de Guerra desde su creación en 2003 como complemento de la labor llevada a cabo por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). El TPIY, con sede en La Haya, llevará a juicio solamente un número limitado de acusados de alta jerarquía antes de que caduzca su mandato en el año 2010. Los restantes acusados de rango intermedio o inferior deben ser juzgados en tribunales nacionales, incluso los de Serbia.
“El gobierno serbio debe demostrar que cuenta con la voluntad política necesaria para poner fin a la impunidad relacionada a los crímenes de guerra,” señaló Sara Darehshori, consejera sénior del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. “Belgrado debe entregar a La Haya a quienes todavía se encuentran fugitivos y brindar el apoyo público e inequívoco que requieren los procesamientos nacionales por crímenes de guerra.”
A la fecha, la Cámara para Crímenes de Guerra ha llevado a término tres juicios (uno de los cuales está siendo reiterado), mientras que otros tres se encuentran en curso. Se estima que entre 32 y 35 casos se encuentran en la etapa de instrucción o investigación en la actualidad, incluso casos vinculados a crímenes de guerra en Kosovo y Croacia.
Entre los juicios finalizados se incluye el caso Ovcara, en el que 16 personas fueron juzgadas por el asesinato, en 1991, de 200 individuos de origen no-serbio que fueron sustraídos del hospital de Vukovar, Croacia, y ejecutados en una granja de cerdos ubicada en las inmediaciones. También se llevó a término el juicio por el caso Scorpion, relacionado con la ejecución de civiles musulmanes de Srebrenica a manos de paramilitares serbios en 1995.
“El hecho de que la mayoría de los casos tratados por la cámara tengan que ver con el procesamiento de personas de origen serbio por la matanza de personas no-serbias constituye un logro importante en sí mismo,” señaló Darehshori.
En los últimos tres años la Cámara para Crímenes de Guerra ha dado una serie de pasos importantes para mejorar la cooperación con Bosnia y Croacia. Se han instrumentado nuevas medidas para garantizar la protección de testigos y se han realizado esfuerzos para que los medios de comunicación se muestren más sensibles a los intentos de llevar a cabo los juicios.
Sin embargo, a la Cámara para Crímenes de Guerra aún le resta mucho por hacer. Gran parte de Serbia desconoce la labor de la Cámara para Crímenes de Guerra. No resulta claro si el fiscal y sus investigadores, dentro del sistema legal serbio, tienen la autoridad necesaria para enjuiciar a oficiales de alto rango en base a su responsabilidad de mando, o si tienen el compromiso necesario para hacerlo.
Una serie de revocaciones dictaminadas por la Suprema Corte, así como un sobreseimiento y una sentencia de cinco años en el caso Scorpion pueden menoscabar la voluntad de las víctimas y los testigos de presentarse y dar testimonio en Serbia. La Cámara para Crímenes de Guerra, la Oficina del Fiscal y la Unidad para la Protección de Testigos están pobremente financiadas y las disposiciones que prohíben la extradición de nacionales siguen obstaculizando la plena cooperación entre los países.
“El progresivo retiro del Tribunal de la Haya hace de los procesamientos nacionales en Serbia un asunto de vital importancia,” señaló Darehshori. “Los procesamientos a nivel nacional son esenciales para garantizar la justicia y para dar a conocer al pueblo serbio la realidad de los crímenes cometidos por el régimen de Milosevic.”
Las recomendaciones a las autoridades serbias que se desprenden del comunicado incluyen que se enmiende la legislación a los efectos de eliminar la prohibición de extraditar nacionales acusados de haber cometido crímenes de guerra, que se coloque a la unidad de investigación de crímenes de guerra bajo el control directo de la Oficina del Fiscal para Crímenes de Guerra, y que los funcionarios de alto rango del gobierno serbio brinden un apoyo inequívoco y público a la labor realizada por el Fiscal y la Cámara para Crímenes de Guerra.
El comunicado amplía un informe publicado por Human Rights Watch en octubre de 2004 sobre el procesamiento nacional de crímenes de guerra en la ex Yugoslavia titulado “Justice at Risk: War Crimes Trials in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia and Montenegro” (Justicia en riesgo: Juicios por crímenes de guerra en Croacia, Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro).
