En los últimos cinco años he entrevistado a cientos de mujeres de países en desarrollo acerca de su acceso a los cuidados de salud reproductiva. Hasta donde sé, el Presidente Bush no lo ha hecho.
No estoy de acuerdo con el enfoque de su gobierno respecto a la planificación familiar, el cual a menudo es demostrablemente acientífico. Sin embargo, desafía toda lógica la afirmación hecha esta semana por el presidente, en el sentido de que se promueve el aborto al dar acceso a los anticonceptivos a las mujeres de escasos recursos. En una declaración política publicada por la oficina del mandatario el 19 de junio, el gobierno manifiesta la intención presidencial de vetar un proyecto de ley que autorizaría ayuda extranjera para programas de planificación familiar porque, según la declaración, dicho proyecto contravendría la Política de la Ciudad de México (también conocida coloquialmente como Regla de Obstrucción Global o “Ley Mordaza”).
El análisis que el gobierno hace de este asunto no sólo es fundamentalmente defectuoso, sino también peligroso. He aquí por qué. La Regla de Obstrucción Global prohíbe proporcionar ayuda extranjera estadounidense a organizaciones no basadas en Estados Unidos que (no con fondos estadounidenses) brindan servicios legales de aborto voluntario o abogan por leyes menos restrictivas sobre el aborto dentro de su país.
La Regla de Obstrucción Global no se trata de si la ayuda extranjera estadounidense ha de ser utilizada para financiar servicios legales de aborto de manera directa – ese tipo de financiamiento ha sido ilegal desde 1973. Es decir que la Regla de Obstrucción Global expresamente niega fondos a organizaciones que incluso con sus propios financiamientos alternativos se niegan a guardar silencio respecto a las devastadoras consecuencias de la penalización del aborto en las vidas de las mujeres, o que simplemente brindan servicios de salud reproductiva que son por completo legales.
Una breve historia de la Regla de Obstrucción Global es que fue inicialmente promulgada por el gobierno de Reagan; la administración Clinton la revocó en 1993; fue reintroducida por el Congreso en 2000 dentro de las asignaciones para ayuda extranjera (con un sistema de excepción) y reinstaurada plenamente por el Presidente Bush como uno de sus primeros actos de gobierno en enero de 2001.
Las organizaciones locales proveedoras de cuidados de salud que han quedado desfinanciadas por la Regla de Obstrucción Global (es decir, aquéllas que se rehúsan a ser “amordazadas”) a menudo brindan servicios que abarcan todo el espectro de la planificación familiar: información sobre métodos anticonceptivos, orientación a jóvenes para posponer la iniciación sexual y prevenir embarazos en la adolescencia, así como el suministro de condones, diafragmas y anticoncepción hormonal.
En vez de prevenir el aborto, el verdadero efecto de la Regla de Obstrucción Global ha sido una disminución en el acceso a servicios de salud reproductiva, información y métodos anticonceptivos modernos. Todos estos servicios, dirigidos primordialmente a mujeres, han demostrado que reducen la cantidad de embarazos críticos y, por lo tanto, de abortos.
En suma, la Regla de Obstrucción Global es una mala política externa y mala para las mujeres.
El proyecto de ley sobre ayuda extranjera que el Presidente Bush ha amenazado vetar contiene una disposición que estipula que a las organizaciones que soliciten ayuda extranjera estadounidense no se les puede negar financiamiento destinado específicamente a la provisión de anticonceptivos sólo sobre la base de la Regla de Obstrucción Global.
El Congreso, a través de esta disposición, parece estar diciendo que mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos podría dar a las mujeres de escasos recursos una mayor oportunidad de evitar recurrir a un aborto frecuentemente inseguro como su único medio de planificación familiar.
Con su promesa de veto, el presidente Bush está diciendo lo contrario: que los anticonceptivos promueven el aborto.
El presidente Bush debería explicarles esta torcida lógica a las numerosas mujeres y adolescentes que, como resultado de la continua guerra del actual gobierno contra la planificación familiar y la información científica sobre la salud, se enfrentarán a abortos inseguros, a las perdurables consecuencias de los embarazos precoces para su salud e incluso a la posibilidad de morir. Ciertamente, el Presidente Bush se beneficiaría del contacto con los millones de personas que se ven afectadas por sus políticas.
