La votación del Congreso que removió a los nueve jueces del Tribunal Constitucional de Ecuador es la última de una serie de acciones arbitrarias, llevadas a cabo por facciones políticas opuestas, que han socavado la autonomía de las instituciones democráticas del país, dijo hoy Human Rights Watch.

“El desacuerdo con una decisión judicial no justifica la remoción sumaria de jueces, especialmente aquellos responsables de velar por la Constitución”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch. “Lamentablemente, éste es sólo el último ejemplo de oficiales ecuatorianos intentando resolver diferencias políticas a través de la remoción de sus opositores de sus puestos”.

Una serie de decisiones controversiales del Congreso y los tribunales fueron el puntapié inicial para una crisis política en marzo, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocara a un referéndum para aprobar la elección de una asamblea constituyente para reescribir la Constitución.

El 6 de marzo, 52 miembros de la legislatura unicameral ecuatoriana, la cual está compuesta de 100 miembros y se opuso a llevar a cabo el referéndum, reemplazó al presidente del TSE luego que el tribunal había anunciado que el referéndum se llevaría a cabo el 15 de abril. El día siguiente, el TSE respondió despidiendo sumariamente a 57 diputados. Ambas decisiones fueron adoptadas sin un sustento legal creíble.

El 23 de abril, el Tribunal Constitucional decidió que el despido de los legisladores era inconstitucional y ordenó que la mayoría fueran reinstalados. Al día siguiente, los nueve jueces fueron removidos por el Congreso.

Ésta es la tercera vez en tres años que el Congreso remueve sumariamente a jueces del Tribunal Constitucional de Ecuador.

La resolución parlamentaria aprobada el 24 de abril argumenta que el período de cuatro años del tribunal ha concluido. El tribunal fue nombrado en febrero del 2006, tras haber estado vacante por 10 meses luego de la remoción en abril del 2005 de los miembros anteriores.

La resolución sostuvo que los períodos de los jueces terminaban en enero del 2007, cuando hubiera terminado el período de los jueces anteriores, si habrían sido mantenidos en sus puestos. La moción fue llevada a cabo sin discusión y sin la presencia de la oposición.

Conforme al artículo 275 de la Constitución, el Tribunal Constitucional es nombrado por el Congreso por un período de cuatro años. La resolución de febrero del 2006 que nombra a los jueces no dice en ningún lado que su período será inferior a cuatro años. Los jueces del Tribunal Constitucional sólo pueden ser removidos por un proceso formal de destitución que prevé el respeto de la garantía de debido proceso.

Cada esfuerzo hecho por las diferentes facciones del Congreso y por el Tribunal Electoral para remover a oficiales de sus puestos ha significado una interferencia seria en la autonomía de otro poder de gobierno, dijo Human Rights Watch.

Las instituciones democráticas de Ecuador han estado en crisis por años. Desde 1997, tres presidentes fueron derrocados antes de terminar sus mandatos. En diciembre del 2004, durante la presidencia de Lucio Gutiérrez, el Congreso despidió y reemplazó a la mayoría de los jueces de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional fue despedido sumariamente en noviembre del 2004 y, otra vez, en abril del 2005.