Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de compartir nuevamente algunas serias preocupaciones sobre la plena vigencia de los derechos humanos en México, que esperamos sean asuntos prioritarios de su gestión de gobierno. En una conversación que mantuvimos con S.E. cuando era candidato presidencial, dialogamos sobre la necesidad de que, de ser electo, su gobierno impulse medidas que promuevan los derechos humanos, aumenten la seguridad pública y fortalezcan el estado de derecho en México.

Con gran satisfacción, hemos constatado que S.E. ha aludido en su programa de gobierno a algunas de estas medidas. Sería de la mayor utilidad que, en relación con los compromisos anunciados, S.E. pudiera detallar cuáles serán las políticas públicas que concretamente se adoptarán para implementar tales principios. A su vez, sería recomendable abordar otras materias que aún no han sido mencionadas. En particular, sería deseable que su sexenio se caracterice por una reforma policial para evitar excesos en el uso de la fuerza; reformas judiciales que busquen terminar con los abusos que socavan la seguridad pública; la rendición de cuentas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia; medidas para asegurar que mujeres y niñas violadas puedan recurrir a un aborto, tal como lo contempla la ley; garantizar que se siga incrementando la transparencia al interior del gobierno; y una política exterior que continúe promoviendo la observación internacional de los derechos humanos en México.

Brutalidad policial

Las policías mexicanas no cuentan con los mecanismos, recursos y capacitación necesarios para disipar manifestaciones públicas sin violencia.

En reiteradas oportunidades, la conducta de las policías durante el control de manifestaciones públicas ha llevado a excesos que pueden caracterizarse como brutalidad policial. Si bien es cierto que en muchos casos las manifestaciones públicas devienen en actos de vandalismo y violencia, conforme a estándares internacionales, ello no justifica el uso excesivo de la fuerza ya que los policías deben siempre reaccionar con profesionalismo y proporcionalidad.

Desgraciadamente, en varios casos recientes—tales como la manifestación contra la globalización en Guadalajara, la huelga de trabajadores mineros en Lázaro Cárdenas y la manifestación pública en San Salvador de Atenco—los policías reaccionaron de manera desproporcionada, incluyendo violencia contra manifestantes que, en algunos casos, llevó a su muerte. En otros, los policías torturaron y abusaron sexualmente a manifestantes, lo cual es un claro ejemplo de brutalidad policial, ya que esto nunca puede estar justificado. El conflicto político, económico y social que ha afectado a Oaxaca en los últimos meses, y en particular los acontecimientos violentos del fin de semana pasado, ha dejado en claro que existe un riesgo constante de uso excesivo de la fuerza.

Para evitar que estos eventos vuelvan a ocurrir, es urgente una reforma policial que incremente la seguridad pública sin violar derechos humanos. En este sentido, es necesario que el gobierno de S.E. promueva medidas tendientes a mejorar la capacitación de las policías y dotarlas de recursos, así como crear mecanismos de control internos y externos que desincentiven abusos y sancionen a los responsables.

Tortura y uso excesivo de la prisión preventiva

La idea generalizada (y errónea) que los derechos humanos deben ceder ante la necesidad de promover más seguridad llevó a no respetar los derechos fundamentales, pero también dejó a la sociedad mexicana sin mejorías en la seguridad pública.

El uso de la tortura para obtener confesiones sigue siendo uno de los problemas más graves de derechos humanos en México. Una de las razones principales por las cuales esta práctica continúa se debe a que, muchas veces, los agentes del Ministerio Público pueden utilizar las declaraciones obtenidas mediante la fuerza como evidencia en juicio. A estos agentes les resulta más sencillo resolver un caso a través de una confesión obtenida por medio de la fuerza, que llevar a cabo una investigación profesional. Muchas veces, el miedo o la falta de recursos hacen más difícil que las víctimas puedan probar que el abuso ocurrió. Y, a pesar de las normas y jurisprudencia que prohíben el uso de la tortura, los jueces generalmente aceptan las confesiones forzadas como prueba de culpabilidad, aun en los casos en que las víctimas se retractan posteriormente en el juicio.

Otro problema grave es el uso abusivo de la prisión preventiva. De acuerdo con la legislación vigente en la mayor parte de México, cualquier persona acusada de cometer un “delito grave” debe enfrentar el proceso en su contra privado de libertad. Con el correr de los años, tanto a nivel estatal como federal, se ha ampliado la lista de “delitos graves” para incluir ofensas no violentas y relativamente menores. En la actualidad más del 40 por ciento de los presos mexicanos no han sido condenados por los delitos que se les imputan, y muchos de ellos permanecen encarcelados por meses junto a criminales ya condenados.

Una reforma al sistema de justicia propuesta por el Presidente Vicente Fox en marzo del 2004 incluye disposiciones claves para abordar ambos problemas. Al proponer una reforma constitucional que establecía que solamente tendrían valor probatorio aquellas confesiones rendidas directamente ante un juez, las confesiones arrancadas por la fuerza ya no podrían ser admitidas como evidencia en los procesos judiciales. La propuesta también representa un primer paso importante para reducir el uso abusivo de la prisión preventiva, al permitirles a jueces federales que otorguen la libertad provisional a personas acusadas de algunos “delitos graves”. A su vez, propone reformar la Constitución mexicana para que ésta incluya explícitamente el principio de presunción de inocencia de aquellos individuos que no hayan sido condenados, lo cual podría promover cambios en los códigos de procedimientos penales estatales con el fin de reducir este problema a nivel local.

Las reformas propuestas se encuentran paralizadas en el Congreso, en gran medida debido a la percepción equivocada y generalizada que los derechos humanos y la seguridad pública constituyen prioridades recíprocamente excluyentes. Al iniciar su sexenio, S.E. tiene la oportunidad de integrar los derechos humanos y la seguridad pública en una agenda única y coherente. Para mejorar la seguridad pública y proteger los derechos fundamentales, su mayor desafío será persuadir a distintos sectores de la opinión pública que las medidas destinadas a evitar abusos también aumentan la seguridad pública.

Por ejemplo, las medidas que eliminarían los incentivos perversos que promueven el uso de la tortura obligarán a los agentes del Ministerio Público y a sus policías a hacer mejor su trabajo—y a través de investigaciones exhaustivas se identificarán a los verdaderos responsables, en vez de individuos que confesaron haber cometido crímenes en los cuales no participaron.

En el mismo sentido, el uso excesivo de la prisión preventiva constituye una amenaza seria a la seguridad pública. El costo asociado al encarcelamiento de decenas de miles de presos no violentos implica una desviación de fondos públicos que podrían destinarse más provechosamente a combatir delitos violentos. También contribuye a la severa sobrepoblación de las cárceles mexicanas, la cual, a su vez, limita la capacidad de las autoridades penitenciarias de controlar a los internos. Esto lleva a un sistema penitenciario en el cual los delincuentes menores—por no mencionar a los sospechosos que son inocentes—deben soportar meses de confinamiento bajo la influencia, e incluso la supervisión, de criminales avezados. El producto final es un sistema penitenciario que funciona como una escuela para delincuentes.

Impunidad de los delitos cometidos durante la guerra sucia

Los resultados obtenidos por la Fiscalía Especial creada por el Presidente Fox para enjuiciar a los responsables de los delitos atroces cometidos en el pasado son muy decepcionantes.

Tras casi cinco años, la Fiscalía Especial no ha logrado ninguna condena y ha perdido casi todas las batallas legales iniciadas. Con excepción de una apelación que se encuentra pendiente, los tribunales han rechazado todos los esfuerzos del fiscal especial para enjuiciar al ex Presidente Luis Echeverría y otros ex funcionarios por “genocidio” por las masacres de manifestantes estudiantiles de 1968 y 1971. A pesar de que el fiscal especial obtuvo una decisión importante de la Suprema Corte—que autorizó el enjuiciamiento de casos de “desapariciones” ocurridos hace décadas—su oficina solamente consignó 16 de los más de 600 casos que está investigando. Inició procedimientos penales y logró la detención de funcionarios públicos acusados de desapariciones forzadas, incluyendo al ex jefe de la policía secreta, pero estas personas fueron sobreseídas por los tribunales tras un cambio en la legislación penal que había sido empleada en la acusación.

La Fiscalía Especial elaboró un borrador de informe histórico sobre los abusos que está investigando, el cual demuestra que existe evidencia en los archivos gubernamentales que compromete a ex funcionarios y militares en los crímenes de la guerra sucia—pero el documento, que aún no fue hecho público oficialmente, solamente incluye una parte de la información que habría sido posible obtener si se hubiera realizado una investigación más completa y rigurosa.

Es imprescindible que S.E. tome medidas concretas a fin de superar los obstáculos que han hecho imposible que, hasta el momento, se alcancen avances sustanciales. Una de estas medidas debería consistir en asegurar que las Fuerzas Armadas colaboren activamente con los investigadores y fiscales que se ocupan de estos casos. Una segunda medida sería promover legislación que otorgue a los fiscales de estos casos facultades que les permitan obtener testimonios que provean información clave. Finalmente, para reforzar y complementar los esfuerzos para investigar y enjuiciar estos casos, S.E. debería considerar el establecimiento de una comisión de la verdad con los recursos, especialización e independencia necesarios para continuar con la investigación que inició la Fiscalía Especial.

Mujeres víctimas de violación sexual

Tanto el código penal federal como los códigos de los estados contemplan que las mujeres y niñas que quedan embarazadas como consecuencia de una violación sexual pueden interrumpir su embarazo. Desafortunadamente, en la práctica, las víctimas de violación que desean ejercer este derecho enfrentan múltiples obstáculos.

Varias agencias estatales en distintos estados de México aplican tácticas agresivas para desalentar y postergar el acceso a abortos legales por violación. Como resultado, muchas víctimas de violación intentan resolver su situación a través de abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud. Además, debido a que no existe aborto legal después del incesto, muchas niñas violadas por sus padres u otros familiares se ven frecuentemente sin más opción que llevar a término el embarazo impuesto sobre ellas.

Instamos al gobierno de S.E. a diseñar programas dirigidos a investigar de manera activa y sancionar a los funcionarios públicos—incluidos el personal del sector de la salud pública, los agentes del Ministerio Público y la policía—que procedan de manera abusiva o negligente en la prestación de servicios a las víctimas de violencia doméstica y sexual. Las conductas negligentes, que deberían ser sancionadas, incluyen rehusarse a informar a todas las víctimas de violación sobre la posibilidad de interrumpir legalmente un potencial embarazo. Al contrario, los funcionarios deberían facilitar toda la información apropiada sobre la obtención de un aborto luego de una violación sexual.

Transparencia

La ley federal de transparencia del 2002 fue, sin lugar a dudas, uno de los logros más importantes del gobierno del Presidente Fox en materia de rendición de cuentas.

Desgraciadamente, la mayor transparencia dentro del poder ejecutivo, en los hechos, no se extiende a otros poderes del estado ni a las instituciones gubernamentales autónomas. La ley de transparencia no impone directamente obligaciones a los partidos políticos, que emplean enormes recursos públicos para influir en los procesos electorales y legislativos en México. Más aún, dentro del ejecutivo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) sigue siendo vulnerable a interferencias políticas y ha debido enfrentar una creciente resistencia por parte de numerosas e importantes agencias clave que se niegan a suministrar información.

El gobierno de S.E. está en su derecho a exigirles, por lo menos a las agencias gubernamentales dentro del ejecutivo, que cumplan con la ley de transparencia. A fin de garantizar que la ley de transparencia desarrolle plenamente su potencial, S.E podría promover legislación que le conceda autonomía constitucional al IFAI e imponga “obligaciones de transparencia” a los partidos políticos y a otros actores no gubernamentales que reciben fondos públicos.

Política exterior

Por último, la política exterior del gobierno de Fox ha sido una de las políticas más positivas de su gestión, que ha recibido reconocimiento internacional. Su enfoque en política exterior se basó en promover los derechos humanos en el ámbito internacional y en la apertura de México a la observación internacional. Como consecuencia de esta política, el Presidente Fox firmó un acuerdo de cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció la suspensión de las amplias y estrictas restricciones para viajar que solían imponerse a defensores extranjeros de los derechos humanos que deseaban visitar México, y su gobierno extendió una invitación permanente a los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas para que visitaran el país.

Es esperable que el gobierno de S.E. le de continuidad a este enfoque de política exterior, según el cual México considera que no puede invocarse la soberanía nacional para limitar la observación internacional de los derechos humanos, debido a que éstos son valores universales y absolutos.

Entiendo que S.E. ha aludido a algunos de estos puntos en sus “100 acciones prioritarias de gobierno”, por ejemplo al proponer un “servicio de carrera policial” (acción 13), “cuerpos policíacos de calidad” (acción 14), “apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar” (acción 19) y “mayor rendición de cuentas” (acción 91). Sin embargo, ahora que S.E. efectivamente enfrenta el gran desafío de fortalecer el estado de derecho y la democracia en México, es imprescindible que clara y expresamente anuncie su compromiso de incluir todos estos asuntos de derechos humanos en su agenda de trabajo—hacerlo es una condición necesaria pero no suficiente para empezar a abordarlos seriamente.

Agradezco de antemano la atención que S.E. se sirva prestar a estas observaciones. En nombre propio y de Human Rights Watch, hago propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi más distinguida consideración y estima.

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José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo