Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de llamar su atención acerca de algunas preocupaciones de Human Rights Watch sobre la situación de derechos humanos y el debilitamiento del estado de derecho en Colombia.
Washington, D.C., 4 de agosto de 2006
S.E.
Presidente de la República de Colombia
Presidencia de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Bogotá, Colombia
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de llamar su atención acerca de algunas preocupaciones de Human Rights Watch sobre la situación de derechos humanos y el debilitamiento del estado de derecho en Colombia.
Al inicio de su primer período presidencial en agosto del 2002, S.E. sostuvo que cuando se tiene “un país saturado de grupos delictivos, toca saturarlo del estado de derecho.” Desde entonces, S.E. también ha declarado que su política de seguridad democrática está dirigida a detener la violencia sin violar los derechos fundamentales y las libertades públicas, y a “fortalecer el pluralismo” a través de instituciones que “prote[jan] por igual a todos los colombianos,” independientemente de cuál sea su estatus. Estos son ideales nobles consistentes con los principios universales de derechos humanos.
S.E. ha repetido con frecuencia estas declaraciones durante los últimos cuatro años. Sin embargo, lamentablemente, durante su primer gobierno ha existido una profunda y preocupante inconsistencia entre su discurso y las políticas impulsadas por su gobierno. Los ideales en los que S.E. ha dicho creer no se han traducido a la práctica. Por el contrario, muchas de sus políticas gubernamentales han terminado socavando el estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
Ahora que S.E. se encuentra al comienzo de su nuevo período presidencial, le instamos a que vaya más allá de simples declaraciones sobre estos ideales y que más bien diseñe e implemente políticas que los reflejen y sean consistentes con ellos. En particular, creemos que los siguientes temas son prioritarios:
1. Implementar un proceso de desmovilización genuino
Un proceso de desmovilización genuino de los grupos armados colombianos es un objetivo no sólo importante, sino crítico. Sin embargo, es muy probable que el proceso de desmovilización paramilitar que su gobierno ha estado apoyando no alcance ese objetivo, por lo menos no en la forma en que ha sido implementado hasta ahora.
Miles de supuestos paramilitares han entregado armas y se han incorporado a programas de reinserción. Sin embargo, los líderes paramilitares aún tienen que entregar sus cuantiosas fortunas obtenidas ilegalmente y demostrar que han cesado totalmente sus lucrativas actividades criminales. En la medida en que mantengan su poder financiero, también mantendrán su capacidad de reclutar nuevos paramilitares, corromper a autoridades y extorsionar a la población civil.
Existen indicadores inquietantes que confirmarían la persistente influencia de los paramilitares, tales como la infiltración paramilitar del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el incremento de amenazas a académicos, líderes sindicales, defensores de derechos humanos y periodistas, así como la conformación de nuevos grupos paramilitares.
Muchas disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, que su gobierno impulsó en el Congreso, directamente socavan principios básicos del estado de derecho. La ley no dio ningún incentivo a los líderes paramilitares para que realmente se desmovilicen: aun si se demostraba que les habían mentido a las autoridades, que ocultaron la mayor parte de sus bienes o que mantenían intactas sus organizaciones criminales, podían mantener sus rebajas de penas sin tener que preocuparse por una sanción real. Bajo esas condiciones, la ley era una invitación a los paramilitares a que engañaran al país.
Afortunadamente, la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz la mejoró sustancialmente al interpretar correctamente disposiciones claves. El fallo de la Corte crea una oportunidad para que el gobierno corrija los graves problemas en el proceso, transformándolo en una desmovilización de paramilitares efectiva y genuina.
De hecho, su gobierno debería estar plenamente de acuerdo con la sentencia de la Corte, dado que es perfectamente consistente con reiteradas declaraciones de S.E. sobre la ley. Efectivamente, S.E. ha sostenido en el pasado que la ley requiere que los paramilitares confiesen sus crímenes, entreguen sus bienes ilícitos, reparen a las víctimas y pierdan los beneficios de la ley si mienten.
Sin embargo, líderes paramilitares supuestamente “desmovilizados” han sugerido que no están dispuestos a cumplir con la sentencia de la Corte y que estarían presionando para obtener un “acuerdo nacional” que regule su desmovilización. En los últimos días se han publicado informes indicando que su gobierno estaría planeando aceptar estas demandas a través de un decreto que les permitiría a los comandantes paramilitares evitar la aplicación de los requisitos del fallo de la Corte Constitucional, retener sus fortunas y cumplir con condenas reducidas en “colonias agrícolas.” Tal decreto, de ser aprobado, erosionaría el ya debilitado estado de derecho en Colombia y destruiría la credibilidad que el proceso podría haber ganado con la decisión de la Corte.
Su gobierno no debe ceder ante las presiones de estos grupos mafiosos, que a través del terror, la corrupción y el crimen han hecho tanto daño a Colombia. Este es el momento para que su gobierno se mantenga firme y muestre su respeto al estado de derecho y su compromiso con una desmovilización genuina. El paso más importante y valioso que S.E. puede dar para impedir que los jefes paramilitares se burlen del país, es insistir en su total desmovilización, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, tal como fue interpretada por la máxima instancia judicial de Colombia.
Además, en la implementación de este proceso, es crucial que su gobierno desarrolle un plan para identificar y recobrar las vastas extensiones de tierras y propiedades que han sido tomadas por la fuerza por los paramilitares; para asegurarse que aquellos paramilitares que cometan nuevos crímenes, que mientan o que retengan sus riquezas ilegales, pierdan los beneficios otorgados; y para que se investiguen a fondo las estructuras financieras y criminales de esos grupos para garantizar su total desmantelamiento.
Su gobierno también debería asumir, como una de sus más altas prioridades, otorgar pleno apoyo financiero, político y administrativo a las principales instituciones y personas encargadas de implementar la ley: la oficina del Fiscal General y los tribunales. Hoy, muchos fiscales, investigadores y jueces están obligados a desempeñar sus funciones sin los mínimos apoyos, con escasa seguridad y recursos limitados. Muchos están expuestos a intimidación, sobornos, ataques físicos e incluso amenazas de muerte por grupos armados despiadados. Sin el apoyo inequívoco del gobierno nacional, a todos ellos les será extremadamente difícil realizar su trabajo de manera efectiva.
Finalmente, aquellos líderes paramilitares que están siendo investigados en los Estados Unidos deben tener claro que si no cumplen con los términos de la desmovilización y el desmantelamiento de todas sus estructuras, su gobierno no dudará en extraditarlos a Estados Unidos para ser procesados por narcotráfico. La amenaza de la extradición ha sido el principal factor, si no el único, para motivar el interés de los líderes paramilitares en el proceso. Es de la mayor importancia que su gobierno mantenga esta herramienta de presión, la defienda y la use de una manera creíble.
2. Luchar contra la impunidad y prevenir abusos
El fracaso histórico de Colombia en investigar efectivamente, procesar y castigar violaciones a los derechos humanos ha creado un ambiente en el que los responsables de tales abusos suponen, correctamente, que nunca serán castigados por sus crímenes. En efecto, la gran mayoría de asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y líderes sindicales nunca han sido resueltos. Lo mismo es cierto con respecto a casi todas las masacres y desapariciones forzadas y a la gran mayoría de los casos de colaboración entre grupos paramilitares y fuerzas militares. En los casos de abusos por parte de militares, en algunas ocasiones han sido castigados oficiales de bajo rango, pero rara vez se ha procesado a militares de alto rango.
Algunas de las políticas de su gobierno han agravado esta situación. Esto es particularmente cierto, por ejemplo, en relación con su decisión de ofrecer generosos beneficios de desmovilización a los miembros de las FARC que ya han sido condenados y se encuentran en prisión por graves violaciones al derecho internacional humanitario, tales como secuestros y asesinatos. Al ofrecerles una rebaja de penas a las pocas personas que han sido condenadas en Colombia por sus atrocidades, su gobierno está reforzando el mensaje que los abusos casi nunca son sancionados.
En los próximos años, el compromiso de Colombia con acabar con la impunidad continuará siendo puesto a prueba. Es crucial, por ejemplo, que el fuero civil investigue a fondo la responsabilidad de los miembros de la Tercera Brigada del Ejército—incluyendo la responsabilidad de oficiales de alto rango—involucrados en la masacre de Jamundí ocurrida este año, en la cual fueron ejecutados los miembros de una unidad élite antinarcóticos de la policía.
Otro caso emblemático involucra las numerosas y creíbles acusaciones sobre miembros del Ejército, particularmente en Antioquia, quienes habrían estado ejecutando a civiles y luego vistiéndolos con uniformes de la guerrilla, con la intención de hacer creer que habían muerto en combate.
También es esencial que haya progreso en la investigación de los casos de San José de Apartadó. Esta comunidad tiene una larga y trágica historia de masacres y abusos y casi ninguno de ellos ha sido resuelto. Las evidencias de algunos de esos casos indicarían la participación de la Brigada 17 del Ejército, pero no se ha iniciado ningún proceso penal contra un militar.
Finalmente, le instamos a S.E. a que tome medidas efectivas e inmediatas para enfrentar la grave y generalizada práctica de las desapariciones forzadas en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó a inicios de este año que había verificado 317 casos de desapariciones forzadas en el último año, un incremento sustantivo con relación al año anterior. Es muy probable que muchos otros casos nunca hayan sido denunciados. Una tendencia alarmante es que, a pesar del proceso de desmovilización, las desapariciones forzadas continúan ocurriendo con frecuencia en áreas controladas por los paramilitares.
3. Respetar a la sociedad civil y facilitar la observación internacional
En su discurso ante las Naciones Unidas del 30 de septiembre del 2003, S.E. manifestó que “si pedimos apoyo internacional es porque estamos abiertos a la observación internacional.” En consecuencia, S.E. señaló que había extendido el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia y que S.E. respetaba a las organizaciones de derechos humanos por sus contribuciones a la democracia.
Sin embargo, en los últimos meses, han surgido informes preocupantes que señalan que su gobierno ahora estaría buscando restringir el mandato de la OACNUDH en Colombia, para evitar que informe públicamente sobre violaciones a los derechos humanos.
La OACNUDH es la única entidad internacional capaz de observar de forma constante la situación de los derechos humanos en Colombia, con presencia en el terreno. Sus informes han tratado temas centrales, tales como la impunidad por los abusos de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y los problemas del proceso de desmovilización. Si el gobierno de S.E. está seriamente comprometido con la apertura a la observación internacional, debería entonces extender el mandato de la OACNUDH, en los mismos términos en que ha estado operando hasta ahora.
También instamos a S.E. y a los funcionarios de su gobierno que se abstengan de hacer declaraciones como las que formuló en el 2003 cuando acusó a las organizaciones de derechos humanos de “servir al terrorismo,” o como aquéllas que hizo hace pocos meses cuando acusó a los medios de comunicación de causar daño al país cuando publicaron informes sobre infiltración de paramilitares en el DAS que le disgustaron a S.E. Tales declaraciones sólo sirven para intimidar y estigmatizar a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, poniéndolos en riesgo y agudizando aún más la desconfianza entre la sociedad civil y el gobierno.
4. Apoyo a instituciones democráticas claves
Otro ámbito en el cual S.E. tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la democracia, el pluralismo y los derechos humanos es el apoyo y fortalecimiento de instituciones democráticas claves, tales como la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.
Algunas de esas instituciones, como la Corte Constitucional, gozan una extraordinaria reputación en América Latina, precisamente porque han sido lideradas por personas con un profundo compromiso con el estado de derecho, las libertades fundamentales y la protección de los derechos de los ciudadanos.
En los próximos años, S.E. tendrá varias oportunidades para designar candidatos para llenar puestos vacantes en cada una de esas instituciones. Alentamos a S.E. a asumir su responsabilidad de fortalecer las instituciones colombianas garantizando que todos los nominados tengan credenciales democráticas fuertes y que hayan demostrado un compromiso pleno con la transparencia y los derechos humanos.
Su segundo mandato presidencial le brinda una nueva oportunidad de poner en práctica los ideales y valores que S.E. tan frecuentemente invoca. Le instamos a que le de la mayor prioridad a la implementación de políticas que aseguren esos ideales en la práctica.
De antemano agradezco la atención que S.E. se sirva prestar a estas observaciones. En nombre propio y de Human Rights Watch, hago propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi más distinguida consideración y estima.
/s/
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo para las Américas
