(Santiago, Chile)— La destitución del director y sub-director en Santiago de las Fuerzas Especiales (anti–motines) de Carabineros, comprometidas en brutalidad policial durante una reciente protesta estudiantil, es un paso importante para el establecimiento de responsabilidades y la rendición de cuentas, dijo hoy Human Rights Watch.
La organización también solicitó que se realizara una investigación completa sobre el reciente uso de la fuerza por los Carabineros de Chile (la policía uniformada), así como una revisión urgente de los procedimientos y controles policiales utilizados durante manifestaciones públicas.
“El uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros para controlar manifestaciones públicas sigue siendo un tema muy preocupante en Chile”, dijo José Miguel Vivanco, el Director para las Américas de Human Rights Watch. “Afortunadamente, esta vez el gobierno se ha comprometido a adoptar las medidas que la gravedad de la situación exige: promover una investigación y ordenar que un jefe de las Fuerzas Especiales responda por los abusos cometidos bajo su mando.”
También el día de ayer un subprefecto de las Fuerzas Especiales fue destituido de su cargo y ocho oficiales fueron suspendidos mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva.
El 30 de mayo, Carabineros utilizaron cañones de agua, gases lacrimógenos y brutalidad policial para terminar con masivas protestas callejeras en Santiago y en otras ciudades, en las cuales miles de estudiantes secundarios demandaban reformas educativas. Las protestas comenzaron pacíficamente, pero grupos de jóvenes encapuchados que se habían mezclado con los estudiantes arrojaron piedras a Carabineros y a sus vehículos. Ante esto, Carabineros reaccionaron con gran violencia indiscriminada en contra de todos los manifestantes, la gran mayoría de ellos estudiantes adolescentes. Carabineros informó que habían arrestado a 730 personas durante ese día.
Se reportó que miembros de las Fuerzas Especiales atacaron violentamente al menos a cuatro periodistas que cubrían las protestas. Algunos de los incidentes se mostraron más tarde en las noticias en televisión. Libio Saavedra, camarógrafo de la televisión, les dijo a los reporteros que había sido atacado por más de veinte oficiales de las Fuerzas Especiales que lo arrojaron al suelo y lo patearon varias veces. Dijo que ninguno de los policías parecía llevar los distintivos con sus nombres que están obligados a mostrar.
Tres estudiantes mujeres alegaron que se había abusado sexualmente de ellas en una comisaría de Carabineros en el barrio de Puente Alto.
El gobierno ha ordenado que se realice una investigación de estos serios incidentes. El martes en la noche un oficial de policía sostuvo que los ataques a periodistas fueron “excesos injustificables” y dijo que la investigación estaba en curso. Luego de una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet, el General Director de Carabineros destituyó de su cargo al prefecto de las Fuerzas Especiales de Santiago debido a la conducta violenta de esa unidad durante las protestas y manifestó que no permitiría excesos. En una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Colegio de Periodistas, la Presidenta expresó “indignación” ante la violencia infligida a periodistas y estudiantes y defendió el trabajo de la prensa chilena.
Human Rights Watch instó al gobierno de Bachelet a asegurar que la investigación se realice sin demoras, sea independiente y exhaustiva, y se realice con la mayor transparencia. Esta investigación debería permitirles a las autoridades chilenas tomar las medidas disciplinarias y, si fuera necesario, judiciales contra cualquier agente que haya usado excesiva o ilegalmente la fuerza y contra los comandantes que dolosa o negligentemente hayan tolerado esta conducta. Sus resultados también deberían llevar a una revisión completa de los procedimientos policiales utilizados para contener manifestaciones públicas.
“Cualquier uso de fuerza en operaciones anti–protestas debe ser selectivo, no indiscriminado y estrictamente proporcionado al riesgo que enfrentan la policía y el público para, de ese modo, asegurar la protección plena del derecho a protestar pacíficamente en Chile”, añadió Vivanco.
