Cuando el Presidente Vicente Fox enfrenta los últimos meses de su gestión, aspectos centrales de la ambiciosa agenda de derechos humanos que presentó al inicio de su sexenio no han sido concretados, dijo Human Rights Watch en un informeque presentó hoy.
El informe de 150 páginas titulado “El cambio inconcluso: Avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox” documenta los logros y defectos de las políticas de Fox en materia derechos humanos. El informe incluye recomendaciones detalladas para que el próximo presidente—quien será electo el 2 de julio—consolide los avances alcanzados y, al mismo tiempo, evite cometer los mismos errores.
"Fox comenzó su presidencia con una visión estratégica para promover los derechos humanos", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "Concluirá su sexenio tras haber alcanzado algunos logros, pero con pocos resultados que permitan reducir las prácticas más abusivas".
Fox fue electo en el 2000 y prometió transformar un sistema político cuyo rasgo principal fue, durante décadas, la ausencia de rendición de cuentas. El viejo régimen se caracterizó por violar rutinariamente las leyes y los derechos fundamentales y, además, por encubrir estos abusos negando acceso a información básica y rechazando el monitoreo internacional. Con las elecciones del 2000 se puso fin a décadas de gobierno de partido único, pero, la transición a la democracia obligó a México a enfrentar un nuevo desafío: cómo terminar con el patrón de conducta de violaciones a los derechos humanos seguidas de negación y encubrimiento.
El Presidente Fox presentó dos iniciativas importantes para confrontar el legado histórico de falta de estado de derecho. La primera fue la creación, en el 2001, de una fiscalía especial para investigar y llevar a juicio las atrocidades más graves cometidas por el viejo régimen, que incluyeron las masacres de manifestantes estudiantiles en 1968 y 1971 y desapariciones forzadas de cientos de personas durante la "guerra sucia" que tuvo lugar en México en las décadas de los ’70 y los ’80.
Sin embargo, los resultados de esta iniciativa histórica han sido decepcionantes, en gran medida porque la administración no le aseguró a la oficina el apoyo político, técnico y material que necesitaba para superar los principales obstáculos que enfrentó, entre los cuales se encuentra la obstrucción por parte de los militares y de otras instituciones comprometidas en los abusos. El fiscal especial logró procesar y detener a algunos ex funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos, pero sus esfuerzos aún no han conducido a ninguna condena ni a la resolución de la gran mayoría de los casos que su oficina está investigando.
La segunda iniciativa importante de Fox estaba dirigida a terminar con la brutalidad policial y con otros abusos generalizados que continúan cometiéndose en nombre de la seguridad pública. Como parte de una propuesta de reforma judicial más amplia, la administración propuso medidas para erradicar las causas principales de dos de los problemas de derechos humanos más recurrentes en el país: el uso de la tortura para obtener confesiones y el abuso de la prisión preventiva. Ambos problemas conducen a que personas probablemente inocentes sean enviadas a prisión durante meses junto con criminales avezados. Sin embargo, las medidas propuestas, que son tan necesarias, se encuentran paralizadas en el Congreso desde hace más de dos años. Esto se debe, en gran parte, a que la administración Fox no logró convencer a la clase política y a la opinión pública que el respeto a los derechos humanos no socava la seguridad pública.
"La falta de progresos en materia de justicia es muy frustrante dado que existían condiciones favorables para una transformación real en México", dijo Vivanco. "El Presidente Fox contaba con un mandato popular para el cambio y su administración tenía ideas claras sobre cómo alcanzarlo. Hizo falta jugárselas a fondo por estas ideas".
Dónde la administración Fox sí logró un notable progreso fue en poner fin al encubrimiento sistemático de violaciones a los derechos humanos que caracterizó al viejo régimen. En el 2001, Fox ordenó la desclasificación de 80 millones de documentos secretos que estaban guardados en los archivos del gobierno, incluyendo documentación sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, cuyo acceso había sido prohibido. Al año siguiente, el Presidente firmó una “ley de transparencia”, que fue un golpe decisivo a la cultura del secreto, principio predominante en el manejo de asuntos públicos durante décadas.
A su vez, la administración Fox promovió la observación internacional de las prácticas de derechos humanos en México. Abandonó la visión tradicional del viejo régimen según la cual las críticas hechas por extranjeros atentaban contra la soberanía nacional y cooperó con las organizaciones internacionales. La fiscalización internacional resultante jugó un rol vital para reforzar los esfuerzos de activistas locales, quienes trabajan para crear conciencia sobre la extensión y naturaleza de los problemas de derechos humanos que afectan al país.
El eventual impacto de la apertura internacional podría reflejarse en uno de los casos de derechos humanos más visibles de los últimos años: el asesinato y “desaparición” de cientos de mujeres durante la última década en Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, en gran parte, al intenso monitoreo internacional de esta situación, el estado de Chihuahua podría aprobar, justamente, el tipo de reforma judicial que la administración Fox no consiguió a nivel federal.
“Ciudad Juárez puede ser el ejemplo más citado sobre qué funciona mal en el sistema de administración y procuración de justicia en México”, dijo Vivanco. “Sin embargo, si se aprueba una reforma integral al sistema de justicia, Juárez podría transformarse en un modelo importante a seguir”.
Una delegación de Human Rights Watch presentó el informe esta semana al Presidente Fox y a varios candidatos presidenciales. La organización instó a los candidatos a que adoptaran pasos para fortalecer y mejorar las políticas de apertura y transparencia promovidas por Fox y a que implementen efectivamente medidas para investigar abusos cometidos en el pasado y para prevenir futuros abusos.
