El gobierno de Zimbawe está negándose a proteger y asistir a los cientos de miles de personas desplazadas por su campaña de desalojos forzados, afirmó Human Rights Watch en un nuevo reporte lanzado hoy. Al mismo tiempo, Zimbawe está deliberadamente obstruyendo los esfuerzos que las agencias humanitarias internacionales están desarrollando para proveer de alimento y asistencia a los desplazados.

El reporte de 61 páginas, “Desalojados y Desamparados: Gente desplazada internamente como consecuencia de la Operación Murambatsvina,” documenta la negativa del gobierno a asistir y proteger a la gente internamente desplazada como resultado de la Operación Murambatsvina (“Limpiar la Inmundicia”), la que comenzó en mayo. El reporte además examina el rol de las agencias internacionales, en particular del equipo de las Naciones Unidas en el país, en la dirección de la crisis humanitaria en Zimbawe.

“El gobierno de Zimbawe ha creado una crisis humanitaria, en la cual cientos de miles de personas están viviendo sin comida, agua o refugio,” afirmó Peter Takirambudde, Director de Human Rights Watch para África. “Las autoridades de Zimbawe no sólo se han negado a reconocer la crisis, sino que además han abandonado a los hombres, mujeres y niños, quienes forzadamente dejaron sus hogares.”

Hoy, cientos de miles de desplazados están viviendo sin un techo, en campos abandonados o en medio de la maleza, en refugios rudimentarios hechos de los escombros de casas destruidas, o son hacinados en pequeñas habitaciones con miembros de la familia que han aceptado darles refugio. El gobierno no ha hecho nada para proveerles comida, agua, higiene y servicios de salud.

El gobierno del Presidente Robert Mugabe ha también fallado en dirigir la desesperada situación de los grupos más vulnerables que han sido golpeados fuertemente por los desalojos. Estos grupos incluyen viudas, huérfanos, mujeres o niños que son jefe de hogar, y los enfermos crónicos o los ancianos. Algunos niños se han visto afectados por desnutrición, debido a la carencia de comida, otros han caído enfermos con neumonía después de pasar meses durmiendo al aire libre. Con motivo de su desalojo forzado, cientos de personas viviendo con VIH, no podrán acceder a un tratamiento médico que les podría salvar la vida, como medicamentos retrovirales o remedios oportunos contra infecciones.

Las autoridades de Zimbawe se han involucrado en un esfuerzo concertado para coaccionar a aquellos desplazados por los desalojos para que dejen las ciudades y se trasladen a las áreas rurales. En áreas a los largo del país, la policía nacional ha amenazado, hostigado o golpeado a los internamente desplazados, forzándolos a reubicarse en áreas rurales donde muchos no tienen casas o familia y donde las provisiones de servicio social y las oportunidades económicas son mínimas. Más aun, el gobierno ha tratado de forzar la reubicación, negándose a asistir a aquellos que eligen quedarse en las ciudades, y ha usado paquetes de comida como un incentivo para compeler a las familias a dejar las ciudades.

En un evidente incumplimiento de sus obligaciones internacionales, el gobierno de Zimbawe ha negado el acceso de las agencias humanitarias internacionales a la mayoría de los internamente desplazados. El gobierno además ha obstruido deliberadamente la protección y prestación de asistencia internacional, respecto de estas personas vulnerables.

“El bloqueo Zimbawe no ha sido razonable respecto de la asistencia humanitaria para los desplazados” aseguró Takirambudde. “Tales acciones ponen en riego la sobrevivencia de dichas personas.”

El reporte enfatiza que la obligación de proteger y asistir a los desplazados recae primero en el gobierno de Zimbawe. Pero Human Rights Watch encontró además defectos dentro del programa de asistencia humanitaria liderado por la ONU en Zimbawe. Los problemas incluyen fallas en el equipo de la ONU en el país, al valorar y vigilar la situación de los internamente desplazados, y al idear una estrategia de respuesta realista que considere los desafíos existentes. El equipo, además, no ha prestado atención suficiente a las preocupaciones sobre protección, al planificar e implementar sus programas.

Las agencias de la ONU involucradas en la respuesta humanitaria en Zimbawe, se han mostrado reticentes a enfrentar al gobierno respecto de su evidente desconsideración para con los derechos humanos de los desplazados y a protestar respecto de la continua obstrucción de la asistencia humanitaria, señalando que el quejarse silenciosamente sería más efectivo para el logro de sus objetivos.

“Aunque la ONU no puede ser culpada por la recalcitrancia del gobierno de Zimbawe, sí tiene la responsabilidad de proteger y asistir a los cientos de miles de desplazados, cuyos derechos fundamentales están siendo violados,” afirmó Takirambudde.

Human Rights Watch llamó al gobierno de Zimbawe a permitir el acceso total y sin trabas de las agencias humanitarias tanto internacionales como nacionales para asistir a estos desplazados y a otras víctimas de la Operación Murambatsvina. El gobierno debería brindar ayuda y asistencia inmediata a los desplazados—incluyendo comida, agua, refugio, higiene y servicios médicos—o asegurarles el acceso a esos servicios. Las agencias humanitarias deberían dar prioridad a aquellos grupos más vulnerables como viudas, niños, ancianos y enfermos crónicos.

El reporte llamó al equipo de la ONU en el país a trabajar de acuerdo con su mandato de asistir y proteger a los desplazados y de defender los derechos humanos de aquellos desplazados por la Operación Murambatsvina.