(Buenos Aires) - Las restricciones de Argentina en el acceso a los anticonceptivos y al aborto amenazan a los derechos básicos de las mujeres a la vida, a la salud y a la igualdad, afirmó hoy Human Rights Watch.

El informe de 88 páginas titulado 'Decisión Prohibida: Acceso de las Mujeres al Aborto y a los Anticonceptivos en Argentina' documenta la forma en que jueces, médicos y personal de salud impiden que la mujer en Argentina tome decisiones autónomas en temas reproductivos, violándose así derechos humanos de la mujer internacionalmente reconocidos.  
 
"Las restricciones argentinas con respecto a anticonceptivos y aborto impiden que las mujeres decidan cuántos hijos quieren tener ni cuándo tenerlos", declaró LaShawn Jefferson, Directora de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. "La ley y la práctica efectivamente tratan a las mujeres como si fueran menores de edad".  
 
El informe también reseña algunos de los efectos negativos de la violencia doméstica en la salud reproductiva de las mujeres. El gobierno argentino no ha hecho lo suficiente para remediar estos abusos y su efecto en la salud de las mujeres, dijo Human Rights Watch.  
 
Gladis M., una mujer de 35 años que tiene ocho hijos, dijo que su esposo la pegaba durante 14 años y que la prohibía el uso de anticonceptivos. Gladis dijo que su esposo le decía en repetidas ocasiones: "Yo te voy a llenar de hijos y no vas a irte de mi lado".  
 
Después de décadas de oposición gubernamental a la venta y al uso de anticonceptivos, incluyendo hasta la prohibición de la venta de condones durante la dictadura militar entre los años 1976-83, en el año 2003 el gobierno argentino comenzó a implementar un programa nacional de distribución gratuita de ciertos anticonceptivos-como los contraceptivos hormonales y los dispositivos intrauterinos (DIU)-a través del sistema de salud público. Pese a ello, las mujeres argentinas siguen enfrentando diversos obstáculos al acceso a la planificación familiar, incluyendo la falta de información adecuada, la violencia en el hogar, las restricciones económicas y las leyes discriminatorias.  
 
La ley argentina establece restricciones discriminatorias para la esterilización, que es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos. Varios hospitales públicos exigen que la mujer obtenga autorización del cónyuge, que tenga al menos tres hijos y que sea mayor de 35 años para poder acceder a la operación.  
 
"Dije que ahora voy a morir pero me lo voy a hacer", dijo Laura P. 35, quien ya tenía cinco hijos cuando su mala salud la empujó a buscar esterilizarse. "En el hospital me ponían todas las trabas. El jefe del hospital me dijo que era lo mismo que hacerse un aborto". Laura P. apeló al sistema judicial, pero le denegaron la operación a pesar de que ella cumplía con todos los requisitos impuestos por el hospital público.  
 
"Las mujeres son obligadas a pasar por situaciones kafkianas para obtener la esterilización", declaró Jefferson. "En un hospital público, las mujeres tenían que suplicarles a seis autoridades distintas para que autorizaran la operación, además de obtener la firma de su marido en presencia de dos testigos".  
 
Muchas de las mujeres contaron a Human Rights Watch que habían tenido que lidiar con embarazos no deseados a causa de la falta de acceso a anticonceptivos o la imposibilidad de usarlos y algunas de ellas optaron por el aborto. En Argentina, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, pero aún así se estima que hay medio millón de abortos al año. Pese a que la ley no contempla sanciones para casos en que la salud o la vida de la mujer embarazada estén en peligro, o para casos en que el embarazo sea resultado de la violación a una mujer mentalmente discapacitada, en la práctica, el acceso a un aborto legal y por tanto más seguro es casi inexistente.  
 
Como resultado, muchas mujeres son forzadas a buscar el aborto en clínicas inseguras y no reglamentadas. En otros casos, tratan de autoinducirse el aborto mediante métodos que ponían en grave riego su vida y su salud. Otras mujeres toman medicinas anti-inflamatorias para inducir su propio aborto sin supervisión médica adecuada, generando graves daños a su salud y en algunos casos hasta la muerte.  
 
"La misma desesperación te agarra. Buscás un montón de vueltas", dijo Paola M., una mujer de treinta y seis años que quedó embarazada del primero de sus diez hijos a los diecisiete años. "Pero si no hay salida, agarrás un cuchillo o una aguja de tejer".  
 
El muy limitado acceso a abortos seguros y legales en Argentina no es consistente con el derecho internacional porque amenaza a los derechos a la vida, a la salud, a la igualdad, a la privacidad, a la integridad física, y a la libertad religiosa y de conciencia. Mientras persisten las barreras a los anticonceptivos, hoy por hoy en la Argentina el 40 por ciento de todos los embarazos terminan en abortos ilegales y por ende poco seguros. Las complicaciones derivadas de abortos ilegales son la principal causa de mortalidad materna.  
 
Pese a que de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos, Argentina tiene la responsabilidad de otorgar atención médica sin ningún tipo de discriminación en caso de vida o muerte, Human Rights Watch también constató que las mujeres en Argentina reciben un trato inhumano y a veces groseramente inadecuado cuando buscan asistencia médica a causa de abortos incompletos o de infecciones originadas por aborto de alto riesgo. Funcionarios de salud pública admitieron que algunos médicos olvidan o se rehúsan de administrar anestesia cuando realizan legrados uterinos-el raspado del útero de una mujer con un instrumento afilado, un procedimiento muy doloroso.  
 
"Las leyes restrictivas sobre el aborto en Argentina tienen un efecto desastroso en los derechos humanos de las mujeres, y en sus vidas y salud" dijo Jefferson. "Y lo peor es que casi todos estos efectos podrían haber sido evitados".  
 
La posición de Human Rights Watch sobre el acceso al aborto legal y seguro:  
 
Human Rights Watch mantiene que las decisiones sobre el aborto pertenecen exclusivamente a la mujer embarazada, sin interferencia por parte del Estado o terceros. Cuando el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está restringido, queda amenazada una amplia gama de derechos humanos. Debe rechazarse cualquier restricción que interfiera indebidamente con el ejercicio de la mujer de todos sus derechos humanos.  
 
Los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias, tanto inmediatas como incrementales, para asegurar a las mujeres el acceso informado y voluntario a servicios de aborto legal y seguro como parte del ejercicio de las mujeres de sus derechos reproductivos y otros derechos humanos. Las obligaciones gubernamentales que tienen que ver con el acceso de las mujeres al aborto y que tienen su raíz en derechos económicos, sociales y culturales deben implementarse en conformidad con el principio de la realización paulatina hasta el máximo de los recursos disponibles. Los servicios de aborto deben ser establecidos en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los que se refieren a servicios de salud adecuados. Los gobiernos tienen una obligación de proteger la gama completa de derechos humanos para todas las mujeres.  
 
Recomendaciones:  
 
En el informe, Human Rights Watch hacía un llamado al gobierno de Argentina a que proteja los derechos humanos de las mujeres a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la privacidad, a la integridad física, a la información, a la libertad, a la libertad religiosa y de conciencia, al goce igual de los derechos, a la igualdad de protección ante la ley, y el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. Como un asunto de urgencia, el gobierno argentino debe inmediatamente:  

  • Asegurar que la mujer tenga acceso a información sobre anticonceptivos completa, correcta, y oportuna;  
  • Otorgar acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos-inclusive la esterilización;  
  • Garantizar el acceso a un aborto voluntario y seguro donde el Código Penal no lo penalice; y  
  • Asegurar que la mujer tenga acceso a una atención humanizada post-aborto sin tener que temer una sanción penal.