En Argentina, las mujeres enfrentan restricciones arbitrarias y discriminatorias a sus decisiones reproductivas y al acceso a anticonceptivos y al aborto. Como resultado, muchas mujeres se ven obligadas a elegir entre un embarazo y parto no deseados o peligrosos, o un aborto ilegal e inseguro que podría seriamente dañarlas o hasta incluso matarlas. Ocurren aproximadamente medio millón de abortos ilegales en Argentina al año, lo que representa un estimado 40 por ciento de los embarazos. Esta proporción muy alta de embarazos que terminan en abortos es una ilustración siniestra de la falta de acceso a información y servicios efectivos de planificación familiar. Los abortos inseguros han sido durante décadas la principal causa de mortalidad materna. "Decisión prohibida: Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina", un informe de Human Rights Watch, documenta las consecuencias trágicas y personales de las restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres argentinas.

Obstáculos en el acceso a los anticonceptivos  
Las decisiones sobre anticoncepción son difíciles y sumamente personales. En Argentina, a las mujeres se les impide sistemáticamente tomar tales decisiones. A pesar de la adopción de una ley prometedora de salud reproductiva, médicos y cónyuges siguen manteniendo control sobre la salud reproductiva de las mujeres a través de leyes y políticas que someten el proceso de toma de decisiones de la mujer a interferencia arbitraria externa. La violencia doméstica y sexual constituye una barrera persistente para las mujeres que quieren acceder a anticonceptivos, porque un importante número de hombres abusivos sabotean a propósito los intentos de su esposa o pareja de acceder a anticonceptivos como parte de su abuso. Otra barrera es la información evidentemente incorrecta o tendenciosa proporcionada por los trabajadores del sistema de salud pública. Adicionalmente, muchas mujeres simplemente no pueden pagar por los métodos anticonceptivos, y las promesas de asistencia por parte del gobierno frecuentemente no llegan a las más necesitadas. El acceso voluntario a la esterilización femenina- una de las formas más efectivas de anticoncepción-está sujeto a restricciones arbitrarias y discriminatorias por parte del gobierno. Más aún, algunos funcionarios de salud pública les exigen autorización judicial a las mujeres para acceder a la esterilización, aún cuando cumplan con todos los otros requisitos, en violación de sus derechos.  
 
El año 2003, el gobierno comenzó a implementar un muy necesitado programa nacional sobre salud reproductiva, apoyado por una campaña de información pública en el 2005. Mientras que el efectivo cumplimiento de las leyes y políticas y la puesta en práctica de programas existentes constituirían una contribución importante al abordaje de los daños concretos descritos en "Decisión prohibida", a largo plazo la reforma legal es esencial.  
 
Penalización del aborto  
Cuando una mujer no puede o no quiere continuar con un embarazo no deseado, la única opción para muchas es un aborto ilegal y por tanto en muchas ocasiones inseguro. El aborto constituye un crimen en Argentina, aunque se suspende su penalización cuando la vida o salud de la mujer embarazada están en peligro, o cuando el embarazo es el resultado de la violación de una mujer mentalmente discapacitada. En la práctica, estos abortos "no punibles" se realizan muy infrecuentemente ya que no existe una política clara regulando su acceso. La penalización del aborto permite a las "clínicas" clandestinas funcionar con poco respeto por la salud y vida de las mujeres. También lleva a las mujeres a medidas desesperadas, como por ejemplo el intentar abortar con agujas de tejer, con sondas, con tallos de perejil, o ingiriendo medicamentos abortivos sin asistencia médica adecuada. Cuando una mujer llega al hospital público sufriendo de hemorragias o de infecciones o lesiones que atentan contra su vida, y causadas por un aborto mal hecho, los funcionarios de salud pública a veces la menosprecian o le deniegan el tratamiento debido. Los médicos que llevan a cabo el curetaje post-aborto-un procedimiento altamente doloroso, donde el médico raspa la pared del útero-a veces lo hacen sin administrar anestesia. Por miedo a ser procesadas legalmente, las mujeres evitan el cuidado necesario post-aborto, lo cual puede acarrear consecuencias perjudiciales para su salud.  
 
En el 2005, el gobierno publicó una guía sobre la atención post-aborto humanizada, rápida, y efectiva. Al hacerlo, el gobierno reconoció que el acceso a una adecuada atención post-aborto sería la manera más directa de frenar la pérdida de vidas y otros efectos de salud que podrían ser prevenidos y que resultan de la práctica del aborto ilegal e irreglamentado que se lleva a cabo hoy en la Argentina. Sin embargo, si Argentina ha de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de la mujer, se requiere urgentemente una reforma que garantice el acceso a un aborto legal y seguro.  
 
Recomendaciones  
Al Gobierno de Argentina  
Human Rights Watch hace un llamado al gobierno de Argentina a que proteja los derechos humanos de las mujeres a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la privacidad, a la integridad física, a la información, a la libertad, a la libertad religiosa y de conciencia, al goce igual de los derechos, a la igualdad de protección ante la ley, y el derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. A largo plazo, Argentina debe reformar sus leyes y políticas para legalizar el aborto y erradicar la violencia contra las mujeres. A corto plazo, el gobierno argentino debe inmediatamente enfrentar las graves violaciones documentados en "Decisión prohibida" a través de los siguientes pasos esenciales:  

  • Asegurar que la mujer tenga acceso a información sobre anticonceptivos completa, correcta, y oportuna;  
  • Otorgar acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos-inclusive la esterilización;  
  • Garantizar el acceso a un aborto voluntario y seguro donde el Código Penal no lo penalice; y  
  • Asegurar que la mujer tenga acceso a una atención humanizada post-aborto sin tener que temer una sanción penal.  

Conclusión  
Cuando se le prohíbe a la mujer la posibilidad de tomar decisiones independientes sobre el uso de anticonceptivos y sobre el aborto, se le está violando sus derechos humanos. Aún las personas que están a favor del actual régimen restrictivo argentino sobre el aborto debieran reflexionar sobre los testimonios dolorosos que se reseñan en "Decisión prohibida": testimonios de mujeres que personalmente han vivido las consecuencias funestas de la penalización del aborto. El gobierno debe asegurar que las mujeres tengan acceso, en la ley como en la práctica, a los anticonceptivos e información adecuada, y al aborto seguro y legal. Para todas las mujeres, es una cuestión de igualdad. Para algunas, es una cuestión de vida o muerte.