Un alto comandante paramilitar colombiano, que se entregó a las autoridades el viernes, debe ser excluido de rebajas de penas y otros beneficios incluidos en un proyecto de ley sobre desmovilización
Diego Murillo Bejarano, también conocido como "Don Berna" o "Adolfo Paz", es uno de los varios comandantes paramilitares que declararon un cese al fuego e iniciaron negociaciones para su desmovilización con el gobierno colombiano a finales de 2002. Por haber supuestamente violado el cese al fuego ordenando tres recientes asesinatos, fiscales colombianos ordenaron el arresto de este líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Murillo se entregó el viernes después de tres días de eludir el arresto. Poco después, las autoridades colombianas anunciaron que él ordenaría la desmovilización de sus tropas y que él mismo obtendría la condición de "desmovilizado".
"Si se le permite a Murillo recibir una rebaja de pena, el proceso de desmovilización perderá toda credibilidad", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Si se toma en serio su promesa de acabar con la impunidad, entonces el gobierno colombiano debe hacer plenamente responsable a Murillo por abusos cometidos en violación del alto el fuego", agregó.
El 10 de abril, el congresista colombiano Orlando Benítez fue asesinato a tiros, junto con su hermana y su conductor, en una carretera cercana a Santa Fe de Ralito, en el estado norteño de Córdoba. Murillo ordenó supuestamente el asesinato porque Benítez se habría negado a dejar de hacer campaña en la región.
El miércoles, el Presidente de Colombia Álvaro Uribe autorizó la entrada de las fuerzas de seguridad en Santa Fe de Ralito a la zona de despeje para las negociaciones con los paramilitares, para capturar a Murillo por haber ordenado presuntamente el asesinato. Uribe anunció que proceso de paz no podía convertirse en un "paraíso de impunidad" y señaló que el presunto crimen de Murillo constituía una violación del cese al fuego.
Desde la declaración del cese al fuego en 2002, los paramilitares han violado reiteradamente sus condiciones y cometido masacres, secuestros y desapariciones forzadas, sin sufrir ninguna consecuencia adversa. En un informe que cubre sólo la mitad del país durante los primeros ocho meses del año pasado, la Defensoría del Pueblo declaró que había recibido 342 denuncias relacionadas con violaciones aparentes del cese al fuego por parte de los paramilitares, lo que incluía masacres, asesinatos selectivos y secuestros. Las estimaciones hechas por las organizaciones no gubernamentales colombianas del número de violaciones son aún más elevadas.
A principios del mes pasado, después de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, denunciara las continuas violaciones del derecho internacional humanitario y del cese al fuego por parte de los paramilitares, el gobierno colombiano respondió afirmando que había aumentado el uso de la fuerza contra estos grupos. Sin embargo, el gobierno sigue sin haber excluido a un solo comandante paramilitar de los beneficios de la desmovilización por haber violado las leyes humanitarias internacionales o el cese al fuego.
Murillo, conocido como el Inspector General de las AUC, fue jefe de seguridad de la familia Galeano, socios de Pablo Escobar y miembros del Cartel de Medellín. Las autoridades también lo han relacionado con bandas en Medellín empleadas para llevar a cabo asesinatos conocidos. En los últimos años, Murillo se convirtió en comandante de varios bloques paramilitares, entre ellos el bloque Cacique Nutibara, desmovilizado en 2003, y los bloques aún activos Héroes de Granada y Héroes de Tolová.
Un proyecto de ley de desmovilización pendiente en el Congreso permitiría que los comandantes paramilitares cumplan penas de sólo dos años por las atrocidades que han cometido. El proyecto de ley, respaldado por el gobierno, también podría blindar a comandantes de alto rango de la extradición a los Estados Unidos, en la medida en que reclasifica el paramilitarismo y sus crímenes conexos como delitos "políticos." Al mismo tiempo, el proyecto permitiría que los comandantes conserven la mayor parte de su riqueza y poder, y dejaría por lo tanto intactas las complejas redes mafiosas de sus grupos.
"Este proyecto de ley es un regalo total a los comandantes paramilitares", señaló Vivanco. "Si el gobierno permite que Murillo se desmovilice de acuerdo con los términos de este proyecto del ley, estaría permitiendo que se salga impune con la suya", agregó.
