Estados Unidos debe designar a un fiscal especial encargado de investigar la culpabilidad del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex director de la CIA George Tenet en casos de tortura y maltrato a detenidos.
El informe titulado "Getting Away with Torture? Command Responsibility for the U.S. Abuse of Detainees" (¿Tortura sin castigo? Responsabilidad de mando por el maltrato de Estados Unidos a detenidos), sale a la luz poco antes del primer aniversario de la publicación de las fotos de Abu Ghraib (28 de abril). En él se presentan pruebas sustanciales que justifican la investigación penal de Rumsfeld y Tenet, así como del Teniente General Ricardo Sánchez, anterior comandante en jefe de las tropas de Estados Unidos en Irak, y el General Geoffrey Millar, antiguo comandante del campamento de prisioneros de la bahía de Guantánamo, Cuba.
"Los soldados de bajo rango se están llevando la peor parte por Abu Ghraib y la tortura en todo el mundo, mientras que los de alto rango quienes diseñaron las políticas, están saliendo sin un rasguño", señaló Reed Brody, Consejero Especial de Human Rights Watch. "Esto es simplemente injusto", agregó.
Human Rights Watch dijo que ahora hay una cantidad abrumadora de pruebas de que el maltrato y la tortura a prisioneros musulmanes no sólo tuvo lugar en Abu Ghraib, sino en centros de todo Afganistán e Irak, así como en Guantánamo y en "lugares secretos" de todo el mundo, violando los Convenios de Ginebra y las leyes contra la tortura.
"Esta práctica sistemática del abuso en varios países no es el resultado de actuaciones individuales de soldados que se saltaron las reglas", señaló Brody. "Es el resultado de decisiones adoptadas por oficiales superiores de Estados Unidos de saltarse, ignorar o dejar de lado las reglas," agregó.
Entre las conclusiones de Human Rights Watch:
- Se debe investigar al Secretario Rumsfeld por su presunta responsabilidad en los crímenes de guerra y las torturas cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán, Irak y Guantánamo, bajo la doctrina de la "responsabilidad del mando"-el principio legal según el cual un superior es responsable de los crímenes cometidos por sus subordinados cuando sabía o debió haber sabido que estaban siendo cometidos pero no adoptó medidas razonables para detenerlos. El Secretario Rumsfeld aprobó técnicas de interrogatorio que violaron los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura, como el uso de perros de presa para atemorizar a los prisioneros y las posturas dolorosamente "incómodas". No hay pruebas de que, durante un período de tres años con un número creciente de denuncias de abuso, Rumsfeld ejerciera su autoridad y advirtiera a los que estaban bajo su mando que el maltrato a presos tenía que parar. Si lo hubiera hecho, muchos de los crímenes cometidos por las fuerzas de Estados Unidos podrían haber sido ciertamente evitados.
- Bajo la dirección de George Tenet y, según se ha informado, con su autorización específica, la CIA ha "entregado" a detenidos a países donde han sido torturados, lo que hace que Tenet pueda ser responsable de complicidad en la tortura. La CIA también ha "desaparecido" a detenidos en lugares secretos y se dice que ha empleado el "submarino", método por el cual se sumerge la cabeza del detenido en agua hasta que crea que se va a ahogar, al parecer también con la autorización de Tenet.
- El General Sánchez aprobó métodos ilegales de interrogatorio-que incluyeron de nuevo el uso de perros de presa para asustar a los prisioneros-que fueron aplicados por soldados en Abu Ghraib. No parece que el General Sánchez haya intervenido para detener la comisión de crímenes de guerra y torturas por parte de los soldados bajo su mando directo.
- El General Miller, como comandante del campamento de prisioneros firmemente controlado en la Bahía de Guantánamo, Cuba, podría tener responsabilidad por crímenes de guerra y actos de tortura cometidos allí. También podría ser responsable de la importación tácticas ilegales y abusivas de interrogatorio a Irak.
Human Rights Watch señaló que, a pesar de estas pruebas, Estados Unidos ha protegido deliberadamente a los arquitectos de las políticas ilegales de detención mediante la negativa a permitir una investigación independiente del maltrato a presos y la falta de investigaciones penales contra los líderes, que permitieron el desarrollo y la persistencia del abuso criminal generalizado contra los detenidos.
"Un año después de Abu Ghraib, Estados Unidos continúa haciendo lo que las dictaduras y las repúblicas bananeras de todo el mundo hacen cuando se descubren sus abusos-encubrir el escándalo y trasladar la culpa hacia abajo", señaló Brody. "Un muro de inmunidad rodea a los arquitectos de la política que llevó a todos estos crímenes," agregó.
Human Rights Watch pidió el nombramiento de un fiscal especial, arguyendo que dado que el propio Fiscal General Alberto Gonzáles estuvo profundamente involucrado en las políticas que llevaron a estos presuntos crímenes, tenía un conflicto de intereses que impedía una investigación adecuada del maltrato a detenidos. Los reglamentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos disponen el nombramiento de un asesor externo cuando se produzca dicho conflicto y el interés público justifique un fiscal sin conexiones con el gobierno.
Human Rights Watch también reiteró su petición al Congreso y al Presidente para el establecimiento de una comisión especial, en la línea de la comisión del 11-S, encargada de investigar el asunto del maltrato a prisioneros. Dicha comisión celebraría sesiones y tendría plenas facultades citatorias y autoridad para recomendar la creación de una fiscalía especial encargada de investigar posibles delitos penales, si el Fiscal General todavía no la hubiera designado. Aunque Human Rights Watch señaló que las pruebas existentes ya justificaban una investigación criminal, insistió en que una comisión independiente podría obtener pruebas que el gobierno ha continuado ocultando, entre ellas las directivas presuntamente firmadas por el Presidente Bush en las que se autorizaba que la CIA estableciera centros secretos de detención y facilitara la "entrega" de sospechosos a regímenes brutales.
