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La decisión del gobierno estadounidense de retirarse del protocolo que regula las controversias diplomáticas plantea consecuencias inmediatas para los derechos de los extranjeros detenidos en los Estados Unidos y podría poner en peligro a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran detenidos en el exterior, señaló hoy Human Rights Watch.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) está habilitada para intervenir en controversias entre los países que forman parte del Protocolo Opcional de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, incluyendo los casos sometidos por los Estados en representación de personas que se encuentran detenidas en otros países y que han visto denegado su acceso a los representantes consulares de su respectivas naciones.

Según una decisión adoptada esta semana por la administración Bush, de aquí en adelante la CIJ, o Corte Internacional, no tendrá jurisdicción para intervenir en casos presentados por los países en nombre de personas que se encuentren detenidas en los Estados Unidos y que no sean ciudadanas de ese país. Los ciudadanos norteamericanos bajo custodia de otros países a los que se les haya denegado acceso a su embajada tampoco tendrán acceso a la CIJ.

“Esta decisión no sólo viola el derecho de los extranjeros que viven en los Estados Unidos sino que también podría poner en peligro a los norteamericanos que viven en el exterior,” señaló Jamie Fellner, Directora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Es un grave error para los Estados Unidos, tanto por motivos prácticos como morales y legales.”

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado ratificado por los Estados Unidos en 1969, estipula que los gobiernos deben permitir a los extranjeros detenidos comunicarse con representantes de sus respectivas embajadas. El Protocolo Opcional a este tratado, también ratificado por los Estados Unidos, reconoce jurisdicción a la CIJ sobre las disputas contempladas en el marco del tratado. De hecho, el propio gobierno de los Estados Unidos propuso asignar a la CIJ este rol durante las negociaciones de 1963 para finalizar los términos del Protocolo Opcional

La Secretaria de Estado Condoleezza Rice informó esta semana a las Naciones Unidas que los Estados Unidos se retirarán del Protocolo Opcional, sólo días después de que el Presidente Bush ordenara a las cortes del estado de Texas acatar la decisión Avena de la CIJ, misma que fuera adoptada cuando los Estados Unidos aún formaban parte del Protocolo Opcional. En este fallo la CIJ ordenó a los tribunales estadounidenses considerar los casos de 51 ciudadanos mexicanos condenados a pena de muerte a quienes se les negó el derecho a recibir asistencia consular.

“Estamos satisfechos con el hecho de que la administración Bush se haya comprometido a acatar el fallo de la CIJ,” señaló Fellner. “Pero la decisión de retirarse del Protocolo despierta nuevos temores de que los extranjeros que enfrentan penas de muerte en los Estados Unidos vean sus derechos violados y que los Estados que los representan no tengan a donde recurrir en busca de soluciones. Se trata de una cuestión de vida o muerte.”

En el pasado los Estados Unidos utilizaron el Protocolo Opcional de la Convención de Viena para proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Luego que 52 ciudadanos norteamericanos fueran tomados como rehenes en Irán en 1979, los Estados Unidos demandaron a dicho país ante la Corte Internacional valiéndose del protocolo, y la corte falló a favor de los Estados Unidos. Ahora, en el caso de que un norteamericano sea arrestado en el extranjero y se le deniegue acceso a asistencia consular, los Estados Unidos no tendrán la capacidad de demandar a ese país ante la Corte Internacional.

Las salvaguardas brindadas a los extranjeros en los Estados Unidos son especialmente importantes en los casos de pena de muerte, donde se encuentran en juego cuestiones particularmente importantes. Los detenidos extranjeros suelen encontrarse en condiciones de inferioridad para comprender todo lo que ocurre a su alrededor, desde las leyes y procedimientos vigentes en los Estados Unidos hasta el idioma utilizado en las cortes. Sin asistencia consular, estos detenidos son proclives a tomar decisiones que socavan su propia defensa y, en el peor de los casos, el resultado de esta situación puede llevar a una sentencia de muerte.

La decisión de abandonar el Protocolo Opcional se encuentra en contra de los pronunciamientos recientes de los Estados Unidos en el sentido de aumentar la cooperación con otros países.

“El momento elegido resulta prácticamente incomprensible,” señaló Fellner. “Por un lado los Estados Unidos socava a las instituciones internacionales mientras que, por el otro, reclama una mayor cooperación global.”

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