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El Congreso ecuatoriano ha violado el principio de la independencia judicial al purgar virtualmente a todos los magistrados de la Corte Suprema. En una sesión especial convocada la semana pasada por el Presidente Lucio Gutiérrez, 52 de los 100 diputados del Congreso aprobaron la sustitución de 27 de los 31 magistrados por sus propios aliados políticos.

"La independencia judicial es un ingrediente fundamental para el funcionamiento de la democracia", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El hecho de que el Presidente Gutiérrez y sus aliados en el Congreso puedan purgar la Corte Suprema demuestra claramente que falta dicho ingrediente en el Ecuador actual", agregó.

Ecuador es parte de tratados de derechos humanos que le exigen salvaguardar la independencia de su sistema judicial-entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El principio de la independencia judicial es también un aspecto central de la Carta Democrática Interamericana, que los ministros de relaciones exteriores de Ecuador y otros 33 miembros de la Organización de Estados Americanos adoptaron en 2001. La Carta define "Son elementos esenciales de la democracia representativa", entre otros, "el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho" y "la separación e independencia de los poderes públicos".

La Constitución de Ecuador de 1998 también establece los principios de la independencia judicial y la separación de poderes. Dispone específicamente que las vacantes en la Corte Suprema deben ser cubiertas por la propia Corte. A diferencia de la Constitución anterior, no otorga al Congreso la autoridad para destituir a Magistrados.

El Presidente Gutiérrez, elegido en 2002, alegó que la Corte era leal a sus opositores políticos, quienes intentaron recientemente sin éxito iniciar procesos judiciales para su destitución. Los jueces sustitutos fueron seleccionados entre los partidos políticos que se opusieron con éxito al proceso para la destitución del Presidente.

Los cambios en la Corte Suprema forman parte de una serie de medidas que han consolidado el control del sistema de justicia por parte del Presidente y sus aliados. El mes pasado, el Congreso también remplazó a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional del país.

El Presidente Gutiérrez ha declarado que la nueva Corte Suprema será un arreglo temporal hasta que se proponga una enmienda constitucional, el año próximo, que transformará el sistema de justicia.

"En lugar de intentar controlar la Corte Suprema, el Presidente y el Congreso deberían tomar de manera inmediata las medidas necesarias para fortalecer su independencia", señaló Vivanco.

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