La reforma del sistema de justicia penal mexicano ofrece una oportunidad histórica para combatir el uso generalizado de la tortura. El Congreso debe aprobar las medidas en contra de la tortura pero rechazar otras disposiciones que podrían entorpecer su impacto positivo.
"La tortura ha sido un secreto a voces en México durante años," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Americas de Human Rights Watch. "Después de varios años de tratar simplemente los síntomas del problema, México ahora tiene una propuesta de reforma que ataca las causas del problema de la tortura".
Unos 588 casos de tortura — muchos de ellos involucran a más de una víctima — fueron documentados por los procuradores de derechos humanos estatales y nacionales entre 1990 y 2003, de acuerdo a un estudio recientemente publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, existen buenas razones para creer que los casos documentados representan sólo una fracción del total de casos. Una de estas razones se refiere al hecho de que la tortura es con frecuencia sumamente difícil de documentar. En la mayoría de los casos no hay testigos del crimen y la tortura suele no dejar marcas físicas en la víctima. En consecuencia, es probable que la única prueba de la tortura sea la palabra de la victima, que con frecuencia es insuficiente para demostrar la comisión de un delito. De otra parte, puede que esta prueba nunca se logre ya que la principal consecuencia de la tortura -y uno de sus propósitos- es intimidar a la víctima para que se mantenga en silencio.
Otra razón para sospechar que el uso de la tortura en México es generalizado consiste en que la tortura actualmente cumple un propósito dentro del sistema de justicia criminal mexicano: genera confesiones. Esto ha sido demostrado con casos documentos.
De acuerdo con el estudio de la CNDH, en más del 83% de los casos de tortura investigados por la comisión, los abusos permitieron obtener la confesión de la víctima.
Las confesiones forzadas pueden cumplir múltiples propósitos. El primero es aportar pruebas — tanto de la autoinculpación como de otros testigos o pruebas físicas — de que la victima es culpable de un delito. Sin embargo, si bien la intención habitual de la tortura es obtener la verdad por la fuerza a un delincuente, puede también que la misma tenga como resultado la obtención de una mentira de un inocente. La tortura puede por lo tanto cumplir una función aún más siniestra- encubrir las propias actividades de policías e investigadores.
La propuesta de reforma de justicia, que el presidente Fox presentó en Marzo, busca promocionar tanto la protección de los derechos básicos como fortalecer la seguridad pública. Dentro de la gama de disposiciones se encuentran los cambios en la Constitución Mexicana referidos al tema de la tortura.
La reforma más importante es una modificación al Articulo 20 de la Constitución — que garantiza el debido proceso. La misma reforma suprime valor probatorio a todas las confesiones que no se realicen directamente ante un juez. Este requisito elimina prácticamente el principal incentivo de policías e investigadores para torturar a los detenidos: la posibilidad de que la confesión obtenida bajo coacción sea utilizada para condenar a la victima.
El paquete de reformas contiene otras disposiciones constitucionales que pueden también frenar la práctica de la tortura:
- el reconocimiento explicito del principio establecido de que los sospechosos de cometer un delito gozan del principio de presunción de inocencia hasta tanto se demuestre su culpabilidad.
- el requisito de que el acusado tenga acceso a un abogado desde el momento en que es puesto a disposición del fiscal, y de que se trate de un abogado "certificado" y "adecuado."
- la regla general de dejar sin efecto jurídico las practicas ilegales de policías e investigadores, anulando así las pruebas obtenidas ilegalmente.
Lamentablemente, la misma propuesta de reforma debilita la efectividad de las medidas contra la tortura al crear excepciones en su aplicación. La más grave se relaciona con el "crimen organizado." Una propuesta de reforma de la Constitución permite que la legislación exceptúe estos casos de las garantías del debido proceso.
"Puede que los agentes del ministerio público y la policía necesiten facultades especiales para investigar a poderosas mafias," dijo Vivanco. "Sin embargo, nada justifica la creación de una amplia y amorfa clase de sospechosos criminales a quienes se les excluye las garantías constitucionales básicas."
El viernes 10 de diciembre, el Presidente Fox presentará el "Programa Nacional de Derechos Humanos" con una serie de objetivos globales para que México logre mejorar sus prácticas en materia de derechos humanos en una variedad de áreas, entre ellas el sistema de justicia penal.
"La reforma de la justicia penal en México debe ser vista como una prueba crítica acerca de la real voluntad para cumplir con el Programa Nacional de Derechos Humanos," dijo Vivanco. "La legislación se encuentra sobre la mesa. Su éxito depende del Presidente Fox y del Congreso."
