El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas inmediatas para revertir la limpieza étnica y evitar un mayor desplazamiento en la región oriental sudanesa de Darfur, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los días 18 y 19 de noviembre el Consejo de Seguridad se reunirá en Nairobi para una sesión especial sobre Sudán.

En un nuevo informe de 43 páginas, “If We Return We Will Be Killed” (Si regresamos nos matan), Human Rights Watch documenta el continuo ambiente de violencia e inseguridad en Darfur y la necesidad urgente de ampliar la fuerza de protección internacional, especialmente cerca de los campamentos que albergan a muchas de las 1,6 millones de personas desplazadas de Darfur. Esta misma semana, mientras el Consejo de Seguridad se preparaba para la reunión en Nairobi, las fuerzas de seguridad sudanesas invadieron descaradamente los campamentos para personas desplazadas.

“El gobierno sudanés continúa aterrorizando a sus propios ciudadanos, incluso a pesar de la inminente llegada del Consejo de la Seguridad de la ONU a África”, señaló Peter Takirambudde, Director Ejecutivo de la División de África de Human Rights Watch. “A menos que el Consejo de Seguridad respalde sus anteriores advertencias con acciones enérgicas, la limpieza étnica en Darfur se consolidará. Y, centenares de funcionarios de la ONU estarán sobre el terreno presenciando impotentemente los acontecimientos”, agregó.

El objetivo de la sesión especial del Consejo de Seguridad es ejercer presión sobre el gobierno sudanés y sobre el movimiento rebelde del sur del país, el Movimiento o Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (Sudan People’s Liberation Movement/Army, SPLM/A), con el fin de finalizar el acuerdo de paz que lleva casi tres años en negociación. El acuerdo de Naivasha resolvería el conflicto de 21 años que se ha librado sobre todo en el sur de Sudán, y dispondría la celebración de un referendo de autodeterminación en el sur en un plazo de seis años y medio. Human Rights Watch expresó su preocupación por la ausencia de un texto sustantivo en materia de derechos humanos en el acuerdo de paz de Naivasha.

“El acuerdo de paz de Naivasha no aborda la responsabilidad por los masivos abusos contra los derechos humanos durante la guerra devastadora en el sur de Sudán ni el ciclo constante de impunidad que ha contribuido a lo que estamos viendo en Darfur”, señaló Takirambudde. “A no ser que la comunidad internacional se enfrente directamente al hecho de que Jartum está empleando tanto a las milicias como a sus fuerzas armadas para perseguir a grupos étnicos en Darfur, como lo hizo en el sur del país, la terrible violencia continuará”, agregó.

En su última misión a Darfur y Jartum, Human Rights Watch documentó varios casos en los que las comunidades desplazadas no pudieron regresar y recuperar sus tierras debido al ambiente de temor y violencia mantenido por las milicias janjawid respaldadas por el gobierno. En el informe también se describen los abusos cometidos por los rebeldes, lo que incluye secuestros de civiles y saqueo de propiedad civil como ganado.

En el informe también se destaca la necesidad urgente de enjuiciar internacionalmente a los líderes del gobierno, las fuerzas armadas y las milicias janjawid de Sudán por la comisión sistemática de limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Human Rights Watch afirmó que, aunque Sudán ha prometido llevar a los miembros de los janjawid ante la justicia, este anuncio es sólo de apariencia..

Human Rights Watch señaló que la sesión del Consejo de Seguridad en Nairobi debe adoptar una resolución nueva y firme sobre la crisis de Darfur. Sin embargo, en el actual proyecto de resolución no se impone ninguna sanción a Jartum por su participación directa en la brutal limpieza étnica de civiles en Darfur.

En el nuevo informe de Human Rights Watch se documenta cómo los darfurianos que intentan regresar a sus casas han sido atacados una y otra vez por fuerzas janjawid, que continúan actuando con impunidad. Jartum se ha comprometido repetidamente a desarmar y desarticular a las milicias janjawid. Sudán no sólo ha incumplido estos compromisos, sino que algunos miembros de los janjawid responsables de atrocidades han sido vinculados dentro de la policía y las fuerzas gubernamentales, y ahora pueden “vigilar” los campamentos de los mismos civiles desplazados a los que les quemaron sus aldeas.

“Cuando las familias intentan volver a casa, son atacadas nuevamente por las fuerzas janjawid”, señaló Takirambudde. “La consecuencia práctica es la consolidación de la limpieza étnica”, agregó.

Human Rights Watch dijo que los recientes allanamientos y reubicaciones forzadas en campamentos como el de desplazados de El-Geer, en Nyala, Darfur del Sur, aún constituyen una fase más en la limpieza étnica de civiles de Darfur.

“Es importante entender que la limpieza étnica en Darfur consiste primero en el desplazamiento forzoso de personas, y después en impedirles que puedan regresar a sus casas con seguridad”, dijo Takirambudde. “Lo que está logrando el gobierno con estos allanamientos y el lanzamiento de gases lacrimógenos en los campamentos de desplazados es la reubicación violenta de personas en zonas alejadas de sus casas”, añadió.

Human Rights Watch señaló que las autoridades sudanesas tienen que garantizar la seguridad para que los darfurianos puedan regresar a salvo a sus casas y granjas. A cambio, el gobierno ha demostrado una y otra vez que no cuenta con la voluntad ni la capacidad fundamental para frenar a las milicias, mantener la ley y el orden y proteger a los civiles.

Además de pedir al Consejo de Seguridad que aumente el número de observadores del alto al fuego de la Unión Africana y de tropas de protección, y otorgar a estas fuerzas un mandato de la ONU para proteger a civiles, Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad a que extienda el embargo de armas al gobierno sudanés, imponga sanciones de viajes y congelación de bienes de funcionarios gubernamentales y oficiales militares claves, y garantice que se frene la limpieza étnica en Darfur mediante el regreso seguro y voluntario de las personas desplazadas a sus casas. Human Rights Watch señaló además que Jartum debe ofrecer reparaciones—posiblemente de los ingresos del gobierno procedentes del petróleo—a las personas que hayan sido víctimas de abusos por parte de las fuerzas gubernamentales o las milicias.