La importancia de la reforma de la Ley 26626 sobre el VIH/sida no reside solo en que el Estado garantice el tratamiento de las personas que viven con VIH, lo que sería un paso adelante. También reside en que la ley obliga a todas las mujeres embarazadas a pasar un test de VIH, lo que potencialmente sería un paso atrás.

Dar consejería y test de VIH a una porción amplia de la población es digno de elogio; sin embargo, no podemos alentar la eliminación de la voluntariedad de los test. Estudios internacionales sugieren que los test de VIH obligatorios amenazan los derechos humanos y son potencialmente dañinos para la salud pública. Ante el peligro inminente de ser discriminadas si su condición es seropositiva, algunas mujeres preferirán no acercarse a los centros de salud donde saben que recibirán un test obligatorio. Más bien, más del 95% de mujeres embarazadas opta por hacerse el test de VIH cuando se les reconoce la capacidad de elegir.

Los test de VIH obligatorios amenazan una amplia gama de derechos humanos. Los derechos afectados incluyen los de la no discriminación y la integridad física, el derecho a vivir sin violencia, y el derecho al más alto nivel posible de salud. Las mujeres, en particular, se ven potencialmente afectadas, puesto que muchas ya están sufriendo discriminación a diario por razón de su sexo. En 1998, las Naciones Unidas emitieron directrices sobre VIH/sida y derechos humanos que abogan fuertemente por los test de VIH voluntarios - y no obligatorios - como un elemento crítico en la lucha contra el sida. Una reforma legislativa en favor de los test de VIH obligatorios para las mujeres embarazadas sería una afrenta a los estándares establecidos de derechos humanos y VIH/sida. Quienes promueven la obligatoriedad parecen pensar que al forzar a las mujeres embarazadas a hacerse el test de VIH las benefician, por lo menos donde existe tratamiento adecuado y accesible.

Esta argumentación ignora los efectos potencialmente adversos en términos de salud pública que puede tener la obligatoriedad. También ignora la obligación del Perú en términos de derechos humanos.

La provisión de servicios prenatales ofrece una oportunidad única de proveer información sobre VIH que puede salvar vidas a muchas personas. Cuando los test de VIH son obligatorios, la consejería pretest, en la práctica, se vuelve inadecuada, ya que no será necesaria para obtener el consentimiento informado de la mujer. Como consecuencia, el Perú perderá una oportunidad de prevenir nuevas infecciones de VIH. Más aun, los países miembros del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales -incluyendo el Perú- tienen la obligación de impedir la aplicación de tratamientos médicos coercitivos, salvo cuando sea estrictamente necesario para la prevención de enfermedades transmisibles. El VIH/sida ciertamente es una enfermedad transmisible, pero los test de VIH obligatorios no son necesarios para prevenir su transmisión.

En el Perú, una dimensión particularmente cruel de la reforma propuesta de la Ley 26626 es la contraposición entre los derechos de los niños y los de las mujeres. La connotación de los argumentos promovidos, entre otros, por el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Daniel Robles, es que una mujer que valora su derecho a consentir o no a un test de VIH viola sus deberes morales hacia su futuro hijo. Esta oposición de valores es falsa. No es necesario violar los derechos humanos de una mujer para proteger los del niño, o para reducir el riesgo de transmisión de VIH a un infante.

Si el Perú implementa test de VIH obligatorios durante el embarazo, estaría abandonando una política que nunca fue implementada con fuerza: la de los test voluntarios. En el Perú los programas de consejería y test voluntarios de VIH no han recibido el apoyo necesarios para funcionar. Pero el argumento a favor de los test voluntarios es más que una opción programática: los test voluntarios de VIH son claramente más eficientes que los test obligatorios como vehículo para diseminar información sobre el VIH y para proveer servicios de prevención para más personas, incluyendo los niños. ¿No era precisamente eso lo que quería promover el Congreso peruano?