Los legisladores colombianos deben asegurarse que cualquier ley aprobada para fomentar la paz con los grupos armados ilegales garantice el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad.

"Hay un fuerte y creciente consenso internacional de que la impunidad-ya sea mediante amnistías, indultos o castigos meramente simbólicos- nunca debe otorgarse para los crímenes contra la humanidad", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, en una intervención ante el Congreso con motivo de la invitación del senador colombiano Rafael Pardo. "Si se aprueba sin una revisión importante, el proyecto de ley presentado ante esta cámara otorgaría impunidad y supondría un desfase con lo que está ocurriendo en el resto del mundo", agregó.

Actualmente, el Congreso de Colombia está considerando un proyecto de ley que otorgaría condenas leves o triviales a los líderes paramilitares que han cometido crímenes graves, como masacres, asesinatos premeditados, tortura y desplazamiento forzado. De otra parte, el proyecto de ley no tiene en cuenta la necesidad de las víctimas de los ataques de que se haga justicia y se ordenen las reparaciones.

Vivanco señaló que muchos países de América Latina están eliminando o anulando las amnistías y otras medidas judiciales que han otorgado impunidad real o efectiva. Un ejemplo de ello es El Perú, donde un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado reabrir todos los casos sobre violación de los derechos humanos que se habían archivado con motivo de los decretos de amnistía.

En Argentina, legisladores y tribunales han rechazado la impunidad otorgada a los oficiales y soldados que llevaron a cabo "desapariciones", torturas y otros abusos graves contra los derechos humanos durante los setenta y los ochenta. El mes pasado, un juez federal anuló dos de los siete indultos promulgados por el ex Presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990.

"Lo que está ocurriendo en Argentina y Perú no debe verse aquí en Colombia como algo remotamente posible", dijo Vivanco. "Es un futuro cierto si se aprueba e implementa una ley que otorgue impunidad por crímenes contra la humanidad".

Refiriéndose a las experiencias internacionales, Human Rights Watch señaló que los procesos de paz tanto en Irlanda del Norte como en Sudáfrica contenían importantes salvaguardias contra la impunidad. En Irlanda del Norte, sólo los presos que ya estaban condenados y cumpliendo una pena de prisión pudieron solicitar la libertad provisional, y ningún preso pudo obtenerla sin haber cumplido un mínimo de dos años de cárcel.

En Sudáfrica, la Comisión de Verdad y Reconciliación no garantizó la amnistía a los responsables de crímenes que aceptaron testificar, sino hasta tanto se demostró que declararon y confesaron toda la verdad. De las 7.112 personas que pidieron la amnistía, sólo unas 1.200 (17%) la recibieron.

Además, quedó abierta la opción de juzgar penalmente en el futuro a los presuntos responsables que no hubieran colaborado. Uno de ellos fue Gideon Nieuwoudt, ex coronel de la policía sudafricana, famoso por su brutalidad como comandante en Port Elizabeth. En febrero de este año, Nieuwoudt fue detenido y acusado del asesinato en 1985 de los activistas antiapartheid conocidos como los "Tres de Pebco", un crimen por el cual la comisión le negó la amnistía.

Vivanco señaló también que Colombia forma parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que implica que sus ciudadanos están sometidos a la jurisdicción de la Corte. Un esfuerzo por eludir la justicia y proteger penalmente a notorios violadores de los derechos humanos podría provocar que la Corte se hiciera cargo de casos colombianos.