El fracaso del proceso contra uno de los máximos oficiales del Ejército Nacional de Colombia acusados de cooperar con los grupos paramilitares demuestra que continúan las graves deficiencias en la Fiscalía.

Esta semana, el Fiscal General Luis Camilo Osorio anunció que no presentaría cargos contra el General Rito Alejo del Río, retirado del Ejército e investigado por su presunta relación con paramilitares, cuando estaba al mando de la 17ª Brigada, ubicada en el norte de Colombia, entre 1995 y 1997.

"Lo primero que hizo el Fiscal General Luis Camilo Osorio al asumir el cargo en 2001 fue despedir a los fiscales que habían reunido suficientes pruebas para procesar y detener a Del Río por delitos graves", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Esta purga fue sólo el principio de una nueva y marcada tendencia de la Fiscalía General a obstaculizar o desbaratar los casos que implican a altos mandos militares y paramilitares", agregó.

A las 72 horas de ocupar el puesto, Osorio exigió la renuncia de dos veteranos funcionarios de alto nivel que se habían encargado de algunos de los más importantes y complejos casos de derechos humanos dentro de la institución, entre otros el caso del General Del Río. Un tercer alto funcionario se sintió obligado a renunciar en respuesta a las acciones del Fiscal General. Posteriormente, la fiscal que había ordenado la detención del General del Río, en julio de 2001, se vio obligada a salir de Colombia por amenazas contra su vida.

Los fiscales habían reunido pruebas que implicaban a Del Río en el apoyo a grupos paramilitares que habían atacado pueblos, ejecutado a líderes cívicos locales y provocado el desplazamiento masivo de cientos de residentes de la región del Urabá. Según los testimonios recaudados por los fiscales, el General del Río habría ordenado a sus tropas que patrullaran con los paramilitares y tomaran medidas para que las víctimas de las matanzas paramilitares parecieran bajas en combate entre el Ejército y la guerrilla.

Las pruebas eran lo suficientemente comprometedoras como para que el entonces Presidente Andrés Pastrana ordenara el retiro de Del Río en 1998. Además, el Gobierno norteamericano canceló su visa de entrada a Estados Unidos en julio de 1999 debido, aparentemente, a la existencia de pruebas fiables que le implicaban en actos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas.

El caso Del Río es uno de los más graves de Colombia ya que se alega la existencia de colusión generalizada entre el Ejército de Colombia y los grupos paramilitares. La coalición paramilitar, conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, está incluida actualmente en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se ha dictado auto de procesamiento por narcotráfico contra tres líderes paramilitares.

El Fiscal General ha descalificado públicamente los testimonios de dos ex agentes de las fuerzas de seguridad que denunciaron las actividades ilegales de Del Río. En ambos casos, existen numerosas pruebas que corroboran los testimonios, pero Osorio ha descartado esta evidencia.

"La Procuraduría debería nombrar inmediatamente a un agente especial que examine la actuación del Fiscal General y las decisiones dentro del proceso, pues creemos que se podría estar violando la legislación colombiana", dijo Vivanco.

Vivanco señaló que bajo el liderazgo de Osorio, la Fiscalía General se ha visto sacudida por escándalos de corrupción, que incluye denuncias de infiltración de paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. Durante las últimas seis semanas, se ha obligado a renunciar o transferido a tres altos funcionarios-el director nacional de fiscalías, el sustituto del director nacional y el responsable del Programa de Protección de Testigos-por graves dudas sobre su integridad.

De acuerdo con el derecho internacional, Colombia tiene la obligación de investigar y enjuiciar los abusos contra los derechos humanos. El avance en estos casos también es fundamental para determinar si Colombia está cumpliendo las condiciones que regulan actualmente la ayuda militar de Estados Unidos. Desde 2000, Estados Unidos ha invertido más de 25 millones de dólares en la Fiscalía General de Colombia.