El nuevo Presidente de Guatemala, Oscar Berger, debe garantizar el establecimiento de una comisión para investigar los grupos clandestinos. En términos más generales, el Presidente Berger debe hacer de la responsabilidad frente a los derechos humanos un elemento fundamental del programa de su gobierno

"El principal reto para la democracia en Guatemala sigue siendo el restablecimiento del Estado de Derecho", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Acabar con la impunidad mediante el enjuiciamiento de los casos de violencia política es un paso esencial en este proceso".

La semana pasada, el gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para la creación de una comisión internacional encargada de investigar a los grupos clandestinos responsables de numerosos actos de violencia política en los recientes años. La comisión, conocida como la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), estará liderada por un comisionado nombrado por la ONU y colaborará con la Fiscalía General de Guatemala para enjuiciar casos en los tribunales guatemaltecos.

La primera medida fundamental para el establecimiento de la comisión es que el Congreso de Guatemala ratifique el acuerdo. Durante la campaña electoral, Berger prometió respaldar la creación de la CICIACS. Con el inicio de su presidencia, debería presionar al Congreso para que ratifique el acuerdo con carácter urgente y prioritario.

Berger es el segundo Presidente electo de Guatemala desde la firma de los acuerdos de paz de 1996, que pusieron fin a un conflicto armado interno de 36 años en el que perdieron la vida nada menos que 200.000 guatemaltecos. Las fuerzas armadas guatemaltecas fueron responsables de la gran mayoría de los abusos cometidos durante la guerra, que incluyeron cientos de masacres de civiles desarmados.

En los siete años transcurridos desde el final de la guerra, sólo dos importantes casos de derechos humanos se han saldado con la condena de oficiales superiores del ejército.

Estos fallos no se dictaron hasta que varios testigos fueron asesinados, y algunos investigadores, jueces y fiscales huyeran del país. Ambas condenas fueron posteriormente anuladas por razones dudosas y continúan siendo objeto de revisión judicial.

El obstáculo más urgente para el avance de los casos de derechos humanos ha sido el clima de violencia política e intimidación que reina en el país. Los activistas pro derechos humanos, los funcionarios de justicia, los periodistas y otras personas que han promovido el rendimiento de cuentas han sufrido numerosas amenazas y ataques durante los últimos tres años.

Existe un sólido consenso entre los observadores locales e internacionales en que los responsables de muchos de estos actos de violencia e intimidación están asociados a grupos clandestinos con conexiones tanto con las instituciones del Estado como con el crimen organizado. Dada su capacidad para corromper las instituciones públicas y debilitar el Estado de Derecho, estos grupos no sólo amenazan a personas y organizaciones concretas, también a la totalidad de la sociedad guatemalteca.

El papel de la comisión prevista consiste en investigar y promover el enjuiciamiento de estos grupos.

"La comisión propuesta podría ofrecer a Guatemala su última y mejor oportunidad para restaurar el Estado de Derecho", señaló Vivanco. "Es fundamental que el Presidente Berger haga honor al compromiso de su país de hacer realidad la comisión".