(Nueva York) - El gobierno de Perú debe investigar inmediatamente el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad para aplacar las protestas presentadas a lo largo del país, señaló Human Rights Watch hoy. El 29 de mayo Eddy Quilca Cruz, de 22 años, murió tras haber recibido un disparo proveniente de soldados que dispararon contra estudiantes que protestaban en la Universidad Puno del Altiplano. Docenas resultaron heridos, algunos con heridas de bala.

El día anterior, dieciocho manifestantes resultaron heridos en Barranca, ciudad al norte de Lima, capital de Perú. Según un oficial gubernamental, algunos manifestantes sufrieron heridas de bala después de que la policía y soldados les dispararan. Human Rights Watch recibió reportes de manifestantes heridos en choques con tropas estatales en Huancavo, Trujillo, Chiclavo y Arequipa.  
 
"Para prevenir que haya más muertes civiles, el Presidente Alejandro Toledo debe ordenar una investigación inmediata sobre el uso de fuerza letal por parte del ejército y la policía, particularmente en los incidentes presentados en Puno y Barranca", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Para controlar las protestas se deben utilizar, en la medida de lo posible, métodos no violentos, con el fin de minimizar riesgos a la vida humana".  
 
El Ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola dijo que las tropas involucradas en el incidente de Puno abrieron fuego en defensa propia, después de emitir varias advertencias y encontrarse rodeados por el gentío armado con objetos corto punzantes, piedras y bombas Molotov. La prensa reportó que las tropas estaban limpiando los escombros dejados por los campesinos para bloquear la autopista Panamericana cuando los manifestantes les arrojaron piedras y otros objetos y vandalizaron edificios. Sin embargo los lideres estudiantiles y las autoridades locales insisten que los soldados exageraron y que no estaban bajo ninguna amenaza.  
 
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados del Cumplimiento de la Ley señala que dichos oficiales durante el cumplimiento de su deber deben, en la medida de lo posible, utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego. Cuando el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego es inevitable, los oficiales encargados del cumplimiento de la ley deben moderarse y actuar proporcionalmente a la gravedad de la ofensa. El objetivo legítimo debe ser alcanzado con el mínimo daño y heridas, y preservando y respetando la vida humana.  
 
El 27 de mayo, el Presidente Toledo declaró el Estado de Emergencia Nacional durante treinta días como respuesta a la ola de huelgas de maestros, trabajadores de la salud, campesinos, y personal de las cortes. Los huelguistas protestaban ante la incapacidad del gobierno para mejorar sus condiciones de vida. El decreto gubernamental suspende derechos de asamblea y autoriza a la policía y a las tropas armadas a irrumpir en propiedades y hacer arrestos sin ninguna garantía legal. Human Rights Watch hizo un llamado a las autoridades peruanas para restablecer las garantías del debido proceso que aseguren que las autoridades no van a llevar a cabo detenciones arbitrarias y extraoficiales.