(Washington D.C.) — La detención del jueves del ex-lider militar de las fuerzas armadas argentinas, Leopoldo Galtieri, por graves abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar en Argentina supone una victoria para la justicia, dijo hoy Human Rights Watch. También se ha dictado una orden de arresto para el ex jefe del ejército, el general Cristino Nicolaides, y el ex general Carlos Suárez Mason, ambos de los cuales ya se encuentran en arresto domiciliario acusados de violaciones a los derechos humanos en otros casos.

El juez federal Claudio Bonadío ha concluido que Galtieri, Nicolaides y Suárez compartieron la responsabilidad por la desaparición en 1979 y 1980 de 18 miembros del grupo guerrillero Montoneros, que habían regresado o estaban planeando regresar a Argentina. También ha ordenado el arresto de unos cuarenta oficiales de menor rango de la policía y el ejército, la mayoría de los cuales estaban asignados al Batallón 601 del Ejército, una unidad responsable de las operaciones de inteligencia en el extranjero.

"El fallo de Bonadío es sumamente importante", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "Han pasado casi dos décadas desde que la junta militar argentina dejara el poder; estos procesamientos están pendientes desde hace mucho tiempo".

El éxito de los procesos en curso por violaciones a los derechos humanos depende de la Corte Suprema, que tiene que confirmar la nulidad de las leyes de amnistía de Argentina.

El juez Bonadío es uno de los dos jueces argentinos que han dictaminado que las leyes de amnistía de Argentina (las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida promulgadas en 1986 y 1987) son inconstitucionales y violan las normas internacionales. En noviembre de 2001, la Corte Federal de Apelaciones de Buenos Aires confirmó la invalidez de las amnistías, pero la Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre este asunto.

"El fallo de Bonadío aporta un ímpetu renovado a las iniciativas judiciales para anular las leyes de amnistía que violan las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos humanos y obstaculizan los procesamientos por violaciones a los derechos humanos", dijo Vivanco.

Se estima que unas 15.000 personas desaparecieron durante el régimen militar argentino de 1976 a 1982. Galtieri, que presidió la junta militar de Argentina de 1981 a 1982, era el comandante del Primer Cuerpo del Ejército cuando se produjo la desaparición de los Montoneros.

Galtieri, que había sido condenado por "negligencia" tras la derrota de Argentina en la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1989. También fue acusado y resultó absuelto de otros crímenes de derechos humanos en juicios celebrados durante el gobierno de Raúl Alfonsín.