(Washington, D.C.) — En un memorando de diecisiete páginas al Congreso, Human Rights Watch ha instado hoy al gobierno peruano a que convierta su legislación sobre violencia doméstica en un verdadero instrumento para la protección de la mujer.

El memorando abierto ha sido publicado una semana antes de las elecciones generales del Perú, mientras la Comisión sobre la Mujer y Desarrollo Humano prepara modificaciones de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. La organización de derechos humanos con sede en Nueva York ha pedido reformas específicas para mejorar la legislación sobre violencia familiar y fortalecer su aplicación.

"Perú ha sido un líder regional en la lucha contra la violencia doméstica," dijo Regan Ralph, directora ejecutiva de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. "Pero el Congreso ha de rectificar ahora las graves omisiones de la ley."

La violencia doméstica es un problema grave y antiguo en el Perú, con un impacto especial en las mujeres. Cada año, miles de mujeres son golpeadas, violadas o abusadas psicológicamente por sus compañeros íntimos. El Perú adoptó la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar en 1993. La intención de la ley, una de las primeras legislaciones de este tipo adoptadas en Latinoamérica, era garantizar que las víctimas de la violencia doméstica cuentan con un acceso inmediato y eficaz a la protección y la justicia, pero su efecto ha sido decepcionante.

Aunque fue fortalecida en 1997, la ley sigue conteniendo graves deficiencias. No protege a las mujeres frente a la violación marital o el acecho, ni se aplica a las mujeres que han sido hostigadas o golpeadas por sus compañeros íntimos si no conviven con ellos. En los casos de violencia familiar, la ley impone la conciliación, en lugar de ofrecerla como una opción. Esto implica que las mujeres se ven obligadas a acudir al menos a una sesión de conciliación con sus agresores antes de poder llevar sus casos a juicio.

Además, el sistema judicial parece repleto de parcialidad. La Policía y los médicos legistas tratan en ocasiones a las mujeres de manera hostil y degradante, los fiscales estatales no solicitan las medidas de protección disponibles y los jueces minimizan el daño causado por la violencia doméstica.

Human Rights Watch insta a la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano a que refuerce la definición de la violencia familiar, elimine las sesiones de conciliación obligatorias entre las mujeres y sus agresores, y pida una supervisión y capacitación más rigurosas de la Policía, los médicos legistas, los fiscales estatales y los jueces.

"Las buenas leyes son importantes, pero no suficientes," dijo Ralph. "Estas leyes tienen que ponerse en práctica — y esa es la verdadera prueba del compromiso del Perú con los derechos humanos de la mujer."