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Aclamada la Decision de Rechazar la Inmunidad de Pinochet

(Londres) - Human Rights Watch expresó hoy su satisfacción por que la Cámara de los Lores no aceptara la petición de inmunidad total de Augusto Pinochet y que su extradición siga adelante. Sin embargo, criticó la decisión de los Lores de que Pinochet no puede ser procesado por crímenes cometidos antes de que el Reino Unido ratificara la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1988.

"Este fallo despeja todas las dudas," dijo Reed Brody, Director de Planificación y Estrategia de Human Rights Watch, institución que fue autorizada para intervenir y presentar documentación sobre el caso. "Ni siquiera un presidente autoproclamado como el General Pinochet puede alegar inmunidad por la tortura o los crímenes de lesa humanidad."

No obstante, Brody, que asistió a todas las audiencias de los jueces lores sobre el asunto, cuestionó la desición de impedir la detención y extradición de Pinochet por crímenes cometidos antes de 1988. "Desde un punto de vista jurídico, la decisión de los lores sobre retroactividad no tiene mayor sentido," dijo Brody. "La tortura estaba estrictamente prohibida en el derecho internacional, el derecho chileno, el derecho británico y el derecho español mucho antes de que Pinochet ocupara el poder, incluso antes de la adopción de la Convención contra la Tortura. Pinochet sabía ciertamente que la tortura era un delito."

La organización lamentó que los procedimientos del caso tengan ahora un alcance más limitado en el Reino Unido. Los crímenes más graves de Pinochet fueron cometidos durante el período de Estado de Sitio que va de 1973 a 1978 pero, según la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional de Chile, la tortura fue "sistemática pero más selectiva" desde 1978 hasta que Pinochet dejó el poder en 1990. Uno de los casos presentados por los fiscales de la Corona que no queda descartado por la decisión de los lores es el del estudiante de 17 años Marcos Quezada Yáñez, quien, según la Comisión de Verdad, murió como resultado de la tortura con electrochoque, el 24 de junio de 1989. La petición de extradición de España contiene al menos 28 casos de tortura y ejecuciónes extrajudiciales que ocurrieron después de septiembre de 1988.

Además, Human Rights Watch sugirió que aunque el procedimiento de extradición siguiera adelante con una base legal más limitada, España sigue teniendo la posibilidad de juzgar a Pinochet por toda una serie de crímenes de los que está acusado. El Convenio Europeo sobre Extradición, ratificado tanto por el Reino Unido como por España, dispone que un Estado sólo puede juzgar a un acusado por los delitos por los que ha sido extraditado, pero estipula claramente que el Estado que extradita al acusado puede consentir una ampliación de los cargos. Human Rights Watch solicitó a las autoridades españoles que requirieran, y a las autoridades británicas que consintieran una ampliación de los cargos en España, algo que no prohíbe el fallo de los lores.

En vista de la decisión de los lores, Human Rights Watch reclamó a Estados Unidos que solicite ahora la extradición del ex dictador por el atentado con coche bomba de 1976 por parte de la policía secreta chilena que acabó con las vidas del ex ministro de relaciones exteriores chileno Orlando Letelier y de su colega estadounidense Ronni Moffitt, en Washington, D.C. "Este claro acto de terrorismo --un caso claro de asesinato-- en territorio de Estados Unidos no enfrentaría los obstáculos legales asociados con la aplicación retroactiva de la Convención contra la Tortura."

Además, Human Rights Watch reclamó a Estados Unidos que entregue los documentos sobre la participación de Pinochet en los abusos solicitados por el magistrado español Baltasar Garzón. En una reciente directiva, la administración Clinton pide a las agencias del Gobierno estadounidense que entreguen los documentos antes de mediados de mayo, pero parece que el Pentágono y la CIA se resisten. "Han pasado tres meses desde que el Gobierno de Estados Unidos anunció que iba a revisar sus archivos, pero aún no ha entregado ningún documento," dijo Brody. "El Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA deben cooperar con esta investigación revelando todos los documentos relacionados con los crímenes de Pinochet y lo que Estados Unidos sabía sobre esos crímenes."

Brody dijo que, desde la detención de Pinochet en octubre, Human Rights Watch y grupos de víctimas han estado explorando vías para llevar ante la justicia a otros destacados violadores de los derechos humanos. "Este rechazo definitivo de la inmunidad inspirará a grupos de víctimas en todo el mundo," dijo Brody. "Hay muchos antiguos tiranos sueltos que deben tener cuidado."

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