Dos organizaciones de derechos humanos acusaron hoy a la policía argentina de ser excesivamente violenta y corrupta, y denunciaron que las prácticas abusivas de la policía agravan el problema de la inseguridad ciudadana en este país.
En un informe muy crítico publicado hoy, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina, y Human Rights Watch (HRW), la organización de derechos humanos más importante de los Estados Unidos, denuncian que las policías argentinas provocan inseguridad en la población debido a los numerosos casos de violencia cometidos por los agentes de las fuerzas de seguridad, a la participación de algunos altos funcionarios policiales en escándalos de corrupción, a la existencia de leyes y prácticas violatorias de los derechos fundamentales y, a las deficiencias estructurales de estas instituciones en el reclutamiento, la formación y el control de sus miembros.
A la luz de la grave situación descrita en este informe de 250 páginas, esta organizaciones expresaron su alarma por las declaraciones del Presidente argentino, Carlos Saúl Menem, cuando el 13 de septiembre pasado sostuvo que la solución para controlar la delincuencia es la "mano dura" y agregó que "podrán poner el grito en el cielo algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero yo creo que aquí tiene más protección un delincuente que un policía o que la gente".
"Considerando el brutal accionar de las fuerzas de seguridad a la largo de su historia, resulta sin duda preocupante la respuesta presidencial a favor de una policía más agresiva", dijo Martín Abregú, director ejecutivo del CELS. "Sus afirmaciones son contraproducentes en un momento en el que es crucial para las fuerzas policiales la investigación y el castigo de los agentes responsables por violaciones a los derechos humanos. Actualmente, demasiados agentes policiales, en vez de perseguir y detener a los delincuentes, se han convertido ellos mismos en criminales, contribuyendo de este modo al clima de inseguridad reinante en muchas ciudades".
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la oficina para América de Human Rights Watch destacó que tanto la Policía Federal como las policías provinciales deben iniciar profundos procesos de reforma para asegurar el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos. "Para disminuir los casos de brutalidad policial en la Argentina, las fuerzas policiales deben ser profesionalizadas y estar sometidas a un control externo e independiente", sostuvo Vivanco. "Son necesarias reformas en todos los niveles—federal y provincial—tanto para alcanzar los estándares internacionales como para lograr unas fuerzas policiales más eficientes" agregó.
El informe conjunto preparado por CELS y Human Rights Watch, "La inseguridad policial: violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina", es el resultado de más de dos años de investigación a lo largo de todo el país. Algunos de los casos documentados en el informe incluyen:
- Desapariciones bajo custodia policial;
- Asesinatos cometidos por la policía en supuestos "enfrentamientos", en los que las investigaciones muchas veces demuestran que la policía disparó a las víctimas desarmadas y fabricó las pruebas de un tiroteo;
- Muertes bajo custodia policial, frecuentemente después de la tortura para obtener confesiones, y más tarde presentados como suicidios;
- Casos de "gatillo fácil" en los que la policía dispara a matar en vez de intentar detener a los sospechosos (en muchos casos por delitos menores);
- Uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones;
- El asesinato de terceros ajenos al hecho durante enfrentamientos armados entre la policía y supuestos delincuentes;
- Amedrentamientos, amenazas y ataques a testigos de los crímenes policiales.
Este informe describe serias deficiencias estructurales en la organización de las policías, debido especialmente a que existe una legislación que permite o directamente avala la violencia policial. Por ejemplo, las facultades para detener personas por faltas contravencionales o para la averiguación de identidad, son dos herramientas peligrosas para la vigencia de los derechos individuales. El encubrimiento de los crímenes de las fuerzas de seguridad es otro de los graves obstáculos para la investigación y el castigo de los casos documentados en el informe. Las versiones oficiales de los hechos tergiversan las pruebas, al mismo tiempo que los funcionarios judiciales a menudo no investigan seriamente los delitos cometidos por agentes de seguridad.
La generalizada impunidad de la que actualmente gozan los miembros violentos y corruptos de las fuerzas policiales, hace necesario exigir que toda reforma que aspire a revertir la situación deba asegurar tanto la investigación y el castigo de los crímenes pasados, como un nuevo marco legal para sancionar adecuadamente las violaciones graves a los derechos humanos. El desafío que este informe presenta, entonces, es el de construir fuerzas policiales profesionales, eficaces, sujetas a mecanismos de control transparentes e idóneos, y respetuosas de los derechos humanos. Con ese objetivo esta investigación propone trece líneas de trabajo concretas, entre las que se incluye la investigación penal y administrativa de los oficiales involucrados en violaciones a los derechos humanos, la protección de los testigos contra los agentes policiales, la eliminación de la obligación de portar armas de fuego cuando los policías están franco de servicio y, la creación de sistemas de control internos y externos idóneos
