Procesos alternativos de negociación de un tratado sobre robots asesinos
El informe de 40 páginas, “Programa para la acción: Procesos alternativos de negociación de un tratado sobre robots asesinos” se publica como una colaboración entre Human Rights Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard. Propone que los países inicien un proceso para la formulación de un tratado sobre la base de modelos de desarme humanitario anteriores, como por ejemplo, para el tratado que prohíbe las municiones en racimo.
El costo humano de las armas incendiarias y los límites del derecho internacional
El informe de 45 páginas, “‘Queman todo a su alrededor’: El Costo humano de las armas incendiarias y los límites del derecho internacional”, precisa las lesiones inmediatas y el daño físico, psicológico y socioeconómico permanente que provocan las armas incendiarias, incluidas aquellas que contienen fósforo blanco, que han usado las partes de conflictos recientes. Los países deben volver a estudiar y reforzar las disposiciones del tratado internacional de regulación de estas armas, que producen quemaduras a las personas e incendian estructuras y bienes de carácter civil, concluyó Human Rights Watch.
Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure
El informe documenta crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales. Estos abusos quedan casi siempre en la impunidad.
Un imperativo moral y legal prohibir los robots asesinos
This report finds that fully autonomous weapons would violate what is known as the Martens Clause. This long-standing provision of international humanitarian law requires emerging technologies to be judged by the “principles of humanity” and the “dictates of public conscience” when they are not already covered by other treaty provisions.
