(Bogotá) – El atentado del 7 de junio de 2025 contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay es un golpe a la democracia, señaló hoy Human Rights Watch.
Un joven de 15 años disparó e hirió gravemente a Uribe Turbay durante un acto de campaña en Bogotá, la capital del país. Uribe Turbay, senador del partido de derecha Centro Democrático, se dirigía a sus simpatizantes en vísperas del proceso interno del partido para elegir a su candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026. Uribe Turbay permanece en estado crítico.
“El ataque contra Miguel Uribe Turbay es un grave recordatorio de los capítulos más oscuros de la violencia política en Colombia”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deben esclarecer este atroz crimen, evitar el discurso político violento y garantizar la seguridad de todos los candidatos”.
En mayo de 2026 se celebrarán en Colombia las elecciones presidenciales para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno fue elegido con un movimiento de izquierda. Las elecciones llegan en un momento en el que el país se enfrenta a una mayor presencia de grupos armados ilegales en muchas zonas del país.
La violencia ha aumentado en los últimos años. Desde 2016, los homicidios han aumentado un 20,9 % y los secuestros un 34,8 %. Los desplazamientos forzados masivos se han cuadruplicado, y los confinamientos (restricciones a la movilidad de las comunidades debido a enfrentamientos armados en sus territorios) se han multiplicado por más de diez. Colombia es, además, el país con el mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el mundo, según Frontline Defenders.
Colombia tiene una larga historia de asesinatos políticos, estrechamente vinculados a oleadas de violencia. Antes de las elecciones de 1990, en menos de ocho meses, tres candidatos presidenciales – Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez – fueron asesinados por cárteles de la droga y grupos paramilitares. La madre de Uribe Turbay, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada en 1990 por el narcotraficante Pablo Escobar y asesinada en 1991 durante una fallida operación de rescate.
En las últimas elecciones locales de 2023, la Misión de Observación Electoral documentó 176 acciones violentas contra personas candidatas en dichas elecciones, incluyendo 6 asesinatos.
El joven acusado de dispararle a Uribe Turbay fue capturado a pocas cuadras del ataque gracias a la rápida respuesta del guardaespaldas de Uribe Turbay. La Fiscalía y la Policía informaron en una rueda de prensa, que el arma de fuego tipo Glock utilizada en el atentado fue comprada en Estados Unidos. Las autoridades colombianas están tratando de rastrear cómo el arma entró al país.
La Fiscalía General de la Nación anunció que sus investigadores y la policía están reuniendo pruebas y otros elementos que ayudarán a construir el caso e identificar y judicializar tanto a los autores materiales como a cualquier persona que pudiera haber ordenado el ataque.
Las autoridades colombianas deben investigar, procesar y sancionar urgentemente a todos los implicados en el ataque contra Uribe Turbay, señaló Human Rights Watch. Para hacerlo, deben garantizar la protección del sospechoso y de su familia. El Gobierno y los líderes de los partidos políticos de la oposición deben abstenerse de compartir hipótesis sobre el ataque que puedan comprometer la independencia e imparcialidad de la investigación.
El ministro del Interior convocó a diferentes instituciones del Estado y a los partidos y movimientos políticos a una comisión nacional para garantizar la seguridad y la protección de los candidatos. El abogado de Uribe Turbay dijo a los medios de comunicación que solicitaron en repetidas ocasiones a la Unidad Nacional de Protección, entidad estatal encargada de los esquemas de seguridad, que reforzara el esquema de seguridad del candidato, pero que esas solicitudes fueron denegadas. Líderes políticos y otros posibles candidatos han pedido al gobierno que garantice la protección de todos los candidatos a medida que avanza la campaña electoral.
Las autoridades deben adoptar medidas eficaces para garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales antes de las elecciones de 2026, señaló Human Rights Watch. Esto incluye reevaluar los niveles de riesgo y los planes de protección de cada candidato, reforzar las capacidades de inteligencia de las fuerzas de seguridad, mejorar la coordinación entre las instituciones y garantizar la existencia de mecanismos de respuesta rápida.
La construcción de un proceso electoral seguro y democrático también requiere un compromiso firme para reducir la retórica violenta y rechazar los discursos de odio que profundizan la polarización. Esta responsabilidad recae en los más altos niveles del gobierno colombiano, empezando por el propio presidente Gustavo Petro, y en todos los partidos políticos y candidatos presidenciales.
“Garantizar que todos los candidatos puedan hacer campaña sin miedo ni violencia es esencial para proteger la democracia colombiana”, afirmó Goebertus. “Los líderes políticos deben defender la participación política pacífica y abstenerse de recurrir a discursos de odio que puedan incitar a la violencia política y poner vidas en riesgo”.
