Al fin tenemos noticias positivas: El ex presidente filipino Rodrigo Duterte ha sido enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
En cumplimiento de una orden de detención de la CPI, las autoridades filipinas detuvieron ayer a Duterte en Manila y lo embarcaron en un avión con destino a los Países Bajos.
Es un paso histórico hacia la justicia.
La CPI solicitó la detención de Duterte por crímenes contra la humanidad en relación con presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2011 y 2019. Esto abarca tanto sus años como alcalde de la ciudad de Davao como la brutal «guerra contra las drogas» que se libró en todo el país tras su llegada a la presidencia en 2016.
Los asesinatos seguían generalmente un patrón. Agentes de la policía nacional o sus agentes allanaban domicilios por la noche sin orden judicial. Detenían a sospechosos y luego los ejecutaban. Con frecuencia plantaban pruebas para justificar sus asesinatos.
La escala de estos asesinatos fue asombrosa. Más de 6.000 filipinos murieron en la llamada "guerra contra las drogas", según las estadísticas oficiales de la policía. Grupos de derechos humanos de Filipinas afirman que la cifra supera los 30.000.
La mayoría de las víctimas eran personas empobrecidas de zonas urbanas. Entre los asesinados había muchos niños y niñas. Otros quedaron huérfanos en redadas antidroga.
Quienes buscan justicia por estos crímenes habían tenido poca suerte hasta ahora. Sólo se ha investigado o enjuiciado un número muy reducido de los miles de casos. Sólo cuatro casos, todos ellos de policías de bajo rango, han concluido con condenas por ejecuciones extrajudiciales.
El arresto de ayer del ex presidente Duterte y su traslado a La Haya suponen "una victoria largamente esperada" que podría acercar un poco más a las víctimas y sus familias a la justicia.
También es un momento alentador para la justicia internacional en general. Últimamente, la propia CPI ha sido atacada por algunos gobiernos, más recientemente por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sancionar al fiscal del tribunal.
La detención de Duterte y su traslado a La Haya recuerdan al mundo la relevancia del tribunal y su importancia para garantizar la rendición de cuentas por delitos graves.
Por supuesto, en Filipinas aún queda mucho por hacer. Recientemente se han producido ejecuciones extrajudiciales y ataques contra activistas y grupos de la sociedad civil. El actual presidente Ferdinand Marcos Jr. debe abordar las continuas violaciones de los derechos humanos en el país. La policía filipina necesita una reforma integral.
Sin embargo, hoy saboreemos este momento y disfrutemos viendo cómo la justicia da un paso adelante.
Momentos así no se dan con mucha frecuencia.
