Como resultado de los esfuerzos impulsados por feministas, sindicalistas y activistas de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, que llegó a ser una práctica normalizada, ahora se reconoce ampliamente como una violación de derechos humanos, incluso en el mundo del trabajo.
Activistas y sindicalistas han interpelado a sus gobiernos para que generen cambios, y esto incluye desde las y los trabajadores del hogar que exigen estar amparados por la ley en Indonesia hasta las mujeres atletas que luchan contra el abuso sexual en el ámbito de los deportes. Este esfuerzo colectivo tuvo como resultado la adopción del Convenio sobre la violencia y el acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un tratado paradigmático en el cual se establecen estándares integrales para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo y responder a estos hechos. Al 14 de noviembre, el convenio había sido ratificado por 36 países.
Durante la edición de este año de los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, una campaña global que se lleva a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Human Rights Watch destacará historias de activistas que ejercen presión sobre sus gobiernos para que pongan fin a la violencia y el acoso, entre otras cosas, ratificando el C190.
Dur e Shawar, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de Pakistán, es uno de los activistas al frente de una campaña para que Pakistán ratifique el C190. Dur e aboga por que el país adopte los estándares del Convenio como una herramienta poderosa para eliminar la violencia de género contra las trabajadoras, incluidas aquellas en la economía informal.
Human Rights Watch documenta desde hace tiempo el impacto de la violencia y el acoso en el trabajo, incluso en el sector informal, donde los trabajadores se enfrentan a un mayor riesgo de acoso. Según la OIT, hay casi dos mil millones de trabajadores y trabajadoras en condiciones de empleo informal, lo que implica 6 de cada 10 trabajadores en todo el mundo. En los países de bajos ingresos, las personas con trabajos informales representan el 89 % del empleo total, y en este segmento las trabajadoras se encuentran sobrerrepresentadas en las ocupaciones menos seguras y peor remuneradas.
A pesar de estas condiciones, muchos países no cuentan con leyes ni políticas adecuadas de prevención y respuesta ante la violencia y el acoso contra estos trabajadores. El C190 exige a los gobiernos proteger a los grupos que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad, como los trabajadores y las trabajadoras informales.
Los gobiernos deberían ratificar el tratado e incorporar sus estándares en las leyes y prácticas de sus países, a fin de contribuir a un mundo laboral más seguro y más justo para todas las personas.
“Esto no es solo una cuestión de apreciación”, explicó Dur e. “Es un aspecto fundamental para generar un ambiente de trabajo seguro y equitativo que beneficie a todas las personas involucradas”.
Los gobiernos deben escuchar las voces de las y los activistas que combaten la violencia en el mundo del trabajo, ratificar el C190 (#RatifyC190) e implementar reformas eficaces.
