Israel inició el sábado importantes operaciones terrestres en la Franja de Gaza, con gran preocupación por la posibilidad de que se cometan nuevas atrocidades.
La ofensiva terrestre se produce tras semanas de bombardeos israelíes que han reducido a escombros amplias zonas de Gaza. Fuentes fidedignas informan de la muerte de miles de civiles, entre ellos miles de niños.
Mientras las tropas terrestres israelíes invaden el norte de la Franja de Gaza, los grupos armados palestinos siguen lanzando indiscriminadamente cohetes contra las comunidades israelíes.
La magnitud de la violencia actual no tiene precedentes, y si recordamos anteriores recrudecimientos de los combates entre Israel y los grupos armados palestinos en Gaza, no podemos confiar en que vayamos a ver la moderación necesaria para evitar nuevos crímenes atroces masivos.
Durante la última gran operación terrestre israelí en Gaza en julio y agosto de 2014, por ejemplo, las fuerzas israelíes cometieron numerosos crímenes de guerra, incluidos disparos mortales contra civiles.
Los grupos armados palestinos también lanzaron deliberadamente numerosos ataques con cohetes contra comunidades israelíes en 2014, que constituyen crímenes de guerra. También desplegaron y mantuvieron municiones en zonas que ponían innecesariamente en peligro a los civiles.
Hay un hedor a historia que se repite hoy. Hay informes no verificados de que Hamás utiliza hospitales con fines militares. Esos informes son alarmantes, al igual que los indicios de que Israel podría atacarlos.
El derecho internacional humanitario es claro al respecto. Los combatientes no deben explotar los hospitales. E incluso si lo hacen, los hospitales gozan de un umbral más alto de protección contra los ataques: no deben ser atacados a menos que se utilicen para "cometer actos perjudiciales para el enemigo", y tras la debida advertencia.
Las advertencias deben ser claras y no pueden emitirse con el propósito de perturbar el funcionamiento del hospital o forzar una evacuación. Ordenar la evacuación de pacientes, personal médico y otras personas sólo debe utilizarse como último recurso.
Aquellos que no puedan salir conservan la protección de las leyes de guerra contra ataques indiscriminados o desproporcionados. Los médicos, las enfermeras y las ambulancias deben poder hacer su trabajo y estar protegidos en cualquier circunstancia.
En mis informes diarios sobre Gaza de las últimas semanas, vuelvo una y otra vez al derecho internacional humanitario, y a cómo todas las partes están obligadas por "las leyes de la guerra".
Como mi experto colega Clive Baldwin explica claramente en un nuevo artículo, estas leyes han existido de alguna forma durante miles de años, pero la versión moderna se establece en los Convenios de Ginebra de 1949, junto con otros tratados y el derecho internacional consuetudinario. La norma fundamental es la siguiente: todas las partes deben distinguir, en todo momento, entre combatientes y civiles.
Atacar deliberadamente a civiles, tomar rehenes entre la población civil y aplicar castigos colectivos -como impedir deliberadamente el suministro de ayuda y servicios vitales a la población- son crímenes de guerra.
Eso está muy bien, dirá usted, pero en Israel y Palestina nunca se procesa a nadie por estas cosas. Muy cierto. Los sucesos de 2014 que he mencionado son un triste ejemplo: los autores de crímenes de guerra simplemente se salieron con la suya.
¿Será esta vez diferente? La magnitud sin precedentes de las matanzas de hoy, ¿moverá por fin a los gobiernos a respaldar los esfuerzos de la justicia?
En general, no hay muchas esperanzas para esta parte del mundo en estos momentos, pero permítanme intentar ofrecer una pequeña pizca de ellas.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, estuvo este fin de semana en la frontera entre Egipto y Gaza y declaró, entre otras cosas:
"No debería haber ningún impedimento para que los suministros de ayuda humanitaria lleguen a niños, mujeres y hombres, civiles. Son inocentes. Tienen derechos en virtud del derecho internacional humanitario... [que] dan lugar a responsabilidad penal cuando se restringen esos derechos...".
En el contexto inmediato de la desesperada situación humanitaria de Gaza, era una declaración muy necesaria. Todas las partes en conflicto tienen la obligación de facilitar la ayuda y la circulación segura de los civiles en todo momento. Los civiles no deberían tener que esperar a que se negocie un alto el fuego. Tienen protección jurídica internacional con o sin él.
En 2021, el fiscal de la CPI abrió una investigación formal sobre crímenes graves cometidos por todas las partes en Palestina, que es miembro de la CPI. La presencia de Karim Khan en el paso fronterizo de Rafa a Gaza debería dejar clara la urgencia de esta investigación.
Los gobiernos de todo el mundo deben comprometerse a garantizar que el tribunal dispone de lo necesario para hacer su trabajo.
Agua, alimentos, combustible, electricidad, seguridad: éstas son las necesidades más inmediatas de los civiles de Gaza, casi la mitad de los cuales son niños. Pero también merecen algo más: justicia.
